Los socialistas niegan que su supuesta emisaria sea «una fontanera» del partido y precisan que no contemplan hasta la fecha ningún tipo de sanción
El PP llama “organización criminal” al PSOE por los audios de su supuesta emisaria acusando de corrupción a cargos policiales
Un expediente informativo para que Leire Díez pueda ofrecer a la dirección del Partido Socialista “todas las explicaciones” sobre sus supuestas maniobras contra cargos policiales. Esa es la decisión adoptada por la cúpula de Ferraz tras las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación que dan constancia de conversaciones entre Díez y un empresario investigado al que la militante socialista habría ofrecido ayuda a cambio de información comprometedora sobre la UCO.
En una nota pública, el PSOE apunta que “ante las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación sobre una afiliada de base del PSOE”, se decide abrir ese expediente, al que esperan incorporar “la totalidad de la grabación realizada ilegalmente en el despacho de un abogado, y de la que hasta la fecha solo se conocen algunos cortes, así como el propio testimonio de la afiliada afectada”.
“Queremos dejar claro que en el PSOE todos los afiliados tienen deberes, pero también derechos, y que la apertura de este expediente no implica ninguna medida cautelar”, añade esa nota para aclarar que, por el momento, no se contemplan medidas disciplinarias contra la militante implicada en reuniones con acusados en las que llegaba a ofrecer beneficios por parte de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado a cambio de información.
En su nota, los socialistas arremeten además contra la oposición y contra algunos de los medios que han desvelado las conversaciones. “Expresamos nuestra perplejidad ante el tratamiento informativo de algunos medios de comunicación, titulando las informaciones referidas a este caso como ”la fontanera de Ferraz“, cuando ni los textos ni los audios soportan en ningún caso titulares semejantes”, se expone.
Y el partido va incluso un paso más allá. “El PSOE está realizando un análisis técnico para cuantificar económicamente el daño reputacional causado por este tipo de titulares, que podría incorporarse a las acciones legales que se tomen en su momento. Tampoco vamos a tolerar actitudes como las del Partido Popular, que son lo más parecido a que desde la casa de Vito Corleone se gritase ¡mafiosos! a los vecinos. Jamás se vio semejante hipocresía en la política española”, concluye la nota.
La estrategia de los socialistas es desvincularse de Leire Díez, la supuesta emisaria de Ferraz. Díez, que fue aupada por los gobiernos de Pedro Sánchez a puestos de responsabilidad en empresas públicas como ENUSA o Correos, es ahora definida como “una militante” más. Y la cúpula del partido niega en público que la enviaran a ninguna misión ni que la empoderaran para ofrecer pactos con la Fiscalía o con la Abogacía del Estado a cambio de información sensible de la Guardia Civil.
El propio secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha negado este miércoles que Leire Díez Castro, grabada pidiendo pruebas para desprestigiar a la UCO de la Guardia Civil, sea su colaboradora o que reciba instrucciones de Ferraz. En los pasillos del Congreso, Cerdán ha insistido en que es “una militante” y “nada tiene que ver con Ferraz ni con el área de Organización que él dirige”. “Con un solo brazo no tenemos para tantas manos derechas”, ha ironizado. Preguntado si desde la dirección del PSOE han dado instrucciones a Díez para realizar estas gestiones, su respuesta ha sido tajante: “Por supuesto que no”.
En el resto del partido y en el conjunto del Gobierno la nota predominante es el silencio. Apenas un par de dirigentes socialistas se han desmarcado expresamente de las presuntas actuaciones de la supuesta emisaria de Ferraz. Una de ellas ha sido la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que ha admitido su malestar con el caso. “Para mí ha sido una absoluta sorpresa y estoy muy disgustada al respecto”, ha dicho.
Los audios publicados hasta ahora por medios como El Confidencial o El Mundo muestran que Leire Díez se reunió con empresarios imputados en diversas causas. Los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn sostienen que tras las causas contra ellos hay operaciones de guerra sucia en las que habrían participado altos cargos de la UCO, y afirman tener informaciones comprometidas sobre ellos. Díaz reclama esas informaciones y ofrece la posibilidad de hablar con la Fiscalía para llegar a acuerdo en los casos abiertos. Esos acuerdos no se han producido, los empresarios siguen investigados y la grabación se conoció un día antes de que comience al juicio contra Hamlyn, al que no se ha presentado.
El empresario imputado por el caso Koldo, Víctor de Aldama, ha presumido en una entrevista en Telecinco de haber tendido una trampa al PSOE a través de Leire Díaz: “Le dimos autorización a Hamlyn para que tirara el cebo a esta gente y salieran estas cosas, pero en estos días saldrán más cosas de estas personas diciendo barbaridades e involucrando a Pedro Sánchez y ala actual directora de la Guardia Civil”.
