La Asamblea de Extremadura debe pronunciarse sobre la condición de aforado del líder regional del PSOE, lo que elevaría la causa al Tribunal Superior de Justicia y dejar sin efecto la apertura de juicio ordenado por la jueza. Además, la Audiencia Provincial debe resolver los recursos que piden el archivo
Gallardo dimite como presidente de la Diputación de Badajoz y ofrece al PP acabar con los aforamientos tras obtenerlo él
El aforamiento del secretario regional del PSOE en Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, unas horas antes de que un juzgado de instrucción decidiera abrir juicio oral por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución provincial ha introducido la causa en un laberinto procesal con tantas opciones como dudas.
Las prisas de Gallardo por convertirse en diputado autonómico forzando la dimisión de una compañera y la renuncia de cuatro personas más que le antecedían en la lista electoral de 2023 van en consonancia con la urgencia que ha demostrado la jueza Beatriz Biedma por firmar un auto de apertura de juicio oral contra Gallardo, David Sánchez y nueve trabajadores de la Diputación de Badajoz, la mayoría cargos socialistas. Biedma, en contra de su propio criterio, no ha esperado a la resolución de los recursos de la defensa de Sánchez y de la Fiscalía en la Audiencia Provincial, que considera que en el auto de procesamiento no existen indicios, sino solo “conjeturas e hipótesis”, por lo que ha pedido el archivo de la causa.
Se trata de un asunto crucial porque podría evitar que los acusados se sentaran en el banquillo. Pero en el caso de enfrentarse a un juicio, como quiere la instructora, la nueva condición de aforado de Miguel Ángel Gallardo, podría llevar el proceso hasta la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en lugar de a la Audiencia Provincial de Badajoz, de la que forman parte la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, y los magistrados Manuela Eslava y Antonio María González Floriano.
Pero la instructora tiene dudas sobre la condición de diputado y aforado del líder socialista y por eso ha pedido información al letrado mayor de la Asamblea de Extremadura y toda la documentación sobre ese proceso a la junta electoral, que hace una semana emitió la credencial y quedó registrada solo 24 horas antes de que la jueza decidiera abrir juicio oral.
Toma de posesión, el jueves
Las dudas de la jueza vienen por el inusitado aforamiento exprés de Gallardo, que no tomará posesión de su escaño hasta el pleno de este jueves y precisamente por ese hecho algunos expertos en Derecho defienden que aún no tiene la condición plena de diputado.
Otros, como el profesor de Derechos Constitucional y de la Unión Europa, Gabriel Moreno, recuerdan que el Tribunal Constitucional considera que se dispone de la condición de diputado en el mismo momento en que se recibe la credencial de la Junta Electoral correspondiente sin necesidad de que se lleve a cabo el acto de toma de posesión en el que se jure o promete acatar la Constitución.
Por lo tanto, a día de hoy la causa por la contratación de David Sánchez en la Diputación continúa en el juzgado de instrucción de Badajoz a la espera de esos informes. De hecho, no ha entrado en el TSJEx, según del alto tribunal extremeño.
Dos recursos en la Audiencia provincial
Si el aforamiento se da por bueno, aún deben resolverse los recursos planteados por la defensa de Sánchez y la Fiscalía contra el procesamiento, una decisión que, en principio, compete a la Audiencia Provincial aunque el caso llegue al TSJEx.
Pero hay más dudas en cuanto al alcance de la estrategia de Gallardo: ¿la competencia del Tribunal Superior de Justicia debe extenderse a todos los acusados o solo al presidente de la Diputación de Badajoz?
Fragmentar o no la causa
Las defensas de Gallardo y Sánchez coinciden que todos los encausados deberán responder ante el alto tribunal extremeño porque no se puede fragmentar la causa. El abogado del secretario regional del PSOE sostiene incluso que el TSJEx es el que debe decidir sobre si hay juicio o no.
En cualquier caso, la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, ha advertido que los plazos procesales de la causa abierta a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo por prevaricación y tráfico de influencias presentan “un prolijo” abanico de posibilidades.
