Un tribunal administrativo ha suspendido cautelarmente el concurso de ideas, que el Ministerio de Vivienda no podrá resolver hasta que no se decida sobre el fondo del asunto, una medida solicitada en uno de los nueve recursos presentados contra los pliegos lanzados el pasado abril
Se abre el concurso de ideas para Cuelgamuros con un plazo estimado para su transformación de más de cuatro años
El Valle de Cuelgamuros afronta un nuevo capítulo de la estrategia enarbolada para frenar todo lo que suene a memoria histórica en su interior. En esta ocasión la maniobra se divide en varios frentes pero confluye en una cascada de recursos presentados ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra el pliego del concurso de ideas lanzado por el Ministerio de Vivienda para resignificar el mausoleo franquista. El tribunal ha estimado la medida cautelar solicitada en uno de ellos y ha paralizado provisionalmente la resolución del certamen, del que saldrá un proyecto definitivo.
El recurso sobre el que se ha pronunciado el tribunal es uno de los siete interpuestos por un grupo de arquitectos que parecen haberse coordinado con un mismo objetivo: todos están calcados y fechados el mismo día, el 8 de mayo, pero están suscritos por ocho nombres diferentes –dos firman uno–, según la documentación a la que ha accedido elDiario.es. A ellos se suma un recurso más de Abogados Cristianos y un noveno de otro arquitecto, que usa argumentos similares aunque no literales, y que es firmante del manifiesto franquista lanzado por la Plataforma 2025 este año para contrarrestar los actos por el 50 aniversario de la muerte del dictador.
La estrategia ha tenido, de momento, un efecto: el tribunal ha estudiado el recurso presentado por el arquitecto Benjamín Cano Domínguez y ha considerado que “los perjuicios que podrían derivarse de la continuación” del procedimiento “son de difícil o imposible reparación”, por lo que acepta la cautelar hasta que resuelva el fondo y los argumentos a los que apela este particular, según consta en la resolución.
La decisión, sin embargo, no es inmediata porque no afecta “al plazo de presentación de ofertas” al certamen, que es la fase actual, por lo que se podrán seguir recibiendo candidaturas hasta el 16 de junio. Ese es el plazo marcado para la elección de los diez proyectos finalistas, algo que el Ministerio de Vivienda no podrá hacer si para entonces el tribunal no se ha pronunciado. Con todo, el ministerio confía en que la resolución llegue antes de la fecha límite y engloba la batería de recursos “en una estrategia para dilatar y entorpecer” la resignificación, sostienen fuentes del mismo.
Un arquitecto a favor de Franco
Los siete recursos van firmados por ocho arquitectos que trabajan en diferentes estudios de arquitectura y todos piden lo mismo: la anulación de los pliegos con los que el Gobierno quiere transformar el mausoleo franquista para convertirlo en un lugar de memoria democrática y cuyos detalles fueron pactados por el Ejecutivo con el Vaticano y el Arzobispado de Madrid. Las condiciones recurridas abarcan todo el proyecto, que costará unos 31 millones de euros, tanto el concurso, que se prevé que finalice en octubre, como la adjudicación posterior de las obras al proyecto ganador.
Además de Benjamín Cano Domínguez, figuran entre los recurrentes Fernando Antolín, Alfonso Rubinos, José Antonio Sancho, Antonia María Segura y Cristina del Río. Otros dos escritos los suscriben Diego Cano Pintos y Carlos Miguel Iglesias, ambos profesores de la Universidad CEU de Madrid. Todos alegan que el Ministerio de Vivienda no es competente para lanzar el concurso y aluden a la “inviolabilidad” de los lugares de culto para reclamar la suspensión.
Paralelamente, un noveno arquitecto ha interpuesto otro recurso con el mismo fin y similares argumentos, aunque el texto del mismo no está calcado como en los otros casos ni fue presentado en la misma fecha. Se trata de José Ismael de la Barba Palacio, ya conocido por haber suscrito un informe a propuesta de la Fundación Francisco Franco que se utilizó de base de decenas de demandas formuladas en 2019 con un objetivo similar: frenar la exhumación del dictador.
Aquella estrategia se parece a la puesta en marcha para intentar paralizar la resignificación del complejo mandado construir por Franco para honrar su victoria en la Guerra Civil. Las demandas estaban calcadas y se presentaron en diferentes juzgados para ver si alguna era aceptada. Un juez, José Yusty Bastarreche, admitió una de ellas a trámite y ordenó paralizar la exhumación dando por bueno el informe suscrito por de la Barba Palacio. Ambos, arquitecto y magistrado, son dos de los firmantes del manifiesto en defensa de Franco y que apoyan las figuras más destacadas del universo franquista: desde Tejero o los nietos del dictador a una treintena de militares retirados.
Los arquitectos no son los únicos que han usado la vía administrativa para detener la resignificación de Cuelgamuros. También Abogados Cristianos ha promovido otro recurso más –de nuevo agarrándose a motivos parecidos pero no literales–. Es una más de las estrategias iniciadas por la asociación ultra contra la resignificación, que ya pidió suspender poco después de que el Gobierno lanzara el concurso de ideas ante la Audiencia Nacional alegando que la intervención en la basílica podía constituir incluso “un delito de profanación”.
“Libertad religiosa y de culto”
Son varios los argumentos que utilizan los arquitectos para oponerse al pliego: por un lado, consideran que el Ministerio de Vivienda carece de competencias porque el mausoleo no le pertenece. Así, insisten en que su titularidad corresponde a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en cuyo patronato está Patrimonio Nacional, y aseguran que esta no ha intervenido en la decisión. Por otro lado, denuncian que han quedado al margen de la misma la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde se ubica Cuelgamuros, y que son quienes tienen competencias urbanísticas y patrimoniales, argumentan los textos.
Además, hacen referencia a la “inviolabilidad de los lugares de culto” y mencionan los Acuerdos suscritos por el Gobierno con la Santa Sede en 1979. La resignificación, que el ministro Félix Bolaños pactó con el Vaticano y el Arzobispado de Madrid en una reunión en febrero, contempla la permanencia de los monjes benedictinos en la basílica y descarta su desacralización, pero sí permite intervenir el complejo a excepción del altar mayor y las bancadas adyacentes. Los recurrentes reclaman la publicación del acuerdo y mencionan una nota de prensa en la que la Conferencia Episcopal cargaba contra el Gobierno por no “contar con la Iglesia” para acordar los “pormenores” del concurso.
Los otros recursos utilizan argumentos similares: Abogados Cristianos, acostumbrado a oponerse a todo lo que tenga que ver con el Valle de Cuelgamuros, califica a Vivienda de órgano “manifiestamente incompetente” y considera que la iniciativa “vulnera acuerdos vigentes con una entidad religiosa” e incluso “infringe convenios internacionales”. Los ultras añaden otro motivo y reclaman la nulidad de los pliegos –que tienen “una finalidad política e ideológica”, apuntan– porque “infringen el derecho a la libertad religiosa y de culto”, escriben en su recurso.
Fuentes del Ministerio de Vivienda se muestran confiados en que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tome una decisión antes del 16 de junio para que la finalización de esta primera fase del certamen no se vea afectada –después comenzaría una segunda que acabaría con un proyecto ganador– e insisten en que a día de hoy pueden seguir presentándose propuestas. El departamento dirigido por Isabel Rodríguez cuenta con que la resolución será favorable y los recursos no prosperarán.
Entre otras cosas porque existe “un convenio formalizado el 27 de marzo de este año” entre varios ministerios y la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos cuyo objetivo es “el impulso del concurso”, esgrimen fuentes de Vivienda, que insisten en que con eso se zanjan las alegaciones relacionadas con las competencias y la titularidad del mausoleo que ponen sobre la mesa los recurrentes. Además, contradicen a los arquitectos y apuntan a que el ministerio sí tiene competencias en arquitectura y edificación y ponen el foco en el acuerdo entre Bolaños y la Iglesia para contrarrestar el argumento de la “inviolabilidad de los lugares de culto”.
La estrategia de intentar acabar con cualquier acto de memoria histórica en Cuelgamuros no es nueva: ya ocurrió con la exhumación del dictador y también con los trabajos iniciados por el Gobierno para sacar de las criptas a las víctimas de la Guerra Civil allí enterradas y cuyos restos reclaman sus familiares. Desde que se pusieran en marcha las obras, una cascada de recursos de particulares y asociaciones, entre ellas la Fundación Francisco Franco, intentó entorpecer el proceso. Los trabajos fueron desarrollándose al tiempo que algunas decisiones judiciales los paralizaban hasta que hace un par de meses el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les dio luz verde.
