Los exresponsables de la conselleria «eran plenamente conscientes de que se estaba discriminando a los policías de los cuerpos estatales», según el Ministerio Público
Los whatsapps que incriminan a la exconsellera de Salud por el retraso en vacunar a policías: “Tendríamos que parar”
Doce años de inhabilitación. Es la pena que pide la Fiscalía para los exconsellers de Salud Alba Vergès y Josep Maria Argimon por “paralizar” la vacunación contra la COVID-19 de policías y guardias civiles en Catalunya en marzo de 2021. El Ministerio Público les acusa de prevaricación, que solo contempla penas de inhabilitación, al contrario que los sindicatos policiales, que les reclaman penas de hasta tres años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía acusa a Vergès, consellera de Salud en el momento de los hechos; a Argimon, que era responsable de Salud Pública; así como al entonces director del Instituto Catalán de la Salud Adrià Comella y al exsecretario general del departamento Marc Ramentol.
Según el fiscal, el 24 de marzo de 2021, los cuatro acusados “decidieron paralizar” el programa de vacunación acordado entre los responsables del departamento de Salud y los de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en Catalunya.
Aunque la vacunación de los agentes estaba inicialmente prevista para el 15 de marzo, ese mismo día el Consejo Interterritorial de Salud, que agrupa a representantes de las comunidades y el Ministerio, decidió suspenderla tras detectar casos de trombosis con las dosis de AstraZeneca.
Una semana después, el proceso de inmunización se retomó. La vacuna de AstraZeneca, además, se pudo administrar no solo a las personas de entre 18 y 55 años, sino también en la franja de entre 60 y 65 años de edad. Precisamente esta discrepancia y giro de guion y la necesidad de dotar de máxima seguridad al proceso de vacunación es el alegato que han dado los exresponsables de Salud, pero la Fiscalía les acusa igualmente de paralizar de forma arbitraria el proceso.
Insiste la Fiscalía en que los exresponsables de la conselleria “eran plenamente conscientes de que se estaba discriminando a los policías de los cuerpos estatales” cuando decidieron que la vacuna de AstraZeneca se administraría a todo el grupo de entre 60 y 65 (incluidos los agentes que estaban en esa franja edad, pero no a los más jóvenes).
La instrucción del caso ha estado marcada por la aportación de los mensajes internos por parte de Argimon contra la que fuera su consellera. Una miembro del gabinete de Vergés indicó a Argimon y a la responsable técnica de vacunación, Carmen Cabezas (exculpada del caso) el 23 y 24 de marzo, que la consellera “pide parar Guardia Civil y Policía Nacional”, “No podemos argumentarlo, lo tendríamos que parar”, añadió.
Cabezas se mostró contraria a la decisión de la conselleria de parar la vacunación de policías y guardias civiles. “Yo creo que tenemos que hacerlos todos, porque si no habrá un problema de desigualdad con otras comunidades y con otros cuerpos de seguridad y tendremos que ir más veces a los centros a vacunarlos”, contestó la responsable técnica de vacunación y subordinada de Argimon.
La colaboradora de Vergés replicó a Cabezas que le enviaría un correo electrónico para valorar “a los que sí haría falta saltarse los criterios de edad”, en referencia a la vacunación por grupos de edad que se hizo con la vacuna de AztraZeneca. Dos minutos después, le remitió otro mensaje: “Carmen, hablado con HC [siglas de Honorable Consellera, en referencia a Vergés] y [SG, el secretario general Marc Ramentol] no ven guardias civiles y policías nacionales de todas las edades, lo ven por grupo de 60 a 65”.
La exconsellera y su equipo, agrega el fiscal, sabían que el 24 de marzo la vacunación de los agentes estatales apenas era del 2,8% para los uniformados de la Guardia Civil destinados en Catalunya y del 3,6% de los de la Policía Nacional, mientras que en el caso de los Mossos se alcanzaba el 77% de inmunización, cifras similares entre los cuerpos de policías locales catalanas.
Los porcentajes se equipararon cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó a la Generalitat, el 8 de abril, que vacunara de inmediato a los agentes estatales: en menos de quince días recibieron sus dosis casi 5.000 agentes.
La tardanza de la Generalitat en la vacunación de policías y guardias ya se había zanjado en la vía contencioso administrativa, pero sindicatos policiales decidieron acudir además a la vía penal contra los entonces responsables de Salud del Govern, quienes acataron la orden judicial pese a considerarla “ridícula”.
