Ante el Supremo, el abogado de la pareja de Ayuso ha confirmado lo que ya demostraban otros documentos: ha desmentido a su propio cliente, que queda así como un mentiroso
El Supremo y su abogado acaban con los intentos de la pareja de Ayuso de no ser llamado defraudador confeso
No era una dicotomía sencilla para el abogado Carlos Neira. Solo tenía dos salidas: dejar mal a su defendido –confirmar que Alberto González Amador mintió ante el Tribunal Supremo– o quedar él como un abogado negligente. Como alguien capaz de negociar una conformidad, una condena de ocho meses de cárcel y 500.000 euros de sanción, sin siquiera avisar a su cliente.
Atrapado en esta comprometida situación, Carlos Neira ha preferido no enredarlo más. Ante el Supremo, este martes, el abogado de la pareja de Ayuso ha confirmado lo que ya demostraban otros documentos. Ha desmentido a su propio cliente, que queda así como un mentiroso. Fue González Amador, en persona, quien le encargó negociar una conformidad con la Fiscalía. Había sido informado de las consecuencias.
Puede que la pareja de Ayuso crea vivir en un mundo diferente al del resto de los mortales. Un lugar inventado por la propaganda de la Comunidad de Madrid donde es perfectamente normal cobrar dos millones de euros en comisiones por un pelotazo en plena pandemia. En el que no pasa nada por defraudar 350.951 euros mediante una trama de empresas pantalla y 15 facturas falsas. Un estado alterado de la ética y la estética donde no hay reproche alguno por desgravarse 1,7 millones de euros en gastos que nunca se pagaron, que solo existieron en una contabilidad falseada.
En ese universo paralelo, también debe de ser lo más normal vivir en dos casas de 180 metros cuadrados: una a su nombre, otra a nombre de una empresa administrada por otro de sus abogados. O pagar medio millón de euros a la mujer de tu jefe –y socio en varios negocios– por una empresa sin apenas actividad, cuyos únicos activos eran un portátil viejo y dos máquinas de depilación usadas. O mentir sin rubor ante el mismísimo Tribunal Supremo.
Puestos a ser un poco ingenuos, puede que Alberto González Amador esté genuinamente convencido de que no mintió. Que sea de esas personas capaces de reescribir el pasado y convencerse de sus propias falsedades.
De tanto escuchar en algunos medios lo feo que es llamar defraudador confeso al que defrauda y después confiesa, quizá González Amador llegó a creer que nunca ocurrió tal cosa. Que no defraudó de la forma más cutre y chapucera, sino que todo es culpa de una desquiciada inspección fiscal. Que en realidad es Hacienda quien le debe dinero. Que su abogado no hablaba en su nombre cuando admitió que “ciertamente se han cometido dos delitos”. Que todo es una cruel persecución de esa prensa a la que MAR quiere “triturar”.
Este martes, el mundo paralelo de Alberto González Amador chocó con la realidad. El batacazo se oyó en Marte. Y no solo porque su propio abogado lo haya dejado como alguien que miente bajo juramento. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado la primera de sus numerosas demandas contra aquellos que le han llamado en estos meses “defraudador confeso”. En total, González Amador reclama en distintos pleitos medio millón de euros en indemnizaciones. Miguel Ángel Rodríguez había pronosticado que, con el dinero que le iban a pagar periodistas y políticos, la multa de Hacienda le iba a salir a devolver. Parece improbable.
Llamar “defraudador confeso” al defraudador confeso forma parte de la legítima crítica política, ha subrayado el Supremo. Ya no es una opinión. Es una sentencia.
