Desde la llegada del equipo de Almeida al consistorio madrileño no hay más documentación sobre la concesión al empresario de dos restaurantes que luego subarrendó vulnerando la normativa legal
El Ayuntamiento de Madrid tarda cuatro años en actuar contra Aldama por beneficiarse de un contrato vulnerando la normativa legal
El 29 de marzo de 2019, la interventora del distrito madrileño Fuencarral-El Pardo firmó un documento sobre Businesscity SL, la empresa capitaneada por el gran conseguidor del caso Koldo, Víctor Aldama, quien cinco años y medio antes y bajo el mandato de Ana Botella había obtenido a dedo la concesión de dos restaurantes por 40 años en el distrito financiero a cambio de un canon anual de 91.000 euros. Escueto, el texto de la interventora anunciaba la remisión de datos al Departamento de Deuda para iniciar “la tramitación de cobro por la vía de apremio”: o sea, forzosa. En esa fecha, se lee debajo, el “importe del descubierto” imputado a Businesscity coincidía con el del canon anual: 59.282,35 euros por uno de los dos restaurantes acristalados y con terraza en una de las explanadas de la Castellana próximas a los rascacielos conocidos como las Cuatro Torres; y los 31.691,37 euros fijados para el establecimiento de enfrente.
A partir de ese 29 de marzo de 2019 se acabó la incorporación de nuevos papeles al expediente relativo a la concesión que en noviembre de 2013 había adjudicado a Businesscity SL un concejal que cuatro años más tarde, y ya sin cargo en el consistorio, se convirtió en socio mercantil de Víctor Aldama. Nada. Tras la llegada de José Luis Martínez Almeida a la Alcaldía no hay más decretos de revisión anual del canon –uno por año hasta entonces, tanto con el gobierno de Botella como con el de Carmena– ni más “Abonaré”, término que equivale a órdenes de pago irrevocables.
“No existe más documentación más allá de lo aportado”, fue la tercera y última respuesta ofrecida por el Distrito de Fuencarral-El Pardo a las repetidas peticiones de información sobre el misterioso periodo abierto en marzo de 2019 y cerrado en febrero de 2015. Porque fue en febrero cuando, a través de un expediente distinto, el Ayuntamiento dio los primeros pasos para revocar la concesión a Businesscity SL, que desde junio de 2021 mantenía arrendados sin permiso oficial previo y obligatorio los dos restaurantes a una empresa comprometida a pagar 240.000 euros los tres primeros años de alquiler y 300.000 a partir del cuarto. O sea, se comprometía a pagar a Businesscity el triple de lo que cada ejercicio tenía que desembolsar en concepto de canon. En resumen: le garantizaba un pelotazo y la libraba de las tareas que el funcionamiento de un restaurante exige a sus gestores.
¿Cómo se explica un vacío documental de casi seis años o, lo que es lo mismo, una legislatura municipal y media? Portavoces del consistorio se han limitado a asegurar que a partir de 2020 los “Abonaré” se emiten por vía electrónica. ¿Imposibles de imprimir? ¿Y dónde están los posteriores decretos sobre revisión del canon? No hubo respuesta. Sí la hubo a la pregunta de si Businesscity SL ha desembolsado entre 2019 y el año en curso el canon anual establecido: “El Ayuntamiento no informa de la situación de pago en la que se encuentra un particular, ni de actuaciones posteriores que no tengan que ver con el Ayuntamiento”.
En una segunda respuesta más amplia, las fuentes autorizadas del equipo de Almeida reiteraron que no cabe desvelar si Businesscity SL ha satisfecho o no el canon anual entre 2019 y 2025, sexenio en que la cifra total superaría los 600.000 euros. Pero esa hipótesis resulta imposible de verificar a día de hoy: ni la institución pública aporta los datos necesarios ni Aldama ha respondido a ninguna de las preguntas remitidas al letrado que le representa en el caso Koldo, el penalista José Antonio Choclán.
En el campo municipal y respecto a por qué no hay nada posterior a marzo de 2019, los portavoces añadieron lo que sigue: “La información facilitada por Transparencia es la que incluye el expediente relacionado con la concesión para la construcción, explotación y conservación de dos quioscos permanentes de hostelería en las Cuatro Torres, que finalizó con la resolución de adjudicación de la concesión demanial. El resto de actuaciones municipales, si las hubiere, no pertenecen a ese expediente puesto que se corresponden con la explotación posterior. Como a todos los locales, a estos se les han hecho inspecciones, siete en los últimos cuatro años, cuyo resultado queda en el ámbito entre el Ayuntamiento y el particular”. La respuesta deja en el aire un interrogante: ¿por qué sostiene el consistorio que el expediente “finalizó con la resolución de adjudicación”, en noviembre de 2013, si hasta marzo de 2019 se incorporaron nuevos documentos?
El Ayuntamiento tampoco ha explicado por qué, pese a que tanto la Policía Local como inspectores sanitarios -y así le consta a este medio- visitaron en repetidas ocasiones los dos restaurantes en los últimos cuatro años, el Ayuntamiento no emprendió el trámite para revocar la concesión hasta el 25 de febrero de este año. Según el Ayuntamiento, que Aldama hubiese vulnerado la normativa legal al arrendar en 2021 sin autorización los dos establecimientos era un hecho desconocido hasta que la Policía Local lo detectó en 2024. La información sobre el proceso de revocación sí ha sido facilitada. Pero el expediente abierto para ello es otro.
Fuentes conocedoras del caso Koldo aseguran que cuando Aldama pidió al juez en abril de 2024 el desbloqueo parcial de una cuenta bancaria de Businesscity SL alegó que su objetivo era doble: poder pagar la hipoteca suscrita con un determinado banco y poder recibir el importe mensual del alquiler a que venía obligada la arrendataria de los dos restaurantes, la firma Tría Restaurante Cuatro Torres SL. En la solicitud no figuraba ninguna referencia a la necesidad de que la cuenta estuviese disponible para abonar el canon municipal, aunque eso no significa necesariamente que haya dejado sin cumplir su obligación en 2025. Tras una demanda de desahucio interpuesta por Aldama contra sus inquilinos, los restaurantes permanecen cerrados desde hace meses. Las incógnitas, en cambio, continúan abiertas.
