La militante socialista Leire Díez ofrecía en sus encuentros supuestos acuerdos con la Fiscalía o la Abogacía del Estado que no han llegado a materializarse
El PSOE abre expediente a su militante Leire Díez tras las maniobras contra cargos policiales
La militante del PSOE Leire Díez buscó pruebas contra la Guardia Civil reuniéndose con el comandante investigado en el ‘caso Koldo’ y con empresarios que se habían acercado al partido con la promesa de que tenían en su poder indicios de corrupción en los cuerpos de seguridad del Estado. Así lo recogen diferentes informaciones publicadas en los últimos días. Esas revelaciones se basan en fragmentos de una grabación que recogen parte de esas supuestas maniobras para buscar material negativo de altos cargos del instituto armado y en otra documentación, como fotografías y resúmenes de los encuentros.
Estas informaciones han levantado una enorme polvareda política y llevaron este miércoles al Partido Popular a calificar al PSOE de “organización criminal”. Además, el partido de Alberto Núñez Feijóo reclamó que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su ‘número dos’, Manuel Llamas, comparezcan en el Congreso para que den explicaciones sobre lo que califican de “guerra sucia”.
La estrategia de los socialistas, por su parte, ha sido desvincularse de Leire Díez, definida como una “afiliada de base”. En el PSOE insisten en que no tiene ningún cargo orgánico y acordaron este miércoles abrirle un “expediente informativo” para que pueda explicarse.
Leire Díez fue aupada por los gobiernos de Pedro Sánchez a puestos de responsabilidad en empresas públicas como Enusa o Correos. Diversos medios han apuntado que la militante acudía a esas reuniones por indicación del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El dirigente socialista ha negado que sea su colaboradora o que reciba instrucciones de Ferraz. En los pasillos del Congreso, Cerdán insistió en que es “una militante” y “nada tiene que ver con Ferraz ni con el área de Organización que él dirige”.
Las informaciones llegan, además, en un momento de fuerte ofensiva de la derecha basada en supuestos informes de la UCO que no se han terminado de elaborar, pero que han dado lugar a informaciones que aventuran que serán catastróficos para algunos altos cargos del Gobierno y dirigentes del PSOE.
En este contexto, El Mundo reveló este miércoles que la supuesta emisaria de los socialistas se reunió en al menos dos ocasiones con Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil investigado en el caso de corrupción que afecta a José Luis Ábalos y al que fuera su asesor principal, Koldo García, en busca de material comprometedor contra altos mandos de la Guardia Civil. Esas reuniones habrían tenido lugar el pasado marzo y, según este medio, la militante socialista le habría ofrecido protección judicial y gestionar su rehabilitación en la Guardia Civil a cambio de información sensible de “elementos subversivos” del Instituto Armado.
Villalba fue suspendido de sus funciones en marzo de 2024, tras ser detenido y puesto en libertad acusado de haber filtrado información a Koldo García en el marco de la investigación abierta por las supuestas irregularidades en el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos. Villalba trabajaba en el Servicio de Información antes de que le trasladaran en 2023 a la Embajada de España en Venezuela. La UCO asegura que Aldama lo sobornó para que facilitara a la trama “líneas de comunicación seguras” a cambio de pagos mensuales de 2.000 euros. Ponía a su disposición teléfonos móviles sin control oficial y se los cambiaba de manera periódica, según los investigadores.
Reunión con empresarios
Las informaciones sobre las reuniones de esta supuesta emisaria del PSOE empezaron a circular el lunes, cuando El Confidencial desveló fragmentos de un audio de 53 minutos. En esas grabaciones, Alejandro Hamlyn, un empresario investigado en una causa sobre el fraude en los hidrocarburos, afirma tener información sobre supuestas corruptelas en el seno de la UCO. Y, más concretamente, relativa al teniente coronel Antonio Balas, que está al frente del departamento de Delincuencia Económica de la UCO que realiza los atestados de las causas contra el hermano y la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del caso que afecta al exministro Ábalos.
Díez se muestra muy interesada por esa información, exige “coordinación y celeridad” y ofrece a cambio supuestos pactos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que pudieran beneficiar la situación del empresario. El empresario no ha alcanzado por ahora pacto alguno con la Fiscalía y las acusaciones contra él se mantienen.
Esa reunión se celebró en el despacho del abogado Jacobo Teijelo y también asiste el empresario Javier Pérez Dolset. Tanto Hamlyn como Pérez Dolset, ambos investigados en diversas causas, sostienen que parte de las acusaciones contra ellos son fruto de las maniobras de algunos guardias civiles y fiscales corruptos.
Hamlyn interviene por videoconferencia desde Dubái, donde reside. El abogado del empresario, que no está presente en el encuentro, es José Antonio Choclán, quien también representa al supuesto comisionista del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, y que llegó a un acuerdo con la Fiscalía para que este saliera de prisión provisional —adonde había entrado por su implicación en otro caso de fraude en los hidrocarburos— a cambio de pruebas de las presuntas corruptelas en la etapa de Ábalos.
El propio Aldama afirmó el martes en una entrevista en Telecinco que él y su abogado dieron “autorización” al empresario Alejandro Hamlyn para que “tirara el cebo” a Leire Díez con preguntas sobre él. Todo, con el objetivo de que “salieran estas cosas”. En esa entrevista, el comisionista aventuró también que en los próximos días se harían públicos más audios en los que escucharían “barbaridades” que involucrarían a Pedro Sánchez y a la actual directora de la Guardia Civil.
El Confidencial publicó la primera grabación el lunes, cuando estaba prevista la primera sesión del juicio contra Hamlyn en la Audiencia Nacional. El empresario no se presentó y su defensa alegó que no podía asistir a la vista por “una prohibición de abandonar” dicho territorio debido a una deuda, según informó ese medio. La Fiscalía y la Abogacía del Estado siguen reclamando para él 53 años de cárcel, lo que revela que esas supuestas ofertas no habrían surtido efecto.
Además, El Español afirmó este miércoles que Leire Díez puso a su disposición un vídeo de carácter sexual del fiscal José Grinda, un veterano de la Fiscalía Anticorrupción que ejerce la acusación en el ‘caso del 3%’ de Convergència. Según el citado medio, el encuentro fue organizado a través de un destacado miembro del PSOE, aunque solo asistió Díez. El Español no publicó ese supuesto vídeo.
