El consistorio, gobernado por PP, Vox y una formación local, dio luz verde en septiembre a una iniciativa del PSOE para que tanto la corporación como el Govern balear «revisaran» la actividad de la explotación avícola. El ayuntamiento alega no tener competencias para ello
INVESTIGACIÓN – La ‘granja de los horrores’ de Mallorca con certificado de bienestar animal: gallinas sin ver el sol y con cadáveres “putrefactos”
Llucmajor es una localidad del sur de Mallorca cuyo núcleo urbano se encuentra en el interior, y que combina zonas rurales con áreas costeras. En los últimos días, se ha situado en el centro del foco informativo, después de que este diario avanzara que la macrogranja que hay en este municipio ha sido denunciada ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y abandono animal por la ausencia de supervisión veterinaria. Situada en la periferia de Mallorca y con una actividad turística importante, el municipio tiene cerca de 40.000 habitantes, de los cuales 15.000 residen en el núcleo histórico. Ahora mismo, está gobernado por un tripartito del PP, Vox y la Agrupación Social Independiente (ASI).
En el pleno ordinario del mes de septiembre de 2024, a iniciativa del PSOE, se aprobó por unanimidad una resolución conjunta de los socialistas junto a los partidos municipalistas Llibertat Llucmajor, Més per Llucmajor y s’Ull para instar al Ajuntament de Llucmajor, así como al Govern, a “auditar y revisar toda la actividad de la macrogranja avícola Son Perot”, verificando que se adecúa a la licencia de actividad, que no se exceda la cantidad de animales autorizados y que gestiona correctamente los residuos. La resolución instaba a que, en caso de incumplimientos, se aplicaran las sanciones correspondientes.
En la propuesta de resolución, Jaime J. Oliver, portavoz del PSOE de Llucmajor, mostraba su preocupación por las informaciones sobre el proyecto de macrogranja —finalmente denegado por el Govern del PP de Marga Prohens— que la misma empresa proyectaba en Sineu, con una explotación avícola de unas 750.000 gallinas. En el inicio del texto, Oliver lamenta los “posibles efectos negativos” de las explotaciones de ganadería intensiva, entre las que destaca la contaminación de los recursos hídricos; la degradación del paisaje; el aumento de las emisiones de gases contaminantes; los posibles problemas de salud pública y los efectos nocivos para la población que vive en los alrededores, debido a los malos olores y las plagas de insectos.
Así, Oliver remarca que estos proyectos generan “conflictos sociales” en lugares como Llucmajor, donde las comunidades locales “han expresado preocupación por las molestias”, así como por el bienestar animal, además de la “falta de transparencia en la gestión de estas instalaciones”. En este sentido, lamenta que las macrogranjas suelen estar controladas por “grandes corporaciones” que priorizan “el beneficio económico” por encima de la calidad de los alimentos y la salud pública. “Es esencial apoyar a los pequeños productores, redistribuir la riqueza y fortalecer la economía local”, argumenta el portavoz socialista.
Finalmente, para defender su iniciativa, recordó que “un Gobierno de izquierdas dotó a España de una Ley de Bienestar Animal (2023)” y que como socialistas “reclamamos respeto y cura por los animales también en el ámbito productivo”. “Las explotaciones intensivas no son compatibles con los principios de bienestar animal”, asegura Oliver. Por este motivo, el portavoz socialista exige “revisar y fortalecer la normativa que regula estas actividades en Mallorca, asegurando un equilibrio entre el desarrollo del sector primario y la protección del medio ambiente”, así como la calidad de vida de las comunidades rurales.
En conversaciones con elDiario.es, Oliver afirma que el Ajuntament de Llucmajor, gobernado por un tripartito entre el PP, Vox y ASI, “no ha tomado ninguna medida” para cumplir con la resolución, y que solo fue aprobada por el Ejecutivo local como una “cortina de humo” para contentar a la ciudadanía. Este diario se ha puesto en contacto con el Consistorio, que se ha limitado a señalar que “las competencias de autorización, inspección y seguimiento de dicha granja corresponden a la conselleria de Agricultura del Govern, por lo que deberían solicitar información a dicho organismo”.
La mayor parte de las competencias están repartidas entre dos conselleries del Govern de Prohens: la de Agricultura, Pesca i Medi Natural, de Joan Simonet (PP) y la de Habitatge, Territori i Mobilitat, de José Luis Mateo (PP). Cabe recordar que entre 2015 y 2023 hubo dos legislaturas progresistas en el Govern con Francina Armengol (PSOE) como presidenta. Los problemas en la macrogranja empiezan en 2017 y se agudizan en 2019, según han relatado vecinos de las urbanizaciones colindantes a este diario.
La licencia de obra es de 1968
El Ajuntament de Llucmajor concede, con fecha de 1968 —durante el periodo franquista— la licencia de obra para un proyecto de granja en el municipio, según el proyecto básico presentado ante el Govern en enero de 2024. Concretamente, el 7 de noviembre de ese año la empresa PIEMA S.A. presenta un proyecto para la construcción de una “nave para ganado” de 1.197 metros cuadrados. El Ajuntament concede dicha licencia de obra el 14 de diciembre de 1968.
Con el paso de las décadas, al calor del desarrollismo urbanístico y turístico que experimentaron las Balears, la granja se fue ampliando. El 10 de septiembre de 1979, PIEMA S.A. presenta ante el Consistorio un proyecto para la construcción de cuatro naves “destinadas a granja porcina” —en la actualidad solo hay gallinas ponedoras— de las cuales dos dispondrían de 639,60 metros cuadrados y las otras dos de 623,20 metros cuadrados. En total, una superficie de 2.525,60 metros cuadrados.
Según la misma documentación, en 2006 —hace casi 20 años— en la parcela “ya existían todas las construcciones que se pueden encontrar en la actualidad”. Pese a ello, Avícola Son Perot solicita en 2023 “la legalización de todas aquellas construcciones sin licencia que constituyen la explotación agropecuaria”, como se desprende del proyecto presentado ante el Govern. “Al igual que se solicita la autorización ambiental integrada por la ampliación del censo de animales superando las 40.000 plazas de gallinas ponedoras”, destaca el texto.
Precisamente, los propietarios de la granja de gallinas ponedoras recibieron recientemente una sanción del Govern, de 150.000 euros, por no tener la autorización ambiental integrada. Esto va en contra de lo que dictamina el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta en estos casos para regular la contaminación, como informó elDiario.es. La multa la recibieron de parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, un órgano dependiente de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat. Pero las consecuencias del incumplimiento aún tienen que determinarse por completo. “Se trata de una actividad ilegal que fue sancionada y está siendo investigada en la actualidad”, señalaron fuentes de ARDE —una de las entidades de protección medioambiental y animal que denunciaron a la granja ante la Fiscalía— a este diario, que lamentaron que pese a todo “la empresa nunca ha dejado de operar”.
Además, recientemente, el 23 de mayo, entró en vigor el Decreto-ley 1/2025, de medidas urgentes para la protección de las personas y del medio natural en relación con determinadas explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral en Balears. La disposición adicional cuarta de este decreto-ley, que modifica la ley agraria balear, establece que las nuevas explotaciones avícolas, así como las ampliaciones de las ya existentes, podrán autorizarse únicamente si se respetan unas distancias mínimas al suelo urbano residencial, determinadas según su capacidad ganadera.
En el caso de la granja de Llucmajor, esta se encuentra a aproximadamente un kilómetro de los núcleos urbanos de Tolleric y Badia Gran. Si la explotación supera las 80.000 gallinas ponedoras, según la nueva normativa, “debe mantener una distancia no inferior a 6.000 metros lineales respecto al suelo urbano residencial más cercano”. Aunque la granja ya está en funcionamiento, lo hace sin la autorización ambiental integrada. Por tanto, si se pretendiera tramitar cualquier nueva autorización, esta debería ajustarse a las exigencias del nuevo decreto-ley, requisitos que actualmente la explotación no cumple.
El Govern ha iniciado una investigación
Los inspectores de Medio Ambiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural, así como agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se desplazaron este lunes por la mañana a las instalaciones de la granja de Llucmajor, después de que este diario publicara en primicia la presunta situación de suciedad extrema y maltrato animal en la explotación avícola.
Joan Simonet, conseller de Agricultura, explicó a los medios de comunicación que de momento “no se plantea el cierre” cautelar de la granja. Aún así, reconoció que la instalación no cuenta con la declaración ambiental integrada —que la empresa estaría tramitando a través de la Conselleria de Territori—, pese a que este requisito es obligatorio para granjas como la de Llucmajor.
El conseller del ramo admitió también que en octubre se denunció ante la Fiscalía la posible comisión por parte de los responsables de la granja de un delito ambiental. El Seprona visitó las instalaciones y realizó las correspondientes diligencias, pero el procedimiento fue archivado el pasado febrero. La última inspección, por parte del Govern, se hizo el pasado 27 de febrero. Los funcionarios de la Conselleria, aseguró Simonet, no vieron la situación que ahora han denunciado las entidades animalistas.
Se investigará si hay “nuevos incumplimientos”
Simonet quiso precisar que los expedientes administrativos que la empresa tenía abiertos hasta ahora estaban relacionados con la gestión de residuos o la calificación de los huevos, que comercializaban como camperos cuando realmente eran de jaula. “En el momento en el que se archiva la denuncia penal nosotros hemos vuelto a empezar con los expedientes y las multas administrativas que habíamos detectado”, indicó.
Ahora, afirmó, se deberá determinar si los hechos denunciados por los animalistas suponen una reincidencia en estos supuestos o son nuevos incumplimientos de la normativa, lo que determinará “si se debe proseguir con el procedimiento administrativo o si se abre uno penal”. En cualquier caso, Simonet expresó su cautela al ser preguntado por la posibilidad de decretar el cierre preventivo de la explotación avícola. “En este momento yo no puedo hablar de cerrar. Además, en un cierre hay que ver qué haces con los animales que hay ahí dentro”, expuso.
Por el momento, apuntó, se deberán valorar las circunstancias que los inspectores y los agentes del Instituto Armado puedan corroborar durante su inspección de las instalaciones, de las que derivará si se trata de un asunto de salud pública o de maltrato animal. “Son diferentes motivos, no es lo mismo que los huevos sean un peligro para la salud pública, que esto ahora no lo podemos decir, lo tienen que ver los inspectores de Salud Pública, o si es un tema de bienestar animal”, manifestó. Con todo, ha puntualizado que la empresa comercializaba únicamente los huevos de las gallinas y no su carne.
El conseller aseguró desconocer el número de gallinas que alberga la granja avícola de Llucmajor, pero puntualizó que, al datar la autorización de hace más de una década, no se atenía al límite de 40.000 que marca el decreto que actualmente se está tramitando en el Parlament. “Mientras tanto, estas gallinas lo que nosotros hemos dicho es que si tienen 130.000 gallinas y tienen que ser 40.000 no vamos a matar a 90.000 en un día. Entonces, se le propone a la empresa que vaya haciendo un plan de desescalada”, ha subrayado. Ese plan es el que la compañía ya ha presentado y que en un principio debería haber cumplido antes de que finalice este año, subrayó.
La granja sigue operando “con normalidad”
La granja avícola de Llucmajor sigue operando con normalidad tras las más de ocho horas de registro de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil e inspectores de la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural. Pese a que los portavoces de la granja afirmaron a elDiario.es, antes de la publicación de la primera noticia, que las imágenes que tenía este diario no se correspondían a sus instalaciones, y que la información era falsa, tras la publicación de la investigación la empresa ha reconocido implícitamente que sí son sus instalaciones.
Pese a todo, consideran que las imágenes grabadas son “producto de una manipulación” de las entidades de protección medioambiental y animal. Sin embargo, estas asociaciones han presentado pruebas de verificación —localización GPS y fechas de periódicos locales— que han sido consultadas y verificadas por este diario.
En declaraciones a Europa Press, el director general de la empresa Avícola Son Perot, Gorka Moreno, no ha confirmado —aunque tampoco lo ha descartado— que las imágenes difundidas por las entidades ARDE y Satya Animal, en las que se veían a gallinas vivas conviviendo con cadáveres, ratas y suciedad extrema, correspondan a su explotación.
Moreno ha tildado de “sensacionalistas y extremistas” y ha afirmado que lo que se puede ver en ellas no es el “día a día” de la empresa. Desde la empresa han acusado a los colectivos animalistas de “manipulación” y de generar una sensación de “alarmismo”. “Todas las granjas por dentro son iguales”, han esgrimido. El director general de la explotación, no obstante, ha reconocido que en los vídeos difundidos se observan, en parte, sus instalaciones y algunas de sus etiquetas.
