El tripartito intermitente de Salvador Illa

La legislatura de Salvador Illa comenzó a finales de verano, en la época que los estudiantes empiezan el curso, y ahora, en plena recta final del año, el president aún no sabe si va a dejar alguna para septiembre. Lo que ya puede celebrar es que la arrancada ha ido razonablemente bien, mucho mejor de lo que cabía esperar después de la estrafalaria jornada de investidura de agosto pasado. El PSC, que llegó al Govern solo y falto de aliados, ha acabado modelando una alianza tripartita con ERC y Comuns tan inestable como funcional.

El tripartito sobre el que se sostiene Illa es intermitente. No da, por ejemplo, para aprobar unos presupuestos como tal, pero sí para ir tirando con hasta tres ampliaciones de crédito que, en la práctica, permiten al Govern disponer de los mismos recursos que unos presupuestos normales, pero que generan más titulares para sus socios.

La precaria alianza tampoco da para aprobar más que una sola nueva ley en el primer año de andadura, pero sí para que el Govern no haya tenido que lamentar grandes revuelcos parlamentarios en la convalidación de decretos (algunos de ellos, eso sí, gracias a que fueron retirados a tiempo).

“Es un Govern que prefiere el cabotaje a salir a mar abierto; no comete grandes fallos pero tampoco está siendo capaz de brillar en nada”, reflexionaba hace unas semanas un dirigente de una de las formaciones que da apoyo a Illa y que desearía un Ejecutivo más osado.

Pero el ritmo que imponen los socios no es el más adecuado para la valentía y sí para la negociación minuciosa, donde cada avance en las políticas del Gobierno debe ir siempre precedido de un difícil encaje de intereses cruzados de, al menos, tres formaciones de izquierdas, cada una con sus propios acentos. Y a veces también de la CUP, como ocurrió en la regulación del alquiler de temporada.

En los últimos meses la entente informal de PSC, ERC y Comuns ha estado muy activa negociando hasta tres ampliaciones de crédito. Todas ellas han salido adelante, pero no sin arduas discusiones sobre el destino de cada euro que se daba, con cuentagotas, a la conselleria de Economía que dirige Alicia Romero. La idea de Oriol Junqueras es colocar a ERC en un terreno intermedio entre la oposición responsable y el aliado exigente, lo que en la práctica ha supuesto que los republicanos acaben dando todo el aire que Illa pide, pero después de hacerle sudar la camiseta.

Pero, una vez pasado el largo trago para aprobar el sucedáneo de unos presupuestos, surgen dos preguntas conectadas entre sí. Por un lado, ¿permite este tripartito intermitente que el Govern pueda comenzar a avanzar en los grandes proyectos o solo da para ir tirando? Y, segunda: ¿Seguirá Illa buscando únicamente el apoyo de sus hasta ahora socios o se abrirá también a llegar a acuerdos con otras formaciones, como Junts o incluso PP?

El Govern tiene en esta legislatura cuatro grandes proyectos sobre la mesa, dos propios y dos obligados por sus pactos de investidura. Entre los que tienen el sello personal de Illa destacan una ambiciosa reforma de la administración, que entre otras cosas supondría nada menos que la profesionalización de buena parte de los cargos directivos de la Generalitat, y el proyecto para construir 50.000 pisos públicos.

El tripartito intermitente se enciende con vigor cuando se trata de la cuestión de la vivienda, pero es una incógnita si apoyará una espinosa reforma de la administración en la que tiene, a priori, poco que ganar.

Los otros dos proyectos son heredados y son de tanto calado como la financiación “singular” de Catalunya, que debe comenzar por poner en pie una agencia tributaria catalana capaz de recaudar el año que viene el IRPF de 2025, o la puesta en marcha de la empresa mixta para operar Rodalies desde Barcelona.

ERC asegura que tienen el compromiso del Govern de que ambas cuestiones darán pasos de gigante en los próximos meses. Con toda su complejidad, Rodalies es la más sencilla, ya que “solo” requiere la constitución de una sociedad. La nueva dirección republicana ha permitido rebajar la exigencia inicial, que quedó plasmada como una empresa segregada de Renfe, condición que ya no se cumplirá.

Pero el tema de la autonomía financiera de Catalunya es harina de otro costal: tiene varias fases, una enorme complejidad técnica, requiere del concurso del Estado y obliga, como mínimo, a una reforma general de la financiación autonómica. Por todo ello, ni siquiera los más optimistas en el Govern creen que pueda llegar a desplegarse en una legislatura. Pero en el equipo de Romero se quedan con que están trabajando sin pausa para cumplir con los plazos pactados. La propuesta catalana debería conocerse antes del 30 de junio.

ERC tiene enorme interés en que la cuestión de la financiación vaya saliendo adelante, porque nada probaría mejor su gran influencia en el PSOE que un cumplimiento escrupuloso en esta materia. De hecho, los republicanos se valen más de la llave de las mayorías que tienen en el Congreso que del apoyo que puedan dar a Illa en Catalunya.

Sin embargo, el Govern del PSC también necesita apuntarse triunfos propios, más allá de ir cumpliendo con sus socios. Illa ha prometido grandes cambios, sobre todo en materia económica, donde ha asegurado que se ve capaz de volver a poner a Catalunya a la cabeza productiva de España.

Un discurso que, como la ampliación del aeropuerto de El Prat que Illa sigue teniendo en la lista de quehaceres, gusta al empresariado local, que en las últimas semanas ha mostrado cierto divorcio respecto al PSC por su acercamiento a las posturas de sus aliados ERC y Comuns.

Que se afiance la alianza a tres es, por eso, un interés común de todos los implicados, pero también lo es que sea intermitente. A ERC y Comuns les permite mostrar dureza y obligar de tanto en tanto al Govern a adoptar su agenda. Mientras, a Illa le permite tener los votos de sus socios cuando los necesita para ir tirando pero también, eventualmente, ir en busca de sus propios objetivos.