La desconocida historia de las redes que hacían abortos ilegales en la Transición: botes de Nescafé y bombas de bicicleta

Es un piso cualquiera de una calle del centro de Valencia. En él viven dos compañeras de trabajo que apenas se ven entre diario excepto a la hora de cenar, pero hoy se ha convertido en un centro clandestino de abortos. Es un mes cualquiera de 1979 y Franco ha muerto, pero las interrupciones del embarazo siguen estando prohibidas bajo pena de cárcel. Cinco mujeres esperan en el salón a que la sexta y última salga de la habitación en la que tres personas hasta entonces desconocidas acaban de darles una opción que el Estado les niega. Poco después se despedirán y guardarán su secreto para siempre.

La escena se repitió una, dos, tres y miles de veces desde finales de los años 70 en las ciudades españolas en las que llegaron a operar las redes clandestinas que practicaban abortos cuando todavía era ilegal. Mujeres de todo el país se ponían en las manos de activistas y profesionales que habían aprendido a hacer la técnica más segura conocida entonces. Así lo ha documentado la periodista Paula Boira Nacher, que acaba de publicar Un aborto, 8.000 pesetas (Libros del K.O.), en el que detalla cómo antes de la despenalización del aborto en 1985 las mujeres españolas no solo viajaban a Londres y otros países para interrumpir su embarazo.

“Hay que aprender a hacer abortos y hay que hacerlos aquí”. Fue lo que dijo Consuelo Catalá, histórica activista por los derechos sexuales y reproductivos, cuando volvió de haber cruzado la frontera española para abortar. Su anhelo no tardó en hacerse realidad y en 1978 ya existía en Valencia, donde estudiaba medicina, un grupo clandestino que realizaba abortos de forma recurrente y segura. Lo hacían mediante el método Karman –usado actualmente–, que se importó de la Francia del Mouvement pour la Liberalisation de l’Avortement et la Contraception (MLAC), un colectivo que ya llevaba tiempo haciendo abortos mediante esta técnica.

Fue François, activista francesa, quien enseñó el método a los miembros del grupo y al pionero ginecólogo Pere Enguix, que había abierto a principios de los 70 un centro clandestino de planificación familiar, varios de cuyos colaboradores, entre ellos Consuelo, acabaron sumándose al grupo. “Pere tenía un pie fuera y otro dentro. En general los activistas no eran sanitarios, pero tenían un ginecólogo de referencia que era él. Si había alguna complicación sabían que podían recurrir a él y a veces si faltaba François se encargaba de los abortos”, detalla Boira, que ha buceado en archivos y ha hablado con decenas de fuentes para reconstruir esta desconocida historia.

Hola, ¿está Flora?

“Hola, ¿está Flora?” era la pregunta en clave que las mujeres que necesitaban su ayuda hacían cuando llamaban al piso que habían alquilado en la antigua calle Darío de Valcárcel de Valencia. Allí se les convocaba por grupos, se les explicaba “cómo era la intervención” y les daban información. “Venían mujeres que habían parido cinco hijos pero no se habían tocado en su vida”, en palabras de Consuelo. En el piso les hacían una pequeña historia clínica y comprobaban que la gestación no superaba las 12 semanas.

El siguiente paso era pedir a alguna de las mujeres que pusiera a disposición su casa para hacer las intervenciones con los únicos requisitos de que estuviera vacía y de que dispusiera de una mesa alargada que hiciera las veces de camilla.

“Llegaban mujeres de todo el país, así que si nadie tenía casa contaban con una red de colaboradores que cedía pisos. Tomaban todo tipo de precauciones porque sabían a qué se enfrentaban: transportaban el material en bolsas de deporte o hacían que las mujeres esperaran para salir del piso a que la última terminara y evitar así un goteo constante”, explica Boira, que llama al grupo las Jane españolas en referencia a las feministas de Chicago de las que importaron varias estrategias. Ellas hacían algo similar en el estado norteamericano hasta que fueron detenidas y después exculpadas gracias a la sentencia Roe vs. Wade, la que el Tribunal Supremo revocó en 2022.

El material que el grupo valenciano utilizaba para llevar a cabo las intervenciones era rudimentario, pero el método Kerman, que empezaba a generalizarse, daba muy buenos resultados a todos los niveles frente al legrado tradicional. “Apenas había complicaciones y no se documentó ningún fallecimiento ni efecto grave”, seañala la periodista. El kit incluía varias cánulas traídas de Francia, una caja de desinfección, una bomba para hinchar bicicletas y un boté de Nescafé, según las fuentes consultadas por Boira. “Las tapas del bote se las hacían ad hoc con tres agujeros: para el vacunómetro, para una sonda acoplada a la cánula y un tercero para la bomba pero al revés. De esta forma aspiraba en vez de hinchar”, explica.

El trabajo del grupo “no dejo de aumentar” y comenzaron a cobrar 8.000 pesetas por cada intervención más de un año después de arrancar, algo que provocó que integrantes como Consuelo decidieran abandonar. Parte del dinero comenzó entonces a usarse para pagar “un modesto salario” a los miembros. “Esta fue una cuestión que generó mucho debate interno y discrepancias en el movimiento feminista. De hecho, fue la razón por la que en algunos territorios en los que se intentó implantar algo similar se descartara. Al mismo tiempo, era tal la cantidad de mujeres que recibían que se veían obligados a estar jornadas enteras. Aún así, a quienes no podían pagar no les cobraban”, sostiene Boira.

Llegada a Sevilla

En 1980 el modelo se extendió a Sevilla, a donde se trasladaron algunos integrantes del grupo valenciano que fundaron el centro de planificación Los Naranjos. Estas entidades ya eran legales en ese momento, pero en este además de darles información a las mujeres, se le practicaban abortos o se facilitaban direcciones y teléfonos de clínicas extranjeras para aquellas mujeres embarazadas de más de 12 semanas. El sistema era igual que el de Valencia, también con un ginecólogo colaborador que en este caso fue Manuel Vergara, del Hospital Universitario Virgen Macarena. Así funcionó la red hasta que en octubre de 1980 la policía entró en el centro y detuvo a sus miembros.

“Desarticulada una banda dedicada a realizar prácticas abortivas”, titulaba la noticia el ABC. “La respuesta social fue abrumadora”, recalca la investigación, que recopila las acciones y campañas lanzadas por colectivos feministas, partidos de izquierdas y sindicatos en favor de la absolución de los encausados y de la legalización del aborto.

Activistas feministas como Justa Montero o Empar Pineda fueron dos de las 1.500 autoinculpaciones que llegaron a presentarse ante el juez. El proceso judicial se alargó más de ocho años y a principios de 1989 se celebró el juicio en el que cinco integrantes de Los Naranjos fueron condenados.

No fue un caso aislado: durante este tiempo fueron también detenidas personas vinculadas a la red valenciana, entre ellas el ginecólogo Pere Enguix, que para entonces ya llevaba años practicando abortos en el centro que él mismo había abierto, la clínica Acuario. “Durante la investigación el médico confesó haber realizado hasta dos o tres intervenciones por semana”, recoge el libro. Una de ellas fue la de Noelia, con la que Boira ha hablado: “Era una clínica normal pero si ibas y decías que no podías o querías tenerlo te hacían el aborto como si fuera legal”, señala la mujer, que recuerda que le costó unas 20.000 pesetas.

Sigue la persecución judicial

La realidad es que paralelamente a la actividad de las redes valenciana y sevillana, algunos ginecólogos llevaban a cabo en diferentes ciudades estas intervenciones entonces ilegales. “Fue el caso de Acuario, pero también de Dator en Madrid y del malagueño Germán Sáenz de Santamaría”, enumera la periodista. Todos fueron víctimas de procesos judiciales en su contra: “He ayudado a miles de mujeres con escasos medios a abortar en iguales condiciones que en el extranjero, sin tener que pasar por el ridículo y el esperpento”, declaró ante los medios Sáenz de Santamaría tras su detención.

Entonces llegó la ley de 1985, aprobada por el gobierno socialista de Felipe González y que despenalizaba el aborto en tres supuestos: riesgo para la vida o la salud de la mujer, violación y malformación fetal. Aun así, el acoso judicial a clínicas, ginecólogos y mujeres que se habían sometido a abortos siguió produciéndose, por un lado porque varios centros actuaban todavía sin acreditación ante la negativa de los hospitales públicos a realizar intervenciones –como en parte sigue ocurriendo ahora– y por otro lado porque “se orquestó una persecución por parte de la extrema derecha y el ultracatolicismo”, relata Boira: “En muchos casos denunciaban que los abortos se hacían fuera de los supuestos legales y conseguían condenas”.

De esta forma la investigación pone sobre la mesa una realidad demasiadas veces silenciada: antes de las leyes, hubo quienes se jugaron la libertad por ayudar a las solo pedían decidir sobre sus propios cuerpos y por empujar para que el aborto fuera un derecho. Era la respuesta organizada y la puerta que comenzaba a abrirse tras 40 años de dictadura franquista en los que, no es que las mujeres no abortaran, es que lo hacían sumidas en la inseguridad y el estigma. “Parece que las cosas nos las han regalado los gobiernos de turno o que en España no se abortaba antes de 1985, pero no es real”, concluye Boira.