Después del espectáculo nada edificante de su líder en Extremadura, el PSOE no da muchas explicaciones sobre las gestiones hechas por una militante de base para buscar información negativa sobre la UCO
El PSOE se desvincula de las maniobras contra la UCO y las califica de “absolutamente rechazables”
Existe la tentación en periodismo de pensar que la calidad de las respuestas de los políticos va descendiendo en función de su mayor o menor vulnerabilidad. Si las cosas están chungas, los aludidos empiezan a ofrecer comentarios confusos y en ocasiones ininteligibles. Se convierte en una especie de termómetro. Si es difícil saber si las acusaciones que reciben son ciertas o no, se llega a la conclusión de que cuanto peor se defiendan, más posibilidades hay de que sean culpables.
En todo eso hay un poco de especulación periodística, pero hay veces que funciona. Al final, es responsabilidad de cada partido reaccionar a las acusaciones que recibe. Cuando ponen cara de que les están torturando al escuchar preguntas muy básicas, responden con frases tan cortas como sea posible o anuncian querellas que sabes que no van a presentar, es como si estuvieran enviando una señal de SOS. Es lo que le ha sucedido al PSOE esta semana.
El gol en propia meta más evidente ha sido el protagonizado por su líder en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Su aforamiento exprés para adelantarse a la jueza que ha abierto juicio oral al hermano de Pedro Sánchez es una medida estéticamente dudosa. Anunciar después que está dispuesto a negociar con el PP para acabar con los aforamientos autonómicos justo después de que se haya garantizado el suyo supera varios récords de descaro político.
Gallardo es líder del partido en la región desde marzo de 2024. Debería haber entrado en el Parlamento hace tiempo, pero prefirió quedarse en la Presidencia de la Diputación de Badajoz, y eso revela sus prioridades. No creía que lo importante era hacer oposición al Gobierno del PP, sino utilizar el poder de la Diputación para asegurarse apoyos. O simplemente le gustaba más ser presidente de algo.
De repente, le entró la urgencia y forzó la dimisión de una diputada y la renuncia de cuatro personas que estaban por delante en la lista electoral. Ya estaba fuera del alcance de la jueza. Si quería dar a entender que no está muy convencido de su inocencia, ha hecho un trabajo excelente.
Todo es más difuso con la denuncia aparecida en El Confidencial de una reunión por videoconferencia de una militante del PSOE con un grupo de personas entre las que estaba un empresario investigado por una trama de hidrocarburos y que tiene cuentas pendientes con la UCO de la Guardia Civil. La militante se llama Leire Díez. Fue concejal de un pueblo cántabro y hasta febrero de 2024 directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos.
En la reunión, de la que se publican algunos audios, está muy interesada en obtener información para desprestigiar al director de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas: “Todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas. Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros”.
El empresario quiere saber qué obtendrá a cambio. Díez sugiere que le puede ayudar con sus problemas en la Audiencia Nacional. “Yo te puedo sentar con Fiscalía. O puedo proponer que te sientes con Fiscalía”. Como oferta, no es la bomba. El aludido le responde que reuniones con la Fiscalía ya ha tenido demasiadas. “Cuando yo digo sentarte con alguien, es sentarte con alguien para un fin determinado”, insiste Díez. Lo que promete no impresiona nada al empresario.
En los artículos publicados, Díez aparece descrita como “fontanera de Moncloa y el PSOE” o se sugiere que es la “mano derecha de Santos Cerdán”. El PSOE responde que ella no tiene ningún cargo orgánico en el partido, lo que descartaría la segunda descripción. Lo de ‘fontanera’ es más discutible. No es un cargo que exista en el mundo real, por lo que queda a gusto del que opine. Desde el Watergate, la palabra se usa para apuntar a los que hacen trabajos sucios.
Díez ha contado a TVE que se dedica por su cuenta a hacer “un trabajo de investigación sobre hidrocarburos” que publicará en un libro, una versión muy difícil de creer viniendo de alguien sin ninguna experiencia en el tema.
La primera reacción pública del PSOE fue denunciar una campaña, si bien no podía negar la realidad de los audios. “Es una información difamatoria enfocada a causarnos un daño reputacional. Ninguna de estas personas ha estado nunca en nómina del PSOE”, dijo el lunes Esther Peña, portavoz del partido. Como es habitual, se reservó “el derecho a emprender acciones legales”, un lugar común entre políticos cuando lanzan amenazas que no tiene más sentido que el retórico. No necesitas haberte reservado nada antes para presentar una querella. Peña podría haber criticado con dureza a la militante que protagoniza la historia y hacer que ese fuera el titular de la rueda de prensa. Por lo que sea, no lo hizo.
El martes en el Congreso, Patxi López fue algo más explícito, pero no mucho. Admitió que conocía a Leire Díez “como militante socialista” y definió esa reunión con dos palabras: “Si es verdad lo que se escucha, me parece absolutamente rechazable”. No se le veían muchas ganas de hablar del tema.
Quien sí se moría por llegar a una conclusión ineludible fue lógicamente el Partido Popular. Acostumbrados a utilizar la más pequeña información para apuntar directamente a Sánchez, en este caso fueron por todo lo alto. No podían desaprovechar que existen varias fotos de Díez con dirigentes socialistas, empezando por el propio Sánchez. Alberto Núñez Feijóo dictó sentencia: “Que en una sede del partido una persona que cobra un sueldo público de una empresa pública esté trabajando al más puro estilo mafioso es algo que no tiene precedentes en la historia de la democracia española”.
Feijóo dijo en tres ocasiones casi seguidas que la reunión había tenido lugar en la sede del PSOE, un dato que no aparece en los artículos de El Confidencial. A día de hoy, se puede decir que se lo inventó. La llamada al empresario que vive en el extranjero se produjo en febrero de este año desde el despacho de un abogado que estaba presente, según dijo él mismo en Cuatro.
A la hora de hacer acusaciones tan graves como las del PP, habría que saber qué ha hecho exactamente la Fiscalía de la Audiencia Nacional para favorecer al empresario imputado que se reunió con Díez. No hay ningún indicio que pruebe esa supuesta transacción. Sigue estando imputado en el procedimiento. Lo que sí hizo en su momento la Fiscalía Anticorrupción fue conseguir la excarcelación de Víctor de Aldama para que aportara pruebas contra José Luis Ábalos.
Tras el Consejo de Ministros, Fernando Grande-Marlaska elogió a la unidad de la Guardia Civil: “Tengo la máxima consideración de la UCO, conozco su profesionalidad. Actúan bajo las directrices de las autoridades judiciales y del fiscal”, dijo el ministro.
Eso podría cerrar cualquier debate sobre una supuesta ofensiva del Gobierno contra la UCO, pero no se entiende que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, pasara de hablar del tema y se remitiera a lo que había dicho un día antes la portavoz del PSOE. Alguna opinión tendrá sobre una polémica en la que se ha implicado de alguna manera a las fuerzas de seguridad. En otras ocasiones, se ha mostrado mucho más locuaz. Mientras tanto, a los socialistas les vendría bien encontrar una manera de describir la intervención de Díez que sea creíble y que no consista en definirla como freelance de ese tema tan apasionante como son los hidrocarburos.
