La magistrada estima la petición de retrasar las comparecencias de Carlos Mur y otros imputados, que alegan que no han tenido acceso a las actuaciones y no pueden defenderse, mientas los abogados de las víctimas denuncian una «estrategia dilatoria»
Una jueza imputa por primera vez a altos cargos de Ayuso por los protocolos de las residencias en la pandemia
La magistrada que investiga a varios antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid por las muertes de ancianos en residencias durante la pandemia ha decidido suspender la declaración de varios imputados, a las que pondrá una nueva fecha más adelante. La jueza ha aceptado las alegaciones de, entre otros, el imputado Carlos Mur –entonces coordinador sociosanitario de la administración de Isabel Díaz Ayuso– en las que se quejaban de que no habían tenido acceso a las actuaciones y no podían defenderse.
Decenas de víctimas han estado toda la mañana frente a los juzgados de Madrid. Con pancartas de “verdad, justicia, reparación”, una gran lona con el número 7.291 pintado en negro y gritos de “vergüenza” y “no se iban a morir igual”, han acogido con tristeza la noticia del retraso de las declaraciones de los imputados. “Lamentablemente han planteado una suspensión, tenemos muy claro que 7.291 discriminaciones no van a quedar impunes”, ha dicho Eduardo Ranz, uno de los tres abogados que representa a las víctimas junto con Alejandra Jacinto y Carlos Castillo.
“Las declaraciones se han suspendido, pensamos que es una estrategia, una maniobra dilatoria de las defensas, desde el uno de abril hay un auto dictado por la jueza en el que se les citaba como investigados, han tenido dos meses para poder instruirse y venir el día de la declaración a decir que no tienen conocimiento pensamos que es una estrategia dilatoria”, ha añadido Jacinto.
La causa en la que ha declarado Mur fue archivada pero el juzgado optó por reabrir las diligencias después de una nueva denuncia de las víctimas apoyada por la Fiscalía de Madrid. Más de un centenar de familiares de fallecidos presentó nuevas reclamaciones en el Ministerio Público tras el archivo de varios casos en distintos juzgados de la región y en este caso, por primera vez, la magistrada ha decidido llamar como imputados no a los sanitarios y responsables de las residencias investigadas sino al firmante de los protocolos: Carlos Mur.
Esta no es la primera vez en que Mur, coordinador sociosanitario de la administración de Ayuso durante lo peor de la pandemia, comparece en un juzgado, aunque hasta la fecha siempre lo había hecho como testigo. Sus explicaciones, hasta la fecha, siempre han sido similares: los protocolos se crearon para que los sanitarios tuvieran algún criterio al que agarrarse cuando Madrid registraba cientos de muertos al día, y su aplicación siempre estuvo sujeta al criterio de los facultativos y sus coordinadores.
En otra de sus comparecencias como testigo o en la Asamblea de Madrid en 2021 llegó a señalar a su sustituto, Javier Martínez Peromingo, como responsable también de esos protocolos. Martínez Peromingo es otro de los imputados en el caso.
Estos argumentos, hasta ahora, habían sido suficientes para que varios juzgados archivaran las causas abiertas en torno a muertes en residencias de Arganzuela, San Blas o incluso localidades como Torrelodones. En uno de estos casos, un juzgado calificó de “discutibles” los protocolos y las decisiones políticas tomadas por la Comunidad en esas primeras semanas de pandemia, pero coincidió con sus compañeros en señalar que la vía penal no era el camino para exigir responsabilidades dado el caos sanitario que caracterizó esos días en residencias y hospitales de la capital.
La causa ahora queda en suspenso hasta que la magistrada establezc una nueva fecha para que los imputados declaren, una vez sus abogados tengan acceso a toda la causa judicial y los informes y declaraciones que hay en ella.
