Víctimas del GAL exigen sus derechos en una investigación: «Ser de ETA no exime que hayan sufrido terrorismo de Estado»

Veronique Caplanne es la hija de Robert Caplanne, asesinado por los GAL en Biarritz el 3 de enero de 1986. Cuando ocurrió el atentado Veronique tenía 14 años y era 24 de diciembre. Tras pasar unos días ingresado en el hospital, finalmente falleció el 3 de enero. “Nadie nos ha ayudado y nadie quería hablar con nosotros. Era un secreto sin ser un secreto. Nosotros no estábamos en esas historias ni de ETA, ni de los GAL, ni de la Policía. No sabíamos nada. Nadie nos ha ayudado y nadie nos ayudó”, reconoce casi 40 años después en una entrevista recogida en la investigación ‘El terrorismo de Estado ante sus víctimas. Concersaciones a propósito de los GAL’, realizada por los politólogos e investigadores Jerónimo Ríos y Egoitz Gago. Se trata de la tercera obra que publican tras ‘La lucha hablada’, un libro en el que miembros de ETA cuentan su experiencia en la banda y la segunda parte, en la que son las víctimas de ETA las que narran su historia.

En esta ocasión han querido centrarse en las víctimas de los GAL para llenar un “vacío académico”. “La renuncia a escribir sobre los GAL se entiende en un país como España, donde el grueso de las víctimas del terrorismo y de acción violenta desplegada fue a cargo de ETA. ETA ha focalizado buena parte de la atención académica durante décadas. También hay otras miradas, sobre todo de otros terrorismos, como el terrorismo de extrema derecha o terrorismos asociados al yihadismo fundamentalista, pero hay vacíos incomprensibles en torno a los GAL y eso también ocurre por la dificultad de encontrar documentación”, reconoce a este periódico Jerónimo Ríos.

Las víctimas entrevistadas denuncian la falta de apoyo institucional tanto vasco, como a nivel de España y Francia (donde ocurrieron la mayoría de los atentados). Maider García Martín, hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL en Hendaya el 24 de julio de 1987, relata las insuficientes aproximaciones que han llegado a tener por parte de sectores políticos. “A mi madre, una persona muy importante del PSOE le llegó a reconocer que seguíamos siendo la gran losa del partido y que les pesábamos mucho. Ellos saben que tienen ahí una responsabilidad enorme y que no han dado el paso que se espera de ellos. Aquí, en Euskadi, todo el mundo es consciente que el PSOE tiene una deuda pendiente, es igual que cuando le piden a la izquierda abertzale que tienen que dar un paso más con respecto al reconocimiento de las víctimas de ETA”, detalla en el libro García Martín. El terrorismo de Estado se desarrolló durante los mandatos de Felipe González.

“La de los GAL es una responsabilidad que el PSOE no se asume y que, y que efectivamente es una grandísima losa democrática o antidemocrática. Ya han pasado 40 años, pero no podemos pasar las páginas de nuestra historia sin antes leerlas y eso implica que quizá haya que normalizar, haya que exigir, haya que visibilizar y haya que reclamar una ausencia de responsabilidades, de cuestionamientos y la aceptación de cuestiones que, al menos en el plano simbólico, en el plano moral y en el plano más normativo, son necesarias. Yo creo que los derechos a la verdad, la dignidad, la memoria y la justicia se ven seriamente afectados con la posición de renuncia del PSOE a aceptar, a reconocer, a discutir sobre un pasado muy oscuro, muy turbio, en el cual todavía, por desgracia, no se ha contado todo”, lamenta Ríos.

Según el investigador, el oscurantismo acerca de las informaciones relacionadas con los GAL es algo que afecta a los Gobiernos socialistas en todos los niveles. “Hay una gran opacidad, oscurantismo en el acceso a cierta documentación y a cierto tipo de fuentes. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que esto vincula a un Gobierno socialista en Madrid, a un Gobierno socialista en Euskadi y a un Gobierno y a unas elites políticas que tienen connivencias muy perversas, con manzanas podridas, con sectores muy concretos del ámbito de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pero que indudablemente desembocan en elementos a los cuales hay que atender. Y ese es un un reclamo que tratamos de hacer. Por supuesto que entendemos que en un país como España, donde hay 860 víctimas de ETA, pues eso implique la necesaria atención o predominancia de ETA, pero la gravedad de los GAL reviste precisamente en su naturaleza jurídica, en que es el Estado el que manda matar a través de mercenarios, haciendo uso de fondos reservados y haciendo uso de elementos que son la máxima expresión de las cloacas más despreciables del Estado. Y además, si a eso le sumas que en el 40% de las muertes violentas, por ejemplo, hay equivocaciones, pues nos encontramos ante una situación que considerábamos que era necesario seguir reivindicando y visibilizando”, argumenta.

Al igual que ocurrió en la investigación realizada a víctimas de ETA, en las entrevistas realizadas a víctimas de los GAL se ve gran diferencia de relatos. Una de las principales diferencias es el hecho de que algunas de las víctimas de los GAL fueron miembros de ETA, mientras que otras no. “Para mí lo importante de todo es decir que a mi padre lo mató el GAL y que nunca tuvo nada que ver con ETA, pero que es una víctima también. No nos pueden meter en el mismo saco. Esos matices son complicados. Lo que predomina, como te decía antes, es que si te mató el GAL es porque algo habría hecho la víctima”, confiesa Veronique.

En la investigación también se aporta el testimonio de Izaskun Ugarte y Haize Goikoetxea, viuda e hija de Mikel Goikoetxea Elorriaga “Txapela”, asesinado por los GAL en San Juan de la Luz el 1 de enero de 1984. “En nuestro caso, nosotras sí que fuimos consideradas como víctimas de terrorismo. Es decir, nosotras pedimos la ayuda y nos la concedieron. Estábamos en ese listado, pero llegó el cambio de ley y nos hemos quedado fuera. ¿Por qué? Porque Mikel Goikoetxea era militante de ETA y nosotras, por tanto, no merecemos nada. No tenemos derecho a nada. Que hubiese muerto en un atentado a manos del Estado español no importa. Al final su mensaje es el mismo. Nosotros lo matamos y está bien muerto”, lamenta Haize.

Lo que la familia de Goikoetxea reivindica, al igual que el resto de las familias, es saber lo que pasó. “Quién lo hizo, cómo lo hicieron, quién pagó, cuánto pagó. Y, sobre todo, que alguien asuma esa responsabilidad, no sé si judicialmente hablando, pero por lo menos sí a otros niveles. Que alguien asuma esa responsabilidad de haberlo hecho, sobre todo si es un Estado el que mata. Que al final, que una persona o una organización asuma las armas vale, pero que un Estado que se supone que debe proteger y tiene que garantizar un montón de cosas, se haya saltado todas las leyes y haya hecho lo que ha querido impunemente, no sé… Además, con dinero público, con fondos reservados, utilizando la policía y recurriendo a mercenarios. Se trata de una barbaridad tras otra. Todo eso habría que esclarecerlo punto por punto, no solo en nuestro caso, sino en todos”, exige Haize Goikoetxea.

“El hecho de que haya terrorismo de Estado y haya una militancia de ETA no exime, ni justifica, ni valida prácticas atroces como las que vivieron Lasa y Zabala o como las que podemos encontrar en el caso de la viuda de Goikoetxea. Es decir, a ellas, por ejemplo, se les niega la condición de víctimas de terrorismo por la pertenencia a ETA. Ser de ETA no exime que hayan sufrido terrorismo de Estado”, indica Ríos.

A la hora de documentarse para realizar la investigación, Ríos reconoce que algunas personas entrevistadas son más accesibles que otras. Para este estudio, además de las citadas, se ha entrevistado a Itziar Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, víctima de violencia policial por actos de motivación política asesinado el 26 de noviembre de 1985, a Pili Zabala, hermana de José Ignacio “Joxi” Zabala, secuestrado y posteriormente asesinado por los GAL junto a Joxean Lasa, la madrugada del 15 al 16 de octubre de 1983 e incluso a una de las víctimas directas de los GAL, Kepa Pikabea Ugalde, herido por los GAL en el atentado contra el Bar des Pirennes, en Bayona, el 29 de marzo de 1985. “Hay casos de víctimas que son más fáciles de trabajar porque son víctimas de un mundo ajeno de ETA y, por tanto, son esas personas que siempre están presentes en el espacio público y en los actos que buscan visibilizar las exigencias de las víctimas del terrorismo y del terrorismo de Estado también. Después, hay otras que son muy incómodas por su militancia ETA, por su proximidad a ETA o por su todavía posición dogmática con respecto a lo que supuso. Y a esas también hay que escuchar y atender. Escuchar no es validar. Escuchar es tratar de entender cómo se construyen discursos en torno a demandas, necesidades, reclamos, porque todavía hoy se inscriben en una gama de grises y de contradicciones muy fuertes”, reconoce el investigador.

A pesar del trabajo realizado, Ríos sostiene que ve complicado acabar con el vacío académico con respecto a las investigaciones relacionadas con los GAL. “Es difícil porque el propio estudio reconoce el Estado como actor violento, habla del terrorismo de Estado. Ya de por sí académicamente es un planteamiento teórico muy marginal, muy escorado, muy residual. Digamos que el ‘mainstream’ de la Ciencia Política, de Historia, de los estudios sobre violencia, se centran básicamente en las acciones desplegadas por los actores que ejercen la violencia, grupos de terroristas, victimarios, etcétera. En los últimos años ha ganado mucho peso dar voz a las víctimas del terrorismo, pero entrar en agentes del Estado, en agentes de la Policía, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no solamente en España, en otros lugares, y especialmente en contextos democráticos, es difícil”, concluye.