La ‘granja de los horrores’ de Mallorca con certificado de bienestar animal: gallinas sin ver el sol y con cadáveres «putrefactos»

Una macrogranja de Mallorca, situada en el municipio de Llucmajor, vuelve a estar bajo la lupa de las organizaciones animalistas y ecologistas, que denuncian el maltrato animal y la perniciosa situación en la que viven las gallinas, lo que supone también un peligro para la salud pública. El interior de esta macrogranja presenta unas condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas, según las imágenes inéditas de las asociaciones ARDE y Satya Animal grabadas entre los días 21 y 29 de abril, a las que ha accedido en primicia elDiario.es. Estos hechos supondrían un incumplimiento del artículo 6 del real decreto de normas básicas de ordenación de las granjas avícolas que regula las condiciones higiénico-sanitarias y de bioseguridad de las explotaciones.

Las entidades, que han denunciado los hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y abandono animal por la ausencia de supervisión veterinaria, han documentado cómo las gallinas camperas no han tenido acceso al exterior de las instalaciones entre los días 24 y 29 de abril. Además, lamentan que, pese a todo, la empresa cuenta con el certificado de bienestar animal Welfair. Fuentes de la Fiscalía confirman a elDiario.es que la denuncia se registró el miércoles 21 de mayo sobre las 9 de la mañana.

Las imágenes muestran que los animales se encuentran en condiciones penosas. Las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluso con esqueletos y otros animales, como ratas (vivas o envenenadas) y erizos. Las organizaciones alertan de que la presencia de otras especies en la granja puede conllevar “riesgo de transmisión de enfermedades a humanos”, como la salmonella (intoxicación alimentaria) o la leptospirosis (infección de la sangre), entre otras.

En este sentido, el informante anónimo que documentó la situación del interior de la granja explica a elDiario.es que “nada más dar un paso, había ratas corriendo para arriba y abajo de las estructuras”. “Vi un cadáver y distinguí que era una rata únicamente por la cola”, añade. Según su testimonio, había extintores caducados y contenedores con cadáveres “en estado de putrefacción repletos de gusanos”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con las conselleries de Agricultura, Pesca i Medi Natural y Habitatge, Territori i Mobilitat para preguntarles por la situación de la granja de Llucmajor, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica este reportaje. Es el Govern balear —presidido por Marga Prohens, del PP—, quien tiene las competencias en la materia. Tampoco ha contestado el certificado Welfair.

Una rata dentro de las instalaciones de la macrogranja de Mallorca.

“Los consumidores creen que apoyan el bienestar animal”

“El consumidor paga más por este tipo de huevos pensando que las gallinas tienen acceso al aire libre, pero esta expectativa no se cumple”, denuncia a elDiario.es Julia Elizalde, portavoz de ARDE (acrónimo de Animal Respect & Defence of the Environment), quien considera que la granja “podría estar incurriendo a su vez en un delito de estafa”.

En la misma línea, Marina Sánchez, presidenta de la asociación mallorquina Satya Animal, critica a este diario que los consumidores “son engañados, creyendo apoyar el bienestar, cuando en realidad están financiando la explotación y el sufrimiento animal en una granja en situación totalmente irregular”.

Cabe destacar también, como apuntan ambas asociaciones, que la granja de Llucmajor recibió fondos europeos por valor de 381.777 euros a través del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears (2014-2020) para la construcción y adquisición de equipos para la instalación de un centro de clasificación de huevos.

Un erizo junto a una gallina. Las entidades ecologistas advierten del riesgo de enfermedades por este tipo de situaciones.

La empresa presume de producto

La macrogranja, que está explotada por la marca Avícola Ballester (dentro de la cual está la empresa Avícola Son Perot S.A.), se presenta en su web como “una de las empresas más competitivas en el sector”, con granjas distribuidas en los municipios de Manacor, Porreres y Llucmajor.

El objetivo es, señala la empresa avícola, “dar respuesta a las necesidades del mercado y abastecer la gran demanda” que hay en el sector hotelero balear y en las grandes superficies, aunque afirman que también trabajan con “los pequeños negocios de toda la vida”. “Avícola Ballester se ha identificado desde sus inicios con el valor del producto autóctono, de máxima frescura y calidad, poniéndolo a disposición del cliente en un periodo de tiempo muy breve desde su puesta”, aseguran. El presidente del consejo de administración es Onofre Ballester Veny, según viene reflejado en el Registro Mercantil.

Estas gallinas, que viven en condiciones insalubres, cuentan con un certificado de bienestar animal.

La macrogranja dispone de seis naves con una capacidad máxima autorizada de 135.696 gallinas y un estercolero de 4.835 metros cuadrados, según consta en el proyecto presentado ante el Govern. Entre ellas, 54.672 estarían alojadas en jaulas; 63.024 bajo la categoría de camperas y 18.000 en producción de aviario.

Multa de 150.000 euros

Hace poco, los dueños de la granja de gallinas ponedoras recibieron una sanción del Govern, de 150.000 euros, por no tener la autorización ambiental integrada. Esto va en contra de lo que dictamina el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta en estos casos para regular la contaminación. La multa la recibieron de parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, un órgano dependiente de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat. Pero las consecuencias del incumplimiento aún tienen que determinarse por completo. “Se trata de una actividad ilegal que fue sancionada y está siendo investigada en la actualidad”, señalan fuentes de ARDE a este diario, que lamentan que pese a todo la empresa nunca ha dejado de operar.

Además, recientemente, el 23 de mayo, entró en vigor el Decreto-ley 1/2025, de medidas urgentes para la protección de las personas y del medio natural en relación con determinadas explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral en Balears. La disposición adicional cuarta de este decreto-ley, que modifica la ley agraria balear, establece que las nuevas explotaciones avícolas, así como las ampliaciones de las ya existentes, podrán autorizarse únicamente si respetan unas distancias mínimas al suelo urbano residencial, determinadas según su capacidad ganadera.

En el caso de la granja de Llucmajor, esta se encuentra a aproximadamente un kilómetro de los núcleos urbanos de Tolleric y Badia Gran. Si la explotación supera las 80.000 gallinas ponedoras, según la nueva normativa, “debe mantener una distancia no inferior a 6.000 metros lineales respecto al suelo urbano residencial más cercano”. Aunque la granja ya está en funcionamiento, lo hace sin la autorización ambiental integrada. Por tanto, si se pretendiera tramitar cualquier nueva autorización, esta debería ajustarse a las exigencias del nuevo decreto-ley, requisitos que actualmente la explotación no cumple.

Suciedad dentro de la macrogranja.

“Foco de contagio” de enfermedades

Las asociaciones ARDE y Satya Animal han presentado un informe veterinario ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears, al cual ha accedido elDiario.es, en el cual el profesional señala que en el interior de la granja hay “riesgos de bioseguridad tanto para los animales como para el personal y potencialmente para los consumidores”.

Entre estos riesgos, detalla la presencia de otros animales en las instalaciones, como “abundantes roedores” (alguno incluso con signos de estar enfermo), entre las aves y su alimento; cadáveres en diferentes estados de descomposición (tanto en el suelo de la nave como entre las aves vivas), lo que es “una fuente importante de contaminación” y falta de higiene de la granja, ya que “la mayoría de la superficie está cubierta de polvo, aves muertas y telarañas”.

Según el veterinario, hay defectos en el aislamiento de la nave “debido a los posibles desperfectos causados por los roedores” y se señala que el almacenaje de los huevos se encuentra en un lugar abierto donde pueden entrar las ratas, contaminando los productos. “Todo ello favorece la diseminación de enfermedades poniendo en riesgo la vida de las aves, los trabajadores y los consumidores de tales productos”, afirma el profesional, que añade en su informe que se evidencia “una inadecuada limpieza” y, por lo tanto, una inadecuada “desinfección”.

Las gallinas, a oscuras y amontonadas en la macrogranja.

Respecto a la presencia de animales enfermos, el veterinario destaca en su informe que son un foco de contagio. Así, afirma que en varias ocasiones se ven imágenes de aves o roedores con signos de enfermedad. Algunas de las enfermedades infecciosas que podrían tener las aves son las bacterianas y víricas. Se destacan las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se pueden transmitir de animales a humanos. Entre ellas, la peste aviar (influenza); la enfermedad de Newcastle (conocida como la pseudopeste aviar); la salmonelosis (intoxicación alimentaria) y la campilobacteriosis (provoca gastroenteritis). 

Además, se señala la leptospirosis (puede afectar a diversos órganos como el hígado o el riñón y causar incluso la muerte si no es tratada a tiempo), ya que “una de las fuentes de contagio más comunes son los roedores”.

Así, el veterinario concluye en su informe que hay una falta de control “tanto por parte de los trabajadores como por parte del propietario de la explotación”, así como una falta de supervisión veterinaria hacia los animales y la higiene de la explotación. “Hay un riesgo hacia la integridad física, ya no solo de las aves que se encuentran dentro de las naves, sino para el personal y su entorno, así como para el consumidor de los productos”, detalla el profesional.

Finalmente, el veterinario considera que se están incumpliendo dos principios básicos del sello Welfair de bienestar animal. En primer lugar, no se cumple el estado de buena salud de los animales, ya que debe de haber ausencia de lesiones, enfermedades y dolores. En segundo lugar, tampoco se cumple el principio de “comportamiento social adecuado”, lo que implica ausencia de conductas negativas —como peleas o desplazamientos de los animales—. “No se puede determinar el cumplimiento o no del resto de principios básicos de bienestar animal (respecto a la alimentación y zona de descanso), ni las etapas de transporte y sacrificio de los animales”, concluye el informe, en base al material audiovisual inspeccionado.

Las gallinas vivas conviven con cadáveres de su misma especie.

Rechazo a la construcción de otra macrogranja

La empresa avícola planeaba construir otra macrogranja en el municipio de Sineu (Mallorca) que recibió la oposición frontal de los vecinos y la denegación de la autorización por parte del Govern. Avícola Son Perot contemplaba la proyección de una granja de 750.000 gallinas ponedoras, distribuidas en 10 naves, que hubieran producido unos 156 millones de huevos al año. Según denunció Greenpeace, hubiera sido “la más contaminante de todo el territorio español” de haber salido adelante. Además, hubiera consumido más de 61.000 m³/año de agua, el equivalente a unas 25 piscinas olímpicas, en una isla que ya de por sí sufre una enorme presión sobre sus recursos hídricos.

Uno de los carteles contra el macroproyecto colocado en el Ajuntament de Sineu.

El proyecto fracasó después de que el Govern balear de Marga Prohens denegara la autorización ambiental, como informó elDiario.es, lo cual era un requisito imprescindible para que pudiera salir adelante. Anteriormente, el Ajuntament de Sineu, gobernado por el PP, había acordado la suspensión temporal del otorgamiento y admisión a trámite de toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas vinculadas a actividades ganaderas intensivas en el ámbito de todo el suelo rústico del municipio. De hecho, las intenciones de Avícola Son Perot pasaban por cerrar de forma progresiva las instalaciones de Llucmajor para trasladar su actividad a Sineu, pero el proyecto ha sido rechazado.

El objetivo del traslado, según el proyecto al que tuvo acceso elDiario.es, pasaba por adaptar su actividad “a las nuevas necesidades de mercado, cumpliendo la normativa vigente y con los últimos avances tecnológicos para garantizar el bienestar de los animales, optimizar la producción de huevos y minimizar el posible impacto ambiental de la actividad”.

La versión de Avícola Son Perot

elDiario.es se ha puesto en contacto con Avícola Son Perot, con el objetivo de contrastar la información que iba a ser publicada y recabar su versión, que este diario pasa a reproducir en su totalidad:

“Avícola Son Perot reafirma su compromiso con el bienestar animal y la legalidad de sus instalaciones. Ante las recientes informaciones y contactos relacionados con una posible denuncia por parte de determinadas organizaciones sobre el estado de nuestras instalaciones en Llucmajor, desde Avícola Son Perot deseamos manifestar lo siguiente: Todas nuestras granjas, incluyendo la de Llucmajor, están sometidas a rigurosos controles internos y externos. En particular, contamos con la certificación en Bienestar Animal Welfair, otorgada por AENOR, uno de los organismos de evaluación más reconocidos a nivel europeo. De hecho, el pasado martes 20 de mayo se llevó a cabo la auditoría anual correspondiente en la granja de Llucmajor, superándose con normalidad.

Asimismo, nuestras instalaciones reciben inspecciones periódicas por parte de los servicios veterinarios y técnicos de la Administración Balear, cumpliendo siempre con los estándares de calidad, seguridad y bienestar exigidos por la normativa vigente. Por todo ello, entendemos que cualquier inquietud sobre el estado de nuestras granjas queda debidamente aclarada. Finalmente, informamos de que nuestro Departamento Jurídico permanece atento a cualquier posible publicación sobre este asunto y actuará en consecuencia si se considera que se vulneran los derechos e intereses legítimos de la empresa“.

Fuentes de Avícola Son Perot S.A. añaden que sus granjas están certificadas en bienestar animal, certificación vigente hasta noviembre del 2025. Precisamente el pasado 20 de mayo los responsables de AENOR, empresa certificadora del sello de bienestar animal Welfair, realizaron una inspección de renovación en el interior de la granja de Llucmajor que inicialmente fue positiva a falta de completar documentación, señalan las mismas fuentes.

La empresa vende en grandes supermercados

Este diario también ha contactado con los supermercados Mercadona, Eroski y Alcampo, que venden los huevos de esta granja en Mallorca, sin haber recibido respuesta del último. Mercadona responde que Avícola Son Perot “es uno” de sus “15 proveedores de huevo, todos ellos certificados en Bienestar Animal”. “No tenemos constancia” de lo que se publica en este reportaje, se limitan a señalar las fuentes consultadas.

En cuanto a Eroski, la cadena asegura que no tolera “ningún incumplimiento en materia de bienestar animal o higiene sanitaria”. “Por eso, exigimos a todos nuestros proveedores el cumplimiento estricto de la normativa vigente y, en el caso de productos certificados, el cumplimiento de los estándares adicionales que acreditan los sellos correspondientes”, argumenta a este diario.

Respecto a la granja de Llucmajor, Eroski afirma que “ha realizado auditorías periódicas a una muestra de sus granjas y centros de clasificación” en las que “no se han detectado las prácticas de higiene descritas”. “La granja mencionada dispone de la certificación Welfair de Bienestar Animal, expedida por AENOR”, señala la cadena. En este sentido, comenta que “la última auditoría de bienestar animal se realizó el pasado 20 de mayo de 2025, sin que se detectaran incidencias que comprometieran la validez del certificado”.

No obstante, tras la información trasladada por elDiario.es, Eroski adelanta que ha iniciado “una revisión inmediata” con su proveedor “para comprobar que se mantienen en todo momento las condiciones requeridas”. “Si se detectase alguna irregularidad, actuaremos con total firmeza, como ya hemos hecho en otras ocasiones, aplicando los protocolos establecidos para la suspensión de suministro”, concluyen.