La Dirección de la Policía insiste en otorgar la máxima condecoración en vida a comisarios que se jubilan pese a que la batalla judicial con los sindicatos por la falta de transparencia en las medallas no ha concluido
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El Ministerio del Interior sigue adelante en su empeño de conceder una paga extra, en forma de medalla, a los comisarios que se jubilan en altos puestos de responsabilidad. La Dirección General de la Policía acaba de otorgar nueve de estas distinciones a otros tantos recién jubilados, entre ellos el jefe superior en Navarra, del que se destaca el mérito de haber dado “gran visibilidad” al Cuerpo en un Ayuntamiento “gobernado por Bildu”, en referencia a Pamplona.
La batalla judicial de los sindicatos policiales contra la entrega indiscriminada de medallas a los mandos y la falta de transparencia en el proceso ha provocado que la Dirección General de la Policía haya empezado a informar a los representantes de los agentes acerca de los motivos por los que se entregan las condecoraciones.
En el caso José María Borja Moreno, jubilado en el puesto de jefe superior de la Policía en la Comunidad Foral de Navarra, la Dirección le reconoce el mérito de dar “gran visibilidad a la organización con acciones como el izado de la bandera de la Policía e iluminación de la fachada del Ayuntamiento, gobernado por Bildu, o la imposición del Manto a San Fermín con la simbología de la Policía Nacional”.
La Dirección de la Policía considera un mérito para la máxima distinción en vida que se puede dar a un miembro del Cuerpo que este haya visibilizado a la institución en una ciudad que gobierna un socio de investidura del actual Gobierno, EH Bildu, al que la derecha y la extrema derecha acusan de connivencia con la desaparecida organización terrorista ETA.
La Medalla al Mérito con Distintivo de Plata supone un incremente del 15% mensual en la retribución de quien las recibe de por vida. Como el resto de condecoraciones de la Policía está regulada en una Ley del régimen franquista, promulgada en 1964. En el punto c de su apartado quinto se recoge que serán merecedores de la Medalla de Plata aquellos que hayan realizado o dirigido “algún servicio de trascendental importancia que redunde en prestigio de la Corporación, poniendo de manifiesto excepcionales cualidades de patriotismo, lealtad y abnegación”.
La “gran visibilidad” que ha dado el ya ex jefe superior en Navarra no se limita al mantón del santo ni a la iluminación del Ayuntamiento. Según la Dirección General ha mejorado las relaciones con otras asociaciones, instituciones y empresas de la comunidad foral, y ha recuperado la colaboración con la Gendarmería francesa que se han plasmado en operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Entre los comisarios jubilados que recibirán durante su jubilación el incremento de sueldo se sitúan también algunos que dejan su vida laboral en un relevante puesto de la Policía. Es el caso de los ya ex jefes superiores Ramón Gómez (Galicia), José Miguel Amaya (Andalucía Oriental), Alfredo Garrido (Extremadura) y Jorge Martí (Valencia).
Igualmente han sido premiados Rafael Martínez López, subdirección general de Logística, el jefe de la División de Personal Luis Guillermo Carrión, el jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, Rafael Pérez, y el comisario general de Información, Eugenio Pino. La décima medalla pensionada ha sido para un comisario en activo. Se trata de Fernando San Juan, jefe de gabinete del director adjunto operativo del Cuerpo.
Los recursos de los sindicatos contra la concesión de medallas pensionadas por falta de transparencia en el proceso e incumplimiento de la obligación de informar a los representantes de los policías han sido admitidos por los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, pero después, la instancia superior, ha dado la razón al Ministerio del Interior, representado por la Abogacía del Estado. Ocurrió con las medallas de 2022 y 2023, lo que ha valido a la Dirección de la Policía para volver a conceder las correspondientes a 2024. Y lo hace pese a que los sindicatos policiales ya han presentado un recurso de alzada ante la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo. De ser rechazado, las centrales sindicales acudirán al Tribunal Supremo.
