Mientras el Constitucional analiza la demolición total ordenada por el Tribunal Supremo, un decreto de la Junta de Extremadura modifica los límites de la zona protegida ambientalmente de la que excluye los terrenos de la urbanización
Seis ejemplos de cómo se arrasa impunemente la naturaleza en España
Ocupa un lugar destacado en el club de esas construcciones que se saltaron la protección del medio ambiente y que, a base de empujones políticos o enrocarse en los juzgados, prolongan su vida a la espera de un rescate final. Mientras el Constitucional analiza su demolición ordenada por el Supremo, la urbanización de lujo Marina de Valdecañas (Cáceres) está a punto de recibir un nuevo balón de oxígeno: borrar del mapa de especial protección la isla sobre la que se construyó.
Tras una ley ad hoc para legalizar el resort aprobada una década después de la sentencia en contra del Supremo y los recursos aún vivos al Constitucional, la última jugada es sacar ese terreno de la zona de protección de aves (ZEPA) mediante un decreto del Gobierno de Extremadura. El argumento utilizado es que se ha recalculado (gracias a los avances tecnológicos, se arguye) que esa isla no es inundable, que el agua del embalse en la que descansa nunca llegará tan arriba, y eso le quita su valor ecológico.
Lo hará con una norma diseñada para ajustar los límites de 11 ZEPAS “a las cotas de máximo llenado” de agua. En el caso de la ZEPA Embalse de Valdecañas, se observa que la parte por “reducir” coincide básicamente con la isla donde se sitúan las viviendas de lujo, hoteles y campos de golf. Lo que se ve es una gran superficie protegida ambientalmente –el embalse– con una isla en su interior, en este caso, de terreno excluido de esa protección –el resort–.
“Es un absurdo y es falaz limitar una zona de protección a la lámina de agua, al nivel máximo de llenado. Ese criterio haría que se modificaran múltiples ZEPAS en ese sentido”, argumenta Julio César Pintos de Ecologistas en Acción-Extremadura. “Es como decir que solo tendría que protegerse el agua de un río y no sus bosques de ribera”.
El Gobierno autonómico extremeño afirma que las modificaciones “no pretenden una descatalogación de espacios incluidos en la Red Natura 2000, sino la corrección de errores derivados de las imprecisiones cartográficas y que ha hecho necesario un ajuste cartográfico con la tecnología más precisa disponible”. El decreto amplía 1.000 hectáreas de ZEPA y elimina 324.
El Plan de Gestión de la ZEPA donde está la isla dice que, entre sus hábitats de interés, “hay que destacar la lámina de agua y las islas (que sufren fuertes fluctuaciones en superficie a lo largo del ciclo anual)”.
El mayor caso de demolición
Contra el argumento de que, simplemente, se había dibujado mal el mapa –lo que viene a decir la Junta–, el abogado ambientalista Jaime Doreste responde que “es otro intento de legalizar la urbanización”. Doreste es uno de los letrados que llevó el caso que culminó con la sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que ordenaba la demolición total de la urbanización. El abogado cuenta que detrás del decreto está la idea de “si se declaró la nulidad por la ZEPA y ahora deja de ser ZEPA… ¿Dónde está el problema?”.
El caso de Valdecañas no es uno cualquiera. “Supone la mayor demolición en España de construcciones ilegales”, según el análisis de los investigadores José Carlos Salcedo-Hernández y Antonio José Campesino Hernández. También implica, para estos especialistas, “cerrar la puerta” al argumento de no demoler las edificaciones ilegales “por su elevado coste”, como en el caso del hotel El Algarrobico (Almería), que inició su construcción en 2003 y 23 años después aún está pendiente de demolición; o la estación de esquí de Navacerrada, cuyo permiso expiró en 2021 y sigue prolongando su actividad. La urbanización de Valdecañas –que empezó a construirse en 2007– ha encadenado sentencias en contra y maniobras políticas para sortear esos fallos y seguir plantada en medio de la ZEPA durante más de 15 años.
El apoyo a la urbanización de lujo declarada ilegal por los jueces y rescatada por los políticos es un tema bipartidista en Extremadura. Si el decreto actual está diseñado por el Partido Popular, fue el PSOE el que impulsó y aprobó la ley autonómica que en marzo de 2023 legalizó a posteriori las construcciones.
Antes, en 2011, también el PSOE y el PP juntos aprobaron en la Asamblea autonómica incrustar un párrafo de urgencia en la ley de suelo de Extremadura para desactivar la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anulaba el Plan de Interés Regional que autorizaba la urbanización.
En 2020, casi diez años después, el Tribunal Constitucional sentenció en contra de ese párrafo aprobado “para eludir el cumplimiento de las sentencias” en contra del proyecto.
