El hedor insoportable de la ‘granja de los horrores’ de Mallorca que desespera a los vecinos: «Hemos dejado de comer fuera»

Despiertan con el tufo y vuelven a la cama entre moscas u olor a excremento. Esta es la realidad de centenares de personas que viven cerca de una granja avícola de Llucmajor (Mallorca), que ha sido denunciada ante la Fiscalía de Medio Ambiente por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y abandono animal por la ausencia de supervisión veterinaria, como avanzó elDiario.es. Por este motivo, las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal han exigido su “cierre inmediato”.

Algunos de ellos viven a solo 500 o 600 metros de esta explotación ganadera, lo que les supone un inmenso malestar. Varias urbanizaciones de vecinos —algunos en su casa habitual y otros con segundas residencias— llevan años envueltas en una cápsula de mal olor que les persigue dentro o fuera del domicilio, desde los jardines hasta las estancias interiores. Es el relato que se traza entre las viviendas más próximas a la instalación de gallinas ponedoras, explotada por la marca Avícola Ballester, propietaria de la empresa Avícola Son Perot.

La macrogranja dispone de seis naves con una capacidad máxima autorizada de 135.696 gallinas y un estercolero de 4.835 metros cuadrados, según consta en el proyecto presentado ante el Govern. Entre ellas, 54.672 estarían alojadas en jaulas; 63.024 bajo la categoría de camperas y 18.000 en producción de aviario. Entre otras cosas, los vecinos y vecinas denuncian las emisiones de amoníaco que produce la granja, siendo este un gas contaminante que emana de la descomposición de excrementos.

Nati, quien vive en la urbanización de Tolleric —a un kilómetro de la granja—, compró la casa en la que vive en 2003. Entonces, según su relato, ya llegaban olores de la granja, pero en ningún caso como ahora. “Cuando se volvió insoportable fue a partir de 2019: pasamos de olores puntuales a que fuera insostenible”, señala a elDiario.es. “Tenemos que cerrar puertas y ventanas para que los gases fétidos, posiblemente tóxicos, no entren en las casas”, añade. Pep, quien vive a escasos 500 metros de la granja, afirma a este diario que no puede “comer fuera ni tampoco en la cocina”.

La urbanización de Tolleric, al fondo de la macrogranja.

“Lo último que nos llegó fueron las fotos de las gallinas muertas”

Este vecino lamenta que ha dejado “de hacer celebraciones familiares” debido al hedor que les llega desde la explotación avícola. Igual que sus compañeros, afirma que, aunque los olores y moscas vienen desde el 2017, la situación empeoró a partir de 2019, “cuando empezaron a ejercer la actividad más en serio”. “Lo último que nos llegó fueron las fotos de las gallinas muertas”, afirma a este diario Xisco, vecino de Tolleric. Los vecinos lamentan, además, que la instalación avícola está funcionando de forma irregular, como ha señalado este diario.

Según su relato, cuando en primera instancia registraron sus quejas al Ajuntament de Llucmajor por carecer de autorización ambiental integrada —que depende del Ejecutivo balear—, el Consistorio les decía que “se habían personado en la granja, que todo estaba correcto y que se cumplía con la normativa”. Este diario se ha puesto en contacto con el Ajuntament de Llucmajor, con el objetivo de contrastar esta información, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica este reportaje.

Tras las quejas presentadas ante la administración autonómica, los dueños de la granja sí recibieron una sanción del Govern, de 150.000 euros, por no tener la autorización ambiental integrada. Este requisito es imprescindible, como se desprende del Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta en estos casos para regular la contaminación.

Después de años de quejas y peticiones en las que explicaban insistentemente los problemas de convivencia que generaba la granja —especialmente tras ampliar su producción antes de la pandemia—, la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears —presentada por las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal el pasado 21 de mayo— ha vuelto a darles un halo de esperanza.

La principal contradicción que se extrae es que Avícola Son Perot cuenta con el certificado de bienestar animal Welfair, que acredita el trato responsable y ético hacia los animales en todas las frases de la producción industrial. Además, la empresa estaría incumpliendo el artículo 6 del real decreto de normas básicas de ordenación de las granjas avícolas que regula las condiciones higiénico-sanitarias y de bioseguridad de las explotaciones.

Según las imágenes documentadas por este diario —a través de ARDE y Satya Animal—, las gallinas de la explotación estuvieron sin ver la luz del sol entre los días 24 y 29 de abril. Asimismo, las imágenes muestran cómo los animales viven en condiciones penosas: las gallinas vivas cohabitan con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluso con esqueletos y otros animales, como ratas (vivas o envenenadas) y erizos. Estos hechos suponen, además, un riesgo de transmisión de enfermedades.

Una plataforma vecinal para defenderse

Mientras el proceso avanza y las asociaciones cogen el testigo de una larga lucha vecinal, los afectados en las urbanizaciones mueven sus propias piezas. Hace ya tiempo que algunos residentes de edificios próximos a la granja se aliaron, primero, en asociaciones coordinadas para presionar contra el impacto de las instalaciones avícolas. Recientemente iniciaron un proceso burocrático con el que aspiran a convertirse en una plataforma de pleno derecho. El trámite aún está pendiente de ser revisado por las administraciones competentes. En otoño de 2024 decidieron contratar a un abogado, Lorenzo Peñas Roldán, que les guía en el camino con conocimiento de causa. 

La urbanización Tolleric, vista desde el aire.

Es un lunes por la tarde y Xisco vuelve de trabajar. El olor impregna cada día la vivienda, y no es lo único. El vecino cuenta cómo más de una vez han tenido que colocar tiras adhesivas atrapamoscas por los rincones que, en pocos minutos, acababan repletas de insectos. A diferencia de otros a su alrededor, Xisco no ha pasado toda la vida en la zona de Tolleric, donde se ubica la urbanización en la que ahora reside. En realidad, llegó en 2021. La experiencia de la pandemia le hizo priorizar otro estilo de vida en espacios rústicos al aire libre, así que escogió un lugar a las afueras para ganar calidad de vida. Con esa idea de paz y descanso vino al lugar que hoy le tiene compungido.

Tanto es así que, como trabaja en temas de medio ambiente en el sector privado y tiene experiencia en materia de regulación sostenible, asegura que tardó 10 minutos en descubrir que la empresa no tenía todos los permisos mínimos en su poder. Y, por lo tanto, parte de su actividad era irregular. Xisco se dio cuenta de que los propietarios de la macrogranja carecían de la autorización ambiental integrada, lo cual es obligatorio por ley.

Este vecino decidió enviar por su cuenta una consulta al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, con competencias en la gestión de la calidad del aire y responsable del estado de la atmósfera. “Les envié enlaces con información del proyecto y algunos textos con alegaciones que habíamos presentado antes, y de las que no habíamos obtenido respuesta. Pensábamos que ponerlo en conocimiento de una autoridad superior serviría como toque de atención”, sostiene. Xisco redactó un escrito de 33 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, en el que daba cuenta de las normas que, a su juicio, infringía la actividad de la empresa e incluía imágenes con decenas de moscas atrapadas en una trampa colocada, asegura, durante un día y medio a un kilómetro de la granja.

“Excavan zanjas en el suelo y las meten ahí [a las gallinas], y esas imágenes fueron las que presentamos a la Comisión Balear de Medio Ambiente de la Conselleria [d’Habitatge, Territori i Mobilitat]”. El 22 de marzo del año pasado, Xisco registró un documento de alegaciones al Govern, dirigido a este departamento, al proyecto de granja de gallinas ponedoras que actualmente tiene al lado de casa.

En el justificante de la operación, consultado por este diario, pide tener en cuenta sus comentarios —entre los que se incluye la información de que la empresa carecía de la autorización ambiental integrada— sobre el proyecto y ser informado de las consideraciones que la Comisión de Medio Ambiente pueda hacer al respecto. “Más de un año después, todavía no sé nada”, lamenta, lanzando un dardo a las actuaciones irregulares que atribuye a la compañía denunciada: “No se puede ser más pirata”.

Xisco forma parte de una plataforma vecinal que lamenta los efectos nocivos de la granja.

Nati, otra vecina afectada: “Cuando se volvió insoportable fue a partir de 2019: pasamos de olores puntuales a que fuera insostenible”

“Nadie nos escucha”, denuncia otro vecino

La empresa avícola planeaba construir otra macrogranja en el municipio de Sineu (Mallorca) que recibió la oposición frontal de los vecinos y la denegación de la autorización por parte del Govern. “Allí [en Sineu] las administraciones frenaron un proyecto cuando todavía no se había convertido en un peligro real, pero es que aquí nadie nos escucha”, lamenta Pep, otra de las personas que vive a menos de un kilómetro de la granja de Llucmajor. “Y eso que ya estamos, precisamente, viviendo dentro del problema”, insiste.

Avícola Son Perot contemplaba la proyección de una granja de 750.000 gallinas ponedoras, distribuidas en 10 naves, que hubieran producido unos 156 millones de huevos al año. Según denunció Greenpeace, hubiera sido “la más contaminante de todo el territorio español” de haber salido adelante. Además, hubiera consumido más de 61.000 m3/año de agua, el equivalente a unas 25 piscinas olímpicas, en una isla que ya de por sí sufre una enorme presión sobre sus recursos hídricos.

El proyecto fracasó después de que el Govern balear de Marga Prohens (PP) denegara la autorización ambiental, lo cual era un requisito imprescindible para que pudiera salir adelante. De hecho, las intenciones de Avícola Son Perot pasaban por cerrar de forma progresiva las instalaciones de Llucmajor para trasladar su actividad a Sineu, pero el proyecto ha sido rechazado. El objetivo del traslado, según el proyecto al que tuvo acceso este diario, pasaba por adaptar su actividad “a las nuevas necesidades de mercado, cumpliendo la normativa vigente y con los últimos avances tecnológicos para garantizar el bienestar de los animales, optimizar la producción de huevos y minimizar el posible impacto ambiental de la actividad”.

Xisco calcula que hay unas 9.000 personas vinculadas a las urbanizaciones cercanas a la granja. Aunque en función de la proximidad varía también la afección por los olores o moscas, está organizado junto a otros en su situación distribuidos más allá de su zona, la de Tolleric. Hablamos de las urbanizaciones de Badia Gran, Badia Blava, Puig de Roig, Maioris o Las Palmeras, donde también reside gente que se siente muy incómoda con la situación derivada de la actividad industrial. Una de ellas es Nati, que es vecina directa de Xisco y fue la portavoz de los afectados en una de las quejas conjuntas que se presentaron ante el Govern.

“Han condicionado y están condicionando la vida en las urbanizaciones”, lamenta la afectada, en un escrito registrado ante el Govern el 1 de septiembre de 2022 y que firmaron hasta cinco asociaciones vecinales distintas. Los vecinos y vecinas lamentan que no pueden disfrutar de una vida tranquila, ya que las emisiones contaminantes les impiden “disfrutar del aire fresco en verano”.

La respuesta del Govern llegó el 1 de diciembre, tres meses después. La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic —dependiente de la Conselleria de Transició Energètica—,  organismo al que fue dirigida la denuncia, remitió el escrito al Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera. El responsable, José Carlos Cerro Garrido, dio el visto bueno a la respuesta institucional, firmada por la jefa de la Secció d’Atmosfera, Paula M. Elías Mir. El organismo detalló que había iniciado una investigación a raíz de la solicitud.

Para ello había requerido información a varios servicios autonómicos: el Servei de Ramaderia, FOGAIBA (el Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Balears) o la propia Comisión de Medio Ambiente. Las pesquisas concluyeron que, a fecha del 15 de noviembre de ese año —en base a la información aportada por el titular de la granja Avícola Son Perot S.A.—, la granja de Llucmajor disponía de 117.696 gallinas en total. Por lo tanto, resuelve la autoridad regional que se trata de “una actividad sometida a autorización ambiental integrada (AAI) según lo dispuesto en el epígrafe 9.3. a) del Anexo I, en el Real Decreto Legislativo 1/2016 del 16 de diciembre”. Es decir, el que regula los mecanismos de prevención y control de la contaminación. 

El paisaje que rodea a la granja de Llucmajor no es muy variopinto. A las sucesivas urbanizaciones en zona rústica, cuya superposición se aleja poco a poco de las instalaciones avícolas y se acerca al centro, le sigue un terreno más árido que se usa para otras tareas en el campo o algún negocio de agroturismo. Un poco más lejos, señalan los vecinos consultados, también hay un hotel “bastante lujoso” que, aunque se halla a más distancia del foco oloroso, intuyen que ha podido tener problemas al respecto.

Cuando aumentan las temperaturas, como ocurre en la actual época del año, la situación empeora para los vecinos y vecinas de estas urbanizaciones, ya que necesitan intensificar el consumo eléctrico para climatizar el ambiente —con los consiguientes gastos adicionales— para intentar reducir los malos olores. “Lo pasamos verdaderamente mal”, reconocen en uno de sus escritos ante el Govern balear, en referencia a las elevadas temperaturas que se registran cuando llega la primavera y, sobre todo, el verano.

elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con Avícola Son Perot para recabar su versión de los hechos sobre las quejas vecinales, sin haber obtenido todavía respuesta.