La regidora de Villa del Prado pagó más de 600.000 euros a dos empresas sin concurso público durante cuatro años y ha sido juzgada por la Audiencia de Madrid sin que el PP le obligue a dejar el cargo
La Justicia imputa a una diputada regional del PP elegida por Díaz Ayuso para revalidar una alcaldía
La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada para la alcaldesa de Villa del Prado, un municipio madrileño de más de 7.000 habitantes que el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta. Belén Rodríguez Palomino, la regidora, se presentó a las últimas elecciones en 2023 con el beneplácito de Isabel Díaz Ayuso, quien promovió su candidatura en las últimas municipales pese a que estaba imputada desde 2019.
La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado este lunes el juicio contra Rodríguez Palomino. En su informe de conclusiones, la Fiscalía ha rebajado a ocho años la petición de inhabilitación que formulaba para la alcaldesa –en principio eran 12–, debido a un cambio en la ley que debe interpretarse a su favor. La acusación particular, que ejerce el concejal de una formación local que denunció el caso, ha mantenido su petición de 12 años de inhabilitación.
En cuatro años, el Ayuntamiento de Villa del Prado habría pagado 633.400 euros a dos empresas por servicios que le adjudicó sin haber organizado un concurso público. La denuncia del concejal de Vecinos por Villa del Prado advertía de que Instalaciones Eléctricas Cochele e Instalaciones Barbero S.L, dedicadas al mantenimiento eléctrico y de fontanería, habían emitido facturas al Ayuntamiento por un importe de 184.901 euros y 173.413 euros, respectivamente, “sin expediente de contratación tramitado al efecto”
El denunciante también entregó a la Fiscalía las facturas correspondientes a 2016 y 2017, por importes similares e igualmente sin concurso público. La empresa de electricidad se embolsó 100.401,52 euros en 2016 y 69.163,61 en 2017; y la de fontanería 42.336,94 euros y 63.181,53 en el mismo periodo.
Los contratos menores son una alternativa concebida por ley para necesidades urgentes y de importes no superiores a 18.000 euros en el caso de servicios o suministros. En este caso, para evitar el concurso público, los pagos a las dos empresas señaladas se habrían fraccionado repetidamente para hacer posible el uso de esta figura de contratación.
En el cargo e imputada durante cinco años
Rodríguez Palomino fue elegida alcaldesa por primera vez en 2007. Su imputación llegó en abril de 2019, días antes de que fueran proclamados los candidatos a las elecciones municipales de ese año. En aquel momento fue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el encargado de imputar a Belén Rodríguez, por estar aforada en su condición de diputada de la Asamblea de Madrid.
Su imputación no supuso un problema para ser proclamada candidata del PP a Villa del Prado en 2019 y tampoco lo fue en 2023, ya con Isabel Díaz Ayuso como presidenta del Partido Popular madrileño. Como al resto de candidatos, la dirigente encargada de entrevistar a Belén Rodríguez para certificar su idoneidad para las elecciones de hace dos años fue Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP madrileño y también imputada, en su caso por cuatro delitos de corrupción cometidos presuntamente en su etapa de concejal de Arroyomolinos.
El Código Ético del PP de Madrid obliga a la renuncia voluntaria al cargo a los “investigados formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social, ante cualquier órgano jurisdiccional”.
Fuentes del PP aseguraron a elDiario.es tras la imputación de la alcaldesa de Villa del Prado que este código no era aplicable a Rodríguez Palomino porque “prevaricación administrativa no es corrupción”. “En este caso no ha habido un enriquecimiento ilícito vinculado a su cargo”, apuntaban desde el PP madrileño.
Esta interpretación ha sido mantenida en el tiempo por el PP de Ayuso que no ha obligado a renunciar a la alcaldesa ni cuando se dictó auto de pase a procedimiento abreviado contra ella, equivalente al procesamiento, tampoco con la apertura de juicio oral, ni siquiera con la celebración del juicio en la Audiencia Provincial, visto ya para sentencia. Por contra, Rodríguez Palomino no integró la lista a la Asamblea de Madrid en 2019 ni en 2023.
Durante su declaración, la alcaldesa ha defendido que el Consistorio no tenía medios humanos ni técnicos para organizar los concursos, si bien ha quedado acreditado que otros contratos que no eran de fontanería o electricidad, como los referidos, sí fueron objeto de concurso público.
