Consideran que hubo una «actuación ilegal» motivada «por razones de etnia» que se encuadra en un delito de odio
Una familia colombiana muestra los vídeos de una agresión policial en València: “Sentí mucha rabia, miedo e impotencia”
La familia de nacionalidad colombiana presuntamente agredida por agentes de la Policía Nacional en València ha presentado una querella en el juzgado para pedir que se investiguen los hechos ya que considera que “no fueron un exceso puntual, sino una conducta grave y sistemática de violencia institucional ejercida contra personas migrantes en un contexto de absoluta indefensión”.
Así se desprende del escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que se ha remitido al juzgado de instrucción de guardia de València y que se dirige contra aquellos agentes de Policía Nacional que se identifiquen como intervinientes en la agresión que denuncia la familia, que tuvo lugar el pasado 17 de mayo de 2025.
Los querellantes, representados por el abogado Juan Molpeceres, son ciudadanos de nacionalidad colombiana, algo que esta parte considera “determinante” en los hechos: “Se observó por parte de los agentes una actuación institucionalizada de corte racista, lo que convierte su actuación en una actuación ilegal motivada por razones de etnia y por tanto, encuadrándola, entre otros, en la comisión por los mismos de un delito de odio”, se expone en el escrito.
El pasado día 17 de mayo, sobre las 15.15 horas, caminaban por la calle San Vicente Mártir de València una de las querellantes junto con su hijo de tres años, con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y una vecina de nacionalidad española.
Las mujeres observaron, en un momento dado, a dos agentes de Policía que habían detenido a dos jóvenes sobre los que tenían un comportamiento “excesivamente violento”. Una de ellas les recriminó su actitud y los policías les ordenaron que no se entrometieran. Instantes después, uno de ellos les requirió la documentación “de modo agresivo y hostil”.
La querellante le pidió al agente una motivación para su identificación y, al no obtenerla, no se la mostró. Ante ello, el policía le comunicó que iba a detenerla, la cogió del brazo y la empujó de espaldas contra el lateral de un vehículo estacionado en la calle.
Golpes con fuerza “desproporcionada”
Se acercaron otros agentes y tiraron a la mujer “violentamente” al suelo. “La zarandearon y comenzaron a golpearla repetidamente con su defensa”, se expone en la querella. “Los agentes utilizaron fuerza de forma totalmente desproporcionada e innecesaria”, se añade.
La vecina que le acompañaba les increpó su actuación pero ella no fue retenida ni detenida. Los padres de la víctima, ante los gritos, acudieron en su ayuda, así como dos personas más, dado que todos habían estado comiendo juntos por la celebración del cumpleaños de la madre de la víctima.
Los familiares pidieron a los agentes explicaciones de lo que estaba ocurriendo y estos “arremetieron contra ellos”. “La situación –se indica en el escrito– escaló hasta que se congregaron en el lugar seis agentes” y siguieron “las agresiones”.
A una de las víctimas “la cogieron del pelo y la estamparon contra el suelo empujándola por el pecho y seguidamente le dieron con la porra en la cadera”. Mientras tanto, escucharon de uno de los agentes: “Me sopla la polla, colombianos de mierda”, recoge la querella, que apunta a más agresiones al resto de familiares.
Siguieron las “humillaciones”
Tras los hechos, tres de los familiares fueron detenidos y llevados en distintos vehículos policiales, primero al ambulatorio para que los asistieran, y luego a la Comisaría de Zapadores. “En el ambulatorio continuaron las humillaciones. Uno de los agentes se dirigió a mis representadas y espetó ‘vosotras sois una mierda’”, de acuerdo con su versión.
Una vez en Zapadores, los agentes, según la querella, volvieron a agredir a uno de ellos nada más introducirlo en el cuarto de cacheos. “Nada más entrar a dicha sala, le profirieron un puñetazo, le pisaron con la bota en el pie y le lesionaron el dedo mientras uno de ellos le decía ‘esto es para que respetes el uniforme’”. A otra de las querellantes también le agredieron en el cuarto de cacheos, se expone. “Le dieron patadas y puñetazos. Esta se cubría la cabeza y pedían que pararan y los agentes le mandaban callar”.
Los tres querellantes permanecieron detenidos más de 24 horas “sin justificación ninguna para tal prolongación”. Fueron arrestados el sábado alrededor de las 15.30 y no fueron puestos en libertad hasta el domingo, casi a las 19 horas. Además, los letrados de oficio no fueron llamados hasta la mañana siguiente, lo que constituye todo ello “un acto más de violencia institucional policial”.
Como consecuencia de las supuestas agresiones, los querellantes sufrieron diversas lesiones y requirieron asistencia médica. El abogado que les representa considera que los hechos, “incluyendo la agresión física desproporcionada, el trato denigrante en el calabozo y la posible motivación discriminatoria”, pueden ser constitutivos de varios delitos, tales como lesiones, amenazas, delitos contra la integridad moral, detención ilegal y delitos de odio por motivos racistas o xenófobos previstos en el Código Penal.
“La actuación de los agentes de la Policía Nacional en los hechos no puede considerarse un exceso puntual, sino una conducta grave y sistemática de violencia institucional ejercida contra personas migrantes en un contexto de absoluta indefensión”, indica el letrado en la querella.
Trato “humillante, intimidatorio y violento”
A su juicio, los vídeos difundidos en su momento “muestran no solo el uso desproporcionado de la fuerza, sino también un trato humillante, intimidatorio y violento hacia una familia racializada, incluyendo la agresión directa a una mujer, la exposición traumática de su hijo menor y la actuación coordinada de varios agentes en una dinámica de abuso colectivo, no individual”.
Este comportamiento, añade, “no solo constituye un atentado contra la integridad física, sino también una violación flagrante del derecho a la dignidad humana y del principio de igualdad y no discriminación”. Y el agravante fundamental en este caso reside en que los hechos no se produjeron en una situación de resistencia armada, huida o peligro para los agentes, “sino en el marco de una actuación administrativa”, apostilla.
Ante estos hechos, el letrado reclama al juzgado que admita a trámite la querella y abra diligencias de investigación; que identifique a los agentes que intervinieron en los hechos; y que se tome declaración a los querellantes, testigos y a los agentes –estos últimos en calidad de investigados–.
