La presidenta recuerda que ya se archivó «hace tres años» esta causa, tras conocerse que una jueza ha imputado a tres de sus exaltos cargos por la gestión en los centros de mayores durante la pandemia
La jueza suspende la declaración de los altos cargos de Ayuso imputados por las muertes en residencias
Isabel Díaz Ayuso vuelve a recurrir a las acusaciones de una presunta operación de Estado en su contra para cargar contra una decisión judicial que afecta a su gestión política y con la que no está de acuerdo. En esta ocasión, lo ha hecho para enmarcar la investigación que se ha reabierto para analizar lo sucedido en las residencias de la región durante la pandemia, después de una petición de la Fiscalía impulsada por la demanda de 109 familiares de fallecidos.
“Esto se archivó hace tres años, ahora lo reabre la Fiscalía provincial, que jerárquicamente depende del señor que ha emprendido una operación de estado contra mí, y que a su vez este señor depende del presidente del Gobierno”, ha respondido la mandataria al ser preguntada por la imputación de tres personas que fueron altos cargos de su Gobierno durante la pandemia. De forma velada Ayuso también ha aludido a la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado en una causa abierta por la filtración del correo con el que el abogado de la pareja de la mandataria confesó haber defraudado 350.000 euros.
Ayuso ha cuestionado la reapertura de la causa que investiga los protocolos que impidieron la derivación sanitaria en los centros de mayores durante la pandemia. Se ha defendido asegurando que en los últimos años “se han archivado 62 denuncias por este asunto” y ha instado a que se investigue en el Senado cómo otras comunidades autónomas gestionaron la pandemia, ya que considera que “pensar que los muertos de unas regiones interesan más que otras, sería un poco feo”.
La Justicia ha imputado por primera vez a antiguos miembros de su Gobierno. En particular, un juzgado madrileño ha citado como investigado a Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la crisis del Covid, y a su sustituto en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo. También tiene que declarar ante la jueza el ex asesor sanitario de la Comunidad de Madrid Antonio Burgueño Carbonell.
Ayuso ha intentado a desvincular a este último especialista de su Ejecutivo, asegurando que no son tres altos cargos, “uno era una persona que asesoró durante pocos días y de manera voluntaria al Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Por lo tanto, considera que tratarle como un antiguo miembro de su equipo “para hacerle parecer aún más culpable, no es ajustarse a la verdad”.
