Joan Porta envía un burofax a la portavoz de SOS Pirineus por el cartel en el que se anuncia una charla para este sábado 31 de mayo en Bellver contra el caciquismo en la comarca
Victoria ecologista contra el chalé ilegal del hijo del exalcalde de Bellver de Cerdanya
A Joan Porta no le gusta que se hable de su chalé. El hijo del exalcalde de Bellver de Cerdanya (Lleida) ha enviado un burofax a la portavoz de la asociación SOS Pirineus en el que amenaza con “acciones legales y judiciales” a los ecologistas por haber incluido una fotografía de su construcción, considerada irregular por la Sindicatura de Greuges, en el cartel de una charla sobre corrupción en la comarca prevista para este sábado 31 de mayo en el municipio.
La portavoz de SOS Pirineus, Núria Martí, fue quien recibió el burofax. “Cuando me lo entregó la cartera, no sospechaba que pudiera ser de Porta”, asegura esta jubilada. La advertencia del exconcejal no cambia el guion previsto por Martí de cara a la charla del próximo domingo en la plaza de Bellver: “De su chalé hablaremos, claro, porque exponer hechos a la gente todavía se puede. Y luego que cada cual saque sus conclusiones”.
En la conferencia, Martí no solo expondrá los casos de las dos edificaciones irregulares de dos familias poderosas de la Cerdanya, los Chia y los Porta. También quiere ser un grito de denuncia por la falta de efectividad que los ecologistas ven en la administración para corregir los comportamientos caciquiles en la comarca.
“No es que no hagan nada, hay funcionarios de Agricultura, Agentes Rurales, Mossos o Seprona que hacen mucho, pero entre ayuntamientos y departamentos de la Generalitat se pasan la pelota y se forma una rueda de hámster que hace que las cosas no avancen”, expone Martí.
El motivo del burofax es la imagen del chalé de Porta que sirve de fondo del cartel de SOS Pirineus para anunciar la charla “Basta de corrupción, por la integridad de los cargos públicos” del próximo sábado en Bellver. El uso de la imagen de su casa supone, a juicio del exconcejal, “una intromisión ilegítima y una ofensa” a sus “legítimos derechos como persona”.
El exedil recuerda que el juez archivó su caso al considerar que no había suficientes indicios de delito por la construcción irregular, si bien fuentes judiciales agregan que el magistrado lo ha derivado a la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) por si había alguna infracción administrativa.
El caso del chalé
La causa llegó en 2023 al juzgado tras pasar por los Agentes Rurales, que dieron el primer aviso sobre las obras; y la OAC y la Sindicatura de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), que dieron la razón a los ecologistas de SOS Pirineus cuando denunciaron las obras ilegales hace seis años.
Las investigaciones de la OAC, la Sindicatura de Greuges y los Agentes Rurales documentaron que la construcción del chalé contó con trámites administrativos del consistorio entonces liderado por el padre de Porta, y que después el Ayuntamiento de Bellver llevó a cabo varios trámites para intentar legalizar unas obras irregulares.
Las obras en la propiedad de Porta, Casa Alay (una construcción en ruinas que había servido como caseta de herramientas para mineros), consistieron en su conversión en un chalé de dos plantas, con una superficie de 68 metros cuadrados cada una y un balcón. La Generalitat requirió al consistorio proteger la legalidad en 2020 y el Ayuntamiento de Bellver ordenó suspender las obras por realizarse en suelo no urbanizable.
Después, el consistorio de Bellver empezó a intentar legalizar las obras por dos vías. Por un lado, el Ayuntamiento buscó que la Casa Alay pasara a formar parte el catálogo de masías y casas rurales de la Generalitat, pese a que no aparecía en el catálogo municipal editado en 2006 de masías a conservar. La comisión territorial de urbanismo, dependiente de la Generalitat tumbó la intentona.
El consistorio sí atendió la petición de Porta, en 2021, para legalizar las obras mediante una “construcción agrícola”. La Junta de Gobierno local lo aprobó en tan solo 15 días, pese a contar con un informe desfavorable del departamento de Agricultura por falta de adecuación de las obras a un almacén agrícola.
Tras el archivo judicial del caso, ahora el expediente vuelve a estar en manos de Antifraude. Desde Som Pirineus valoran acudir a la vía judicial contenciosa para derribar las obras irregulares del chalé.
“Al final, parece que siempre tenemos que ser la gente de a pie los que nos movamos ante una injusticia, y pagar los costes, tanto de bolsillo como personales, que eso genera”, lamenta la portavoz de SOS Pirineus.
Por su lado, en su burofax Porta insta a los ecologistas a retirar “cualquier imagen o elemento que pueda vincular a la propiedad con su charla”, sin precisar de qué “elemento” se trata. E insiste en que si los ecologistas siguen usando las fotografías de su propiedad como “contenido injurioso y calumnioso”, emprenderá “acciones legales y judiciales”.
No es la primera vez que Martí recibe advertencias de este tipo tras destapar irregularidades y caciquismos de la Cerdanya, donde abundan tanto segundas residencias de las clases privilegiadas de Barcelona como problemas de acceso a la vivienda para los trabajadores y jóvenes de la comarca.
Martí tuvo que acudir el año pasado al juzgado al acto de conciliación previo a una demanda que nunca llegó a interponer el alcalde de Fontanals de Cerdanya, Ramon Chia (Junts). El motivo: las críticas de Martí a la casa con piscina construido en terreno inundable y con obras realizadas sin licencia que investiga un juzgado de Puigcerdà. A la portavoz de SOS Pirineus no le achantan las demandas: “Seguiremos investigando”.
