Las trabajadoras critican que el Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, no les da respuestas, y advierten de que la precariedad también repercute en la atención que reciben los niños de 0 a 3 años. Las externalizadas cobran unos 1.150 euros mensuales, un sueldo insuficiente para vivir en Mallorca
Plazas agotadas y niños a las guarderías privadas: los efectos colaterales de la gratuidad de 0 a 3 años en Balears
Casi un mes. Es el tiempo que llevan en huelga indefinida las trabajadoras externalizadas de las ‘escoletes’ (guarderías) de Palma para denunciar sus precarias condiciones laborales. Pese a realizar el mismo trabajo que las que pertenecen a los centros de gestión directa del Ayuntamiento, sus sueldos no superan los 1.200 euros al mes y muchas de ellas se ven obligadas a pluriemplearse “ya no para vivir, sino para sobrevivir”. “Hay compañeras que salen de la escoleta y se van a limpiar casas, a hacer de canguros o a trabajar como camareras, con todo el desgaste físico y emocional que conlleva. Y al día siguiente la jornada sigue y tienes que responsabilizarte de un aula con 18 niños”, lamenta Mercè Leo, una de las educadoras afectadas.
El conflicto afecta a un sector esencial: la educación de 0 a 3 años. Las trabajadoras advierten de que esta precariedad no solo las perjudica a ellas, sino que también repercute directamente en la atención que reciben los niños en una etapa clave para su desarrollo emocional y cognitivo: “Nosotras somos su referente. Somos el punto de seguridad para que un niño de esa edad pueda ejercer o desarrollar un aprendizaje. Hay aspectos que tienen que estar cubiertos, como prestar atención en lo que está haciendo en ese momento y que, además, florezca el aprendizaje. Pero también hay que garantizar que tengan el pañal limpio, que estén sustentados de alimento y de agua. Cuando la seguridad, el alimento y la higiene están cubiertos, es cuando el niño puede desarrollar un aprendizaje. Es hacer todo lo necesario para que los niños sean más independientes”.
Todas ellas se dan cita con elDiario.es para exponer la problemática con la que conviven cada día. Mercè, quien trabaja desde hace 15 años en la escoleta de Can Alonso, recrimina la “gran discriminación” que sufren: “Se nos exige exactamente lo mismo que a las trabajadoras que están directamente gestionadas por el Ayuntamiento, las mismas titulaciones, las mismas competencias, las mismas responsabilidades, la misma formación continua, la misma línea pedagógica y el desarrollo del mismo proyecto educativo. Todo es idéntico, excepto los sueldos y las condiciones laborales”. Una situación impacta no solo en sus condiciones de vida, sino también en la estabilidad del sistema educativo infantil.
Concentración de las trabajadoras de las ‘escoletes’ externalizadas en la plaza del Ayuntamiento de Palma, el pasado mes de marzo
Atrapadas entre bajos salarios y un imparable coste de vida
Palma cuenta con once ‘escoletes’ municipales: tres de ellas dependen directamente del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles y disponen de un convenio específico así como de personal laboral propio. Las ocho restantes, que cuentan con unas 130 educadoras, se encuentran externalizadas a través de la empresa Estudi 6. El hecho de que estas escuelas infantiles hayan sido adjudicadas en los últimos años a empresas privadas ha generado un modelo mixto en el que conviven trabajadoras públicas y externalizadas, una dualidad que, recriminan, perpetúa una situación de desigualdad en un sector, además, altamente feminizado.
La diferencia de salarios es más que notable: mientras una educadora del servicio externalizado percibe aproximadamente 1.150 euros mensuales, en un centro de gestión directa su salario asciende a 1.800 euros. Las afectadas se encuentran atrapadas entre sueldos estancados y un coste de vida que no deja de escalar en Balears, sobre todo en relación con los productos más básicos así como a la hora de acceder a una vivienda.
Mientras una educadora del servicio externalizado percibe aproximadamente 1.150 euros mensuales, en un centro de gestión directa su salario asciende a 1.800 euros
Como señalan, en declaraciones a elDiario.es, la responsable de 0-3 de CCOO, Pepa Ramis, y el delegado de Enseñanza Privada y Concertada de UGT, Jaume Coll, en el proceso de creación de nuevos centros de Educación infantil el Ayuntamiento de Palma cedió su gestión a empresas del sector a través de concurso, una fórmula que, denuncian, permite abaratar los gastos de los servicios municipales “a expensas de la fragilidad económica de sus trabajadoras”. Las trabajadoras reclaman, en este sentido, equiparar progresivamente sus salarios al de sus compañeras de las ‘escoletes’ de gestión directa desde el 1 de enero de este año hasta el día 1 de enero de 2026, con un primer aumento de 310 euros que, aseguran, el Consistorio aseguró estudiar. elDiario.es ha intentado se ha puesto en contacto con la administración municipal, pero no ha respondido a su consulta.
Pepa Ramis, responsable de 0-3 de CCOO, y Jaume Coll, delegado de Enseñanza Privada y Concertada de UGT, representantes sindicales de las trabajadoras externalizadas de las ‘escoletes’
La huelga de las trabajadoras arrancó el pasado 28 de abril tras una infructuosa reunión en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Balears (TAMIB) entre los representantes de las trabajadoras y la empresa, que, según los sindicatos, ofreció una primera subida de 47 euros brutos mensuales sobre el SMI. Más adelante, subieron la propuesta a 110 euros, siempre que en septiembre de 2026 la misma empresa volviese a ganar la licitación. Según señaló el Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, Estudi 6 llegó a hacer una oferta para aumentar los salarios en un 20% a partir del mes de mayo y que las trabajadoras la rechazaron. Los sindicatos niegan la existencia de esa propuesta y acusan al Consistorio de difundir una información que “no se corresponde con la realidad”. Tampoco la mercantil ha respondido a la petición efectuada por este medio para obtener su versión de los hechos.
22 años sin subida salarial
Mientras tanto, las trabajadoras continúan esperando respuestas. Uno de los casos más paradigmáticos es el de Amparo Ruiz, que trabaja en la escoleta de s’Arenal y que empezó hace 22 años en la primera guardería que externalizó, la de Santa Creu. “Siempre hemos vivido con esta diferencia salarial, pero el nivel de vida ha subido cada vez más y nosotros nos hemos quedado aparte con el convenio estatal, que ha estado muchos años congelado. Solo hemos tenido subidas mínimas”, lamenta Amparo, quien asevera que “llega un momento en que esto no se puede sostener”. Después de 22 años, cobra poco más de 1.100 euros al mes.
Amparo Ruiz empezó hace 22 años en la primera escoleta que externalizó. «Desde entonces solo hemos tenido subidas mínimas», relata
Mercè relata que, en su caso, vive con su madre, de 80 años, y tiene un hijo con discapacidad. Pese a tener un pequeño piso que compró hace siete años, necesita tenerlo alquilado para que se “autopague”, porque de otra forma no podría costearlo dadas las condiciones laborales en las que subsiste: “No me puedo ir a vivir allí, no puedo pagar hipoteca y pagar todas las facturas. Siento como las personas que están viviendo allí estuvieran viviendo mi vida. No puedo tener la independencia que querría tener. No existe”.
Amparo lleva 22 años trabajando en una ‘escoleta’. Cobra poco más de 1.100 euros al mes. Mercè, su compañera, vive con su madre de 80 años y un hijo con discapacidad y necesita alquilar su casa para subsistir
Amparo Ruiz empezó hace 22 años en la primera escoleta que externalizó. «Desde entonces solo hemos tenido subidas mínimas», relata
Mercè Leo. Pese a tener un pequeño piso, necesita tenerlo alquilado dado que no podría costearlo con las condiciones laborales en las que subsiste
“Vivir en Mallorca con estos sueldos es inviable”
Por su parte, María del Mar, que también trabaja en la escoleta de Can Alonso, cuenta que, con el sueldo de ocho horas, ni siquiera puede pagar el comedor para sus tres hijos, lo que le permitiría poder trabajar más para hacer frente a los gastos económicos. “No me compensa”, admite, una situación que afecta a muchas más trabajadoras teniendo en cuenta el contexto de encarecimiento generalizado que atraviesan las islas. Otra de las afectadas, que trabaja en la escoleta de Santa Creu, tiene 39 años y, como asegura, le es “inviable” acceder a un alquiler asequible en una comunidad autónoma en la que el precio medio del alquiler supera con creces los 1.200 euros, lo que obliga a muchas a compartir piso, volver a casa de sus padres e incluso a replantearse su profesión.
En su caso, señala que hace años vivía sola, pero las condiciones económicas en las que se encuentra la han abocado a dejar el piso que alquilaba. “No podía hacer frente a ello y he vuelto otra vez a casa de mi madre para echarle una mano”, afirma. “Vivir en Mallorca con estos sueldos es inviable. Hoy en día se va más de la mitad de la nómina en el alquiler o en la hipoteca. Es imposible. Y sobre todo viendo que estás haciendo el mismo trabajo que las compañeras pero cobrando mucho menos”, comenta, por su parte, Cristina Martí, del centro infantil de Son Ferriol.
María del Mar, trabajadora en la escoleta palmesana de Can Alonso
“Al final, todas las trabajadoras tenemos una situación muy vulnerable. Madres monoparentales que tiran hacia adelante sus familias, madres de hijos con discapacidad, personas que a nivel sentimental no se pueden separar porque la inyección del dinero tiene que ser compartida para poder subsistir, personas de 40 años que han tenido que volver al seno familiar, facturas que no se pueden pagar”, abunda Mercè, que comenta que debe mil euros al mecánico por arreglar su coche de más de veinte años. “Suerte que me deja pagarlo poco a poco”, dice.
Rotaciones y bajas
Respecto a la huelga, las afectadas explican que están llevando a cabo “mucha acción sindical”. “Es mucho tiempo de estar en la calle, con concentraciones y demás. Es agotador y empieza a haber gente de baja, por lo que al final se reclaman más servicios al resto y cada vez quedamos menos. Es el pez que se muerde la cola”, explican, recordando que solo un 15% está pudiendo ejercer su derecho a la huelga, dado que, al final, también ellas son requeridas para cubrir los servicios mínimos: “Las que están en las escuelas se encuentran en una situación psicológica y emocional de mucha presión. No se pueden desdoblar los grupos, porque las personas que posibilitan que se puedan desdoblar los grupos son las que están fuera protestando. Y la realidad es que, al final, pese a que el 15% tenemos derecho a huelga, solo lo estamos ejerciendo el 8 ó el 10%”.
La delegada sindical de CCOO, Pepa Ramis, recrimina, por su parte, el hecho de que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, no se haya reunido con ellas después cuatro semanas de huelga indefinida. “Es una falta de respeto”, sostiene.
Por su parte, el delegado de Enseñanza Privada y Concertada de UGT, Jaume Coll, señala que han presentado al Consistorio una propuesta de equiparación “con un calendario y unas cantidades”. “No hemos tenido respuesta desde el 28 de abril. Es decir, ha pasado prácticamente un mes y seguimos con las manifestaciones y las concentraciones. Queremos que al menos se sienten con nosotros y nos respondan a la propuesta”, incide el sindicalista, quien lamenta que el Ayuntamiento “en todo momento se ha desmarcado del conflicto alegando que ellos no pueden hacer nada”. Ahora quieren negociar con la empresa y que suba su oferta, dado que los 100 euros que les han ofrecido de mejora, “sobre un salario de 1.200, es muy poco”. “Como mínimo se tiene que llegar a un complemento de un 30 o un 35% y que, progresivamente, se vaya equiparando”, sentencia.
