La declaración del letrado Carlos Neira es clave para aclarar si asumió dos delitos fiscales en nombre de Alberto González Amador sin consultarle y si difundió ese correo entre más gente de la que ha reconocido
La pareja de Ayuso contradice a Miguel Ángel Rodríguez y sus propios mensajes para negar su confesión de fraude fiscal
El juez del Tribunal Supremo que investiga la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso toma declaración este martes a uno de los hombres clave del caso: Carlos Neira Herrera. El abogado que en febrero de 2024 envió un correo a un fiscal y un abogado del Estado confesando, en nombre de Alberto González Amador, un fraude fiscal de 350.000 euros. La testifical del empresario el pasado viernes abrió varios interrogantes que han dado un giro a la causa en la que está imputado el fiscal general: si se ofreció a aceptar ocho meses de cárcel sin consultar con su cliente y si esa confesión era algo secreto o, como dio a entender González Amador, era un pacto que él no había autorizado.
Carlos Neira no era un abogado conocido para el gran público hasta hace un año. Y en su perfil discreto reside el atractivo de los letrados especializados en cerrar tratos en casos poco discutibles de fraude fiscal: una condena de cárcel que no hay que cumplir, una multa que se puede pagar y una condena de conformidad que, si el acusado juega bien sus cartas, no tiene por qué trascender. Exactamente lo que hizo en nombre de Alberto González Amador: cerrar su caso cuanto antes y con el menor “ruido” posible.
Este letrado no es ningún novato. Es inspector de Hacienda en excedencia y sobradamente conocido entre los fiscales y abogados del Estado que representan a las arcas públicas en estos pleitos. “Era un letrado de los más gordos, los más conocidos”, dijo en el Supremo el fiscal Julián Salto el pasado mes de enero cuando describió sus tratos con el abogado en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ahora su testifical, acordada por el juez a última hora y cuando el procesamiento de Álvaro García Ortiz se daba por hecho en el Supremo, se ha convertido en una clave sorpresiva del caso.
Alberto González Amador y su entorno llevan un año defendiendo que él nunca ha confesado haber defraudado 350.000 euros usando facturas falsas. Un relato que, al principio, se ceñía a sus aspectos técnicos: el email cuya filtración se investiga era una propuesta que nunca fue validada delante de un tribunal y, por tanto, el empresario no puede ser calificado de “defraudador confeso”. Pero con el tiempo el argumentario fue variando de manera sutil: Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso y defensor público de su pareja, ya deslizó en algunas comparecencias públicas que esa propuesta de pacto era cosa de su abogado, en ningún caso del cliente.
La pareja de la presidenta madrileña compareció el viernes pasado como testigo ante el Supremo para certificar esa versión. A finales de 2023, y cuando Hacienda ya mostró su intención de llevarle a la Fiscalía por dos delitos de fraude fiscal, llamó a Carlos Neira y le encargó buscar una salida rápida y silenciosa al caso. Pero según su declaración nunca le pidió una confesión ni supervisó ni aprobó ese pacto que Neira mandó por correo a un fiscal y un Abogado del Estado el dos de febrero de 2024. De hecho, dijo ante el juez Ángel Hurtado, se enteró por la radio de que había aceptado ocho meses de cárcel y multa de medio millón.
La afirmación de González Amador causó sorpresa en la sala, con el juez llegando a preguntar si Neira todavía era un letrado de su confianza. Minutos antes, el magistrado había anunciado que el abogado tendría que declarar unos días después, aunque en ese momento el motivo era otro: explicar si el 12 de marzo de 2024 varios periodistas contactaron con él preguntando por este pacto, y explicar a cuánta gente envió esa propuesta de confesión. Ahora tendrá que explicar si, como afirma González Amador, envió esa propuesta sin consultar con su cliente.
“De común acuerdo con Alberto González…”
Fuentes del caso consultadas por este periódico muestran mucho interés por la testifical de Neira de este martes. El arranque del caso, con las primeras querellas de González Amador y del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), se basaban en que la Fiscalía había difundido en un comunicado los detalles de un pacto secreto entre un acusado y el Ministerio Público. Neira tendrá que aclarar si, como afirma su cliente, propuso una condena concreta de cárcel y una multa económica igual de concreta sin consultárselo al afectado, o si González Amador no ha dicho la verdad.
Los correos electrónicos y documentos que envió a la Fiscalía el dos de febrero de 2024, y cuya filtración investiga el Supremo con el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid como imputados, apuntan en un sentido: González Amador había dado el visto bueno a esa confesión, o al menos así lo afirmó entonces Neira. “De común acuerdo con Alberto González…”, empezaba el correo. “Alberto González Amador acepta íntegramente…”, decía el documento que especificaba los detalles.
Los escritos que han presentado los actuales abogados del empresario también dan a entender que la pareja de Isabel Díaz Ayuso sabía que el camino emprendido por su abogado le llevaría a aceptar cárcel y multa, a cambio de reconocer sus delitos y no pisar la prisión. “El abogado de D. Alberto González Amador, D. Carlos Neira, interviniente en las anteriores actuaciones de inspección (…) recomendó a su cliente explorar una posible conformidad como vía de terminación discreta y rápida del procedimiento”, afirman varios escritos presentados en el Supremo entre diciembre y enero.
Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía dan importancia a este matiz. El carácter reservado que pueda darse a esta confesión, han dicho a lo largo del proceso, se basaba en que constituía una propuesta real con incidencia en el proceso. La posibilidad de que el abogado Neira lo hubiera presentado por su cuenta y sin consultar al cliente rebaja todavía más, entienden, su posible carácter reservado, al margen de defender que no hay pruebas que vinculen a los fiscales imputados con su filtración. Lo contrario podría llegar a implicar que González Amador no dijo la verdad al juez.
Este último giro del pleito sobre la bocina, cuando la declaración de González Amador parecía la última diligencia antes del final de la investigación y el posible auto de procedimiento abreviado, ha opacado el motivo original de la citación de Neira: saber si la información del posible pacto ya circulaba por los medios de comunicación antes que el fiscal general se enterase en la noche del 13 de marzo de 2024.
Neira tendrá que explicar si 36 horas antes, cuando elDiario.es reveló en exclusiva que la pareja de Ayuso estaba acusada de fraude fiscal, recibió correos y mensajes de periodistas de El País preguntando por este posible pacto: varios han afirmado ante un notario que “trabajadores” de la Fiscalía de Madrid comentaron este aspecto y que ellos intentaron, sin éxito, confirmar la información. También tendrá que explicar si, además de a un fiscal y un Abogado del Estado, remitió esta confesión a más gente.
Por el momento el juez Hurtado ha dado poca importancia en el proceso a cualquier cosa que se acerque al concepto de “difusión autorizada”, entendiendo que nada de eso afecta al objeto de la investigación: si el fiscal general filtró ese correo con los detalles del pacto. No consideró relevante, por ejemplo, que el propio Miguel Ángel Rodríguez reconociera que difundió un email del fiscal Julián Salto a los medios para defender una versión falsa de los hechos.
Tampoco ha otorgado credibilidad, al menos por el momento, a los periodistas que han afirmado y ahora consignado ante notario que esa información era conocida horas o incluso días antes. La declaración de Neira en el tramo final de la investigación se ha convertido en una clave para arrojar luz sobre todos esos aspectos de la causa un año después de arrancar.
