Justifica la decisión por razones de «interés general». A partir de ahora, el Consejo de Ministros tendrá 30 días naturales para analizar la propuesta de compra y podrá mantener las condiciones que decidió Competencia o exigir otras distintas
Las claves de la consulta pública sobre la OPA del BBVA sobre Sabadell: quién participa, cuándo y sus consecuencias
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha decidido elevar al Consejo de Ministros la decisión final de la oferta de compra (OPA) de BBVA por Banco Sabadell. De este modo, el Gobierno tendrá un plazo adicional, de 30 días naturales, para decidir sobre el fondo de la operación.
Economía ha dado este paso después de lanzar una consulta pública, para que “ciudadanos, asociaciones y organizaciones” aportasen su valoración sobre una oferta de compra que cambiará la estructura bancaria en España. Este análisis, no vinculante, ha servido al Ministerio encabezado por Carlos Cuerpo para decidir que la propuesta acabe viéndose en el Consejo de Ministros.
“La consulta pública ha sido útil para conocer el pulso de la sociedad civil”, ha defendido el ministro en la puerta del Senado, este mismo martes, ante los micrófonos de los medios de comunicación. “Esa valoración cualitativa señala esas razones de interés general” que llevan a valorar la operación en Moncloa. “La consulta en ningún momento es vinculante”, ha recordado. También ha apuntado que “cinco ministerios han solicitado la elevación” de la decisión al Consejo de Ministros. Concretamente, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Trabajo, Seguridad Social, Industria y Consumo.
En un comunicado enviado prácticamente al mismo tiempo de las declaraciones de Carlos Cuerpo, Economía ha reiterado que, en la orden de elevación, “el ministro fundamenta la decisión por razones de interés general distintos de la defensa de la competencia, relacionados con el potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social”.
También apunta que “la decisión se produce una vez recibido el expediente de concentración y la resolución del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)”. “Esta última”, añade, “recogía diversos compromisos, a cuyo cumplimiento queda subordinada la autorización de la operación”, ahonda sin dar más detalles.
Dentro del Ejecutivo de coalición, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha adelantado la oposición de Sumar a la integración de los dos bancos. “Nos oponemos absolutamente a la absorción”, recalcó este lunes en Barcelona. “No se puede hacer esta operación teniendo a toda Catalunya enfrente”, recalcó Díaz.
A partir de ahora, el Gobierno tendrá que analizar los detalles de este movimiento corporativo y tendrá sobre la mesa, no solo esas aportaciones recopiladas por Economía. También, la decisión que ya tomó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que dio el visto bueno a la operación, pero con condiciones. En concreto, el organismo presidido por Cani Fernández impuso requisitos al percibir que la “operación supone una amenaza para la competencia efectiva en determinados ámbitos del mercado de banca minorista y de servicios de pagos”, según explicó.
Por ejemplo, identificó 96 municipios en los que, tras la operación, se supera la cuota conjunta del 50%. El visto bueno de la CNMC está condicionado a que BBVA mantenga la presencia física en parte de los 1.094 municipios en los que tienen oficinas tanto la entidad vasca como la catalana que aspira a comprar, como contamos en este tema. En concreto, la entidad con sede en Bilbao se comprometió a que la futura entidad no cierre oficinas cuando no haya otra de BBVA o de Sabadell a menos de 300 metros. Tampoco, en códigos postales con renta per cápita inferior a 10.000 euros. Y se comprometió a mantener las condiciones comerciales que haya acordado con clientes particulares, autónomos y pymes en aquellos códigos postales en los que haya menos de cuatro competidores. También tiene que poner en marcha una cuenta para clientes vulnerables, ya sean de Banco Sabadell o de BBVA.
El calendario por delante
El Consejo de Ministros tendrá que analizar estos compromisos. Podrá validarlos o imponer otros diferentes, más o menos estrictos. Si opta por ampliarlos, se abre incluso la puerta a que BBVA se plantee retirar la propuesta de compra, como ya ha dejado caer la entidad en varias ocasiones. “El escenario de renunciar siempre ha estado ahí”, aseguraba hace unas semanas el consejero delegado del BBVA, Onur Genç.
Solo en el caso de que Moncloa apruebe en el próximo mes la operación, con condiciones que convenzan a BBVA para seguir adelante, llegaría el momento en el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tendrá que dar luz verde al intercambio de acciones, con la aprobación del folleto de la OPA. En ese momento, empezaría el periodo de aceptación de la oferta por parte de los accionistas del Sabadell.
Ese plazo de aceptación, el tiempo en el que los accionistas de Sabadell pueden decidir si venden o no las acciones, tiene que prolongarse entre 30 y 70 días, porque BBVA cotiza no solo en España, también en Estados Unidos, y el regulador de la banca de ese país (la SEC o Securities and Exchange Commission) establece este periodo de tiempo. Eso dejaría el desenlace de la OPA en plenos meses estivales, cuando los mercados financieros y bursátiles bajan el paso.
