¿En qué momento se le ocurrió al Sr. González Amador que podría recibir el mismo trato que ha recibido el rey Juan Carlos, al que la Fiscalía ha aceptado una regularización voluntaria cuando ya había pasado el momento en que podía hacerla? ¿Puede su condición de pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid haberle nublado el cerebro?
En el culebrón en que se ha convertido la investigación judicial de los delitos fiscales presuntamente cometidos por el Sr. González Amador se ha puesto el foco en el pacto de conformidad que habrían alcanzado su abogado y el fiscal encargado del caso. Pero no fue dicho pacto el que estuvo en el origen de su estrategia defensiva.
El momento más chusco de todo el asunto se produjo antes de que el Sr. González Amador y su abogado pensaran en un posible pacto de conformidad. El Plan A del Sr. González Amador y su abogado fue la “regularización voluntaria”, es decir, ingresar en Hacienda una cantidad equivalente al importe de los dos presuntos delitos fiscales con los intereses y la multa correspondientes. De hecho, el Sr. González Amador llegó a ingresar 600.000 euros como importe de la regularización.
Este era el Plan A. Liquidar la deuda tributaria mediante una “regularización voluntaria” de la misma, que obviaría cualquier investigación a partir de ese momento de la conducta tributaria del Sr. González Amador.
Esa pretensión de resolver el problema de esta manera no pasó el filtro de la inspección de Hacienda, que entendió que ya había pasado el momento en que el Sr. González Amador podía regularizar de manera voluntaria la deuda tributaria, ya que se había iniciado la investigación por parte de la inspección y se había dado traslado del resultado de la misma al Ministerio Fiscal; en consecuencia, faltaba el presupuesto para que la regularización pudiera considerarse “voluntaria”. Consecuentemente, se ordenó la devolución de los 600.000 euros al ahora ya “delincuente confeso”.
La regularización voluntaria presupone que el autor de la misma reconoce una deuda tributaria por un importe que la convierte en delito fiscal, que se propone saldar con el pago del importe de la misma con los intereses y la multa correspondientes. En la regularización voluntaria está incluido el reconocimiento del delito. La condición de “delincuente confeso” no ha dejado de estar presente desde el primer momento. Sin “delincuente confeso” no hay regularización voluntaria ni pacto de conformidad. De ahí que no se entienda el rosario de querellas que ha dirigido el Sr. González Amador contra todos los que han hecho uso de esos términos al referirse a él.
Ya en ese momento se produjo la primera manipulación por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso llegó a decir públicamente que no era su pareja quien tenía una deuda con el Estado, sino el Estado el que tenía una deuda con él, y de ahí que le hubieran tenido que devolver 600.000 mil euros.
Al no pasar la pretensión el filtro de la inspección tributaria y del Ministerio Fiscal, fue cuando se optó por el Plan B, el del pacto de conformidad, para evitar el juicio, reducir la pena privativa de libertad a una cuantía que no conllevara el ingreso en prisión y pagar el importe de los dos delitos con los intereses y la multa correspondientes.
Esta estrategia de defensa en el ámbito tributario se repite todos los años decenas de miles de veces. No debería, en consecuencia, haberse originado debate de ningún tipo en torno a la misma. El delincuente confeso y el Ministerio Fiscal alcanzan un acuerdo que tiene que ser ratificado ante el juez. Con ello se habría puesto fin a la peripecia tributaria delictiva del Sr. González Amador.
Pero la soberbia de la pareja Ayuso/Amador es de tanta intensidad que no están dispuestos a aceptar ni siquiera el funcionamiento normal de la justicia. Ante el fracaso del Plan A –la regularización voluntaria–, Isabel Díaz Ayuso le dio la vuelta a lo ocurrido y convirtió la deuda tributaria de su pareja con el Estado en una deuda del Estado con su pareja.
En el caso del Plan B –el pacto de conformidad–, la manipulación ha sido mucho más rocambolesca. Ha entrado en acción Miguel Ángel Rodríguez, que también invirtió lo ocurrido, convirtiendo el pacto de conformidad en una iniciativa del Ministerio Fiscal y no del Sr. González Amador, añadiendo a continuación que dicho pacto propuesto por el fiscal estaba siendo torpedeado “desde arriba”. Así se publicó en algunos periódicos.
Frente a dicha manipulación reaccionó la fiscal jefa de Madrid con el apoyo del fiscal general del Estado, que hicieron pública una nota informativa poniendo los puntos sobre las íes. A continuación, se produjo la querella contra ambos fiscales, de cuyo recorrido doy por informado a los lectores.
¿En qué momento se le ocurrió al Sr. González Amador que podría recibir el mismo trato que ha recibido el rey Juan Carlos, al que se le ha aceptado por parte de la fiscalía una regularización voluntaria de su conducta tributaria delictiva cuando ya había pasado el momento en que podía hacerla? ¿Puede su condición de pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid haberle nublado el cerebro como para pensar que podía acabar recibiendo el mismo trato que había recibido el rey Juan Carlos?
Porque al rey Juan Carlos sí se le dio por buena por el Ministerio Fiscal una regularización voluntaria cuando ya había pasado el momento en que podía haberlo hecho. Fue el Ministerio Fiscal quien tomó la decisión sin intervención del juez. Esta es la razón por la que José Antonio Martín Pallín y otros juristas, entre los que me cuento, hemos activado una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Entendemos que la investigación del propio Ministerio Fiscal había destruido la presunción de inocencia del Rey Juan Carlos y que se debería haber residenciado el asunto ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es, justamente, lo que pretendemos con nuestra querella.
Lo que no se nos había pasado por la cabeza es que el Sr. González Amador pretendiera equipararse al Rey Juan Carlos. Del Rey abajo ninguno, todavía sigue operativo en España.
