El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid durante la pandemia defiende que son las familias de los fallecidos los que «han mantenido» viva «la antorcha de esta cuestión durante cinco años”
Una jueza imputa por primera vez a altos cargos de Ayuso por los protocolos de las residencias en la pandemia
Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, se ha pronunciado este lunes sobre la imputación de varios exaltos cargos del Ejecutivo autonómico por los protocolos para evitar la derivación en las residencias durante la pandemia.
Este lunes están citados a declarar como investigados Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la crisis del covid, y su sustituto en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, por la demanda de los familiares de fallecidos en los centros de mayores de la región. También acudirá el ex asesor sanitario de la Comunidad de Madrid Antonio Burgueño Carbonell.
Reyero ha eximido a Mur de ser el responsable político de esta estrategia aplicada. “Se me pone cuesta arriba pensar que una decisión de ese calado la tome un director general por su cuenta”, ha expresado hoy el exconsejero, que pertenecía a Ciudadanos cuando formó parte del Ejecutivo autonómico.
El exdiputado autonómico ha asegurado que “las familias han sido las que han mantenido la antorcha [viva] de esta cuestión durante cinco años”. “Este cambio es consecuencias de una macrodenuncia que se presentó en octubre, en la que en lugar de dirigir la imputación a un delito de homicidio imprudente se fue a uno más específico, el de discriminación”, ha explicado Reyero en una entrevista en Radio Nacional.
El juzgado número tres de Madrid ha decidido reabrir esta causa después de una petición de la Fiscalía impulsada por la demanda de 109 familiares de fallecidos, que coordinan las entidades ‘Marea de Residencias’ y ‘7291: Verdad y Justicia’. A los exaltos cargos de Ayuso se les imputa un delito de denegación de atención sanitaria por razón de edad, el artículo 511 del Código Penal que impone condenas de hasta dos años de cárcel en los casos más graves.
En la entrevista Reyero ha asegurado que “en otras comunidades autonómicas” se produjeron “prácticas parecidas” a las de la Comunidad de Madrid, pero sin protocolos escritos “de la misma manera”, ya que el expolítico de Ciudadanos considera que los cribados implementados por el Ejecutivo de Ayuso fueron “salvajes”.
Tras conocerse la imputación de sus exaltos cargos, la presidenta intentó quitar hierro a la decisión del juez, asegurando que se debe a un “cambio de criterio” por parte de la Fiscalía. “Es un asunto que estaba archivado hace tres años, ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo”, apuntó el pasado viernes.
Reyero ha recriminado a Ayuso y a su equipo la actitud que han mantenido sobre este asunto y, en particular, la “falta de empatía” con las familias. “No han sido capaces ni siquiera de reunirse con los familiares, de mirarles a la cara”, ha apuntado, para detallar posteriormente que él en junio de 2020 sí organizó un encuentro con las víctimas de los protocolos. Con todo, ha reconocido que no fue “una reunión sencilla”, pero que “es obligación de cualquier cargo público dar las explicaciones que se consideren oportunas”.
Ante las declaraciones de Ayuso, afirmando el año pasado en la Asamblea de Madrid que los enfermos de Covid y con mayor edad “no se salvaban en ningún sitio”, Reyero ha asegurado que esa afirmación no es cierta porque “para eso están los hospitales, para dar oportunidades de supervivencia a cualquiera de nosotros”.
