La jefa de la policía autonómica, que conserva su cargo desde el Gobierno de Ximo Puig, premia a los escoltas que siguieron a Mazón en sus ausencias el 29 de octubre y, también, a la agente que vigilaba las cámaras del Palau. Además, Salomé Pradas, que no ha aclarado sus llamadas con el president ese día, consigue trabajo en una universidad privada que tiene un 30% de capital de la Generalitat
Guerra en la Policía Nacional de Valencia por las medallas al mérito a los agentes por sus servicios por la DANA
Los Héroes del Silencio de la DANA. Policías, políticos y la periodista Maribel Vilaplana todavía guardan los secretos más inconfesables del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado día 29 de octubre, cuando se desentendió durante horas de la catástrofe más importante que ha vivido la Comunitat Valenciana en el siglo XXI y que se emitía en vivo y en directo por televisión, medios digitales y redes sociales. Pese a la presión social y la energía de las víctimas de la catástrofe, que siguen exigiendo respuestas, estos protagonistas de la omertá en la Generalitat Valenciana van recibiendo premios y agasajos.
Esta semana, gracias a los sindicatos policiales y a fuentes del corazón de la policía autonómica, en elDiario.es hemos podido contar cómo está siendo el reparto de medallas y condecoraciones con motivo del servicio de este cuerpo durante el día de la DANA y las semanas posteriores. Algunas decisiones son, cuanto menos, llamativas. Otras, escandalosas. La comisaria jefe de la Unidad Adscrita de la policía nacional a la Generalitat Valenciana, Marisol Conde, ha propuesto a Pilar Bojo, para la medalla blanca al mérito policial. Este distintivo lo entrega el Ministerio del Interior y, además de la medalla y los honores públicos, implica méritos en la baremación para futuras convocatorias y ascensos de puesto y sueldo. Entre sus brillantes servicios a los ciudadanos de las zonas afectadas, custodiar las imágenes que certifican las entradas y salidas de Carlos Mazón de la sede del Gobierno autonómico. Incluidas las imágenes que fueron borradas.
Bojo solo responde ante Marisol Conde y, según fuentes de la policía, la mantiene informada de todas las situaciones extrañas que acontecen en el Palau. Conocen, por los vídeos, la llegada de Carlos Mazón el día 29 de octubre antes de ir al Cecopi. Ambas ya protagonizaron una polémica interna cuando utilizaron imágenes internas de las cámaras de seguridad del Palau para amonestar a unos agentes tras un fallo de seguridad en la protección de la vicepresidenta, Susana Camarero, cerca de la plaza de Manises. Bojo no participó en ninguna de las acciones de la policía autonómica de protección o rescates en la zona de la DANA.
Por su parte, la Agencia Valenciana de Emergencias, organismo autónomo del que depende la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, también reconocerá la labor de los policías que acompañaron a Mazón durante el 29 de octubre, cuando comió en El Ventorro y durante sus horas desaparecido antes de acudir al Cecopi, sobre todo el periplo entre las 18.30 y las 19.43 (cuando habló con Salomé Pradas). Los escoltas del presidente recibirán la medalla de oro al mérito policial, un distintivo sin asignación económica, pero el máximo que otorga la Generalitat. Los siete agentes de la policía autonómica que realizaron numerosos rescates la noche del 29 de octubre y la madrugada del 30 serán condecorados con la medalla de plata. Uno de los escoltas del presidente Carlos Mazón que le acompañó el día de su visita a Paiporta junto al rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también tendrá una insignia bañada en oro. De momento, se desconocen los expedientes de motivación de estos reconocimientos.
La propia jefa de la policía autonómica también ha optado por el silencio. Desde elDiario.es hemos intentado contactar en diversas ocasiones, pero no hemos obtenido respuesta. Y eso que nos ofreció una entrevista cuando fue designada comisaria jefa. Ahora no debe de tener tanto interés. Marisol Conde tiene que acudir como testigo a declarar ante la jueza de la DANA, aunque será difícil que la magistrada le pregunte por la hoja de servicio del 29 de octubre de los escoltas que acompañaron a Mazón, al estar el presidente aforado. Marisol Conde fue nombrada en 2020 por la consellera de Justicia en el Consell de Ximo Puig, Gabriela Bravo, tras destituir a su antecesor Álvaro Rodríguez por sus querencias conservadoras. De momento, Conde aguantará en el cargo y dispone de información clave de la actuación del presidente.
También es interesante ver los movimientos laborales y procesales de la exconsellera Salomé Pradas. Ha fichado por la Universidad Internacional Valenciana (VIU), una entidad que privatizó el PP, pero en la que la Generalitat todavía mantiene un 30% del capital. En la VIU han recalado importantes cargos de Gobiernos del PP en sus poco más de 20 años de historia. Para su defensa, Pradas ha buscado uno de los abogados más caros de Madrid, el exjuez Eduardo de Urbano. La exconsellera tendrá que tirar el resto de ahorros para pagar tan cara defensa, mientras todavía mantiene para sí misma el contenido de las conversaciones que mantuvo con Mazón en las horas críticas de las inundaciones: a las 17.37, 18.16, 18.25, 18,30, 19.43 y 20.10, esta última ocultada por Mazón y a un minuto del lanzamiento de la alerta masiva. Muchas llamadas para que no fuera consciente de la gravedad de la situación o del lanzamiento del Es-Alert.
Otra testigo clave y que también guarda un silencio sepulcral es Maribel Vilaplana. La periodista ha sido la correa de transmisión del Palau de la Generalitat y ha ayudado a exculpar a Mazón defendiendo como de trabajo una comida que fue privada. Vilaplana tiene la mayoría de su trabajo en empresas privadas, pero sigue dando cursos en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia, una entidad sin ánimo de lucro para distintas entidades que se financia con fondos públicos, la mayoría de la Generalitat. Defienden en el CEEI que Vilaplana ya trabajaba allí antes de todo el lío de El Ventorro, y que las decisiones en su seno se toman de manera independiente. Sea como fuere, Vilaplana continúa ofreciendo sus servicios a la entidad y la Generalitat la sigue financiando.
