«No voy a ir en contra de una empresa»: la alcaldesa del PP que alberga la ‘granja de los horrores’ se niega a cerrarla

“No voy a ir en contra del sector agrícola. De una empresa que genera puestos de trabajo en el sector primario no estaremos en contra”. La frase de María Francisca Lascolas Rosselló provoca gritos de desaprobación en la sala de plenos del Ayuntamiento de Llucmajor, donde está ubicada la ‘macrogranja de los horrores’, cuyas imágenes de gallinas hacinadas conviviendo con cadáveres y roedores han corrido como la pólvora tras la publicación en primicia por elDiario.es. La responsable política ha intentado esquivar una pregunta directa a la diana: “¿Va a colaborar para cerrar la macrogranja?”. En septiembre de 2024, tras votación plenaria, se comprometió a evaluar qué sucedía en una explotación que carece de autorización ambiental integrada.

Como denuncian dos asociaciones animalistas (Satya y ARDE), en la macrogranja se somete a las aves a unas condiciones totalmente insalubres mientras funciona sin contar con las autorizaciones necesarias. Y no es un problema nuevo. “Si una alcaldesa no es capaz de defender los derechos de sus ciudadanos no merece ser alcaldesa”, le ha afeado, ya comenzado el pleno, el concejal Jaume J. Oliver, líder de los socialistas. 

Curiosamente, la concejala de Medio Ambiente no está sentada en su silla. Pilar Seguí Fiol, edil de la Asociación Social Independiente, el partido populista que gobierna Llucmajor con populares y Vox, gestiona, además, la concejalía de Medio Ambiente, se ha sentido indispuesta y no ha ido a la sesión ordinaria de mayo, que se convierte en un monográfico. Con un objetivo muy definido: esclarecer qué ha hecho y qué no ha hecho el equipo de Gobierno para conseguir que cierre una explotación de gallinas ponedoras que causa mucha preocupación social.

Los cuatro grupos de la oposición (PSIB, Més per Mallorca, y dos formaciones municipalistas: Llibertat Llucmajor y S’ULL) retiran todos los puntos que tenían previstos en el orden del día para que sólo se debata sobre los efectos nocivos –“posibles pozos envenenados”, consecuencias sobre unos vecinos “que respiran amoniaco”…– que asocian a unas imágenes terroríficas. A las pruebas gráficas de los dos colectivos animalistas se suman “las que llevan circulando en grupos de Facebook desde hace más de cinco años”, como afirma Alexander Gaffar, el portavoz de Llibertat Llucmajor. “No es un problema de esta semana, aunque para usted lo parezca, señora alcaldesa”, le recrimina. Su intervención levanta aplausos. La sala de plenos está abarrotada.

Una afectada por los olores de las 136.000 gallinas hacinadas en las instalaciones de Ávicola Son Perot se lamenta en un momento del pleno.

A los vecinos y la oposición les preocupa que los excrementos de la superpoblación de gallinas hayan envenenado el agua de los pozos del municipio.

“Un vecino tiene dos burros y lo pasan fatal. Las moscas se los comen”

A las seis de la tarde, una hora antes del pleno, la plaza fue tiñéndose de camisetas amarillas. Al principio eran dos, luego, seis, más tarde, diez, una quincena. Llevan escrito un mensaje muy claro: No volem macrogranges. Las llevan residentes en este pueblo mallorquín donde esta semana dos asociaciones animalistas acumularon a finales de abril pruebas gráficas y contundentes sobre los horrores que ocurren en una explotación avícola donde 136.000 gallinas viven hacinadas en 2.500 metros cuadrados, una versión que la empresa niega asegurando que las imágenes están “manipuladas”. Esa quincena de camisetas entrará después en una sala principal del Ayuntamiento, que también se llena con otros vecinos que, sin vestirse de amarillo, también están hartos del negocio explotado por Avícola Son Perot. 

“¿Tú crees que un niño podría estar ahí?”. Pep está harto y tiene la pantalla del móvil llena de moscas. La imagen muestra el interior y el patio de la casa de aperos (en mallorquín, un foravila) que su familia tiene en unos terrenos cercanos a la macrogranja: “Tampoco podemos tener animales allí. Un vecino tiene dos burros y lo pasan fatal. Las moscas se los comen. Está claro de donde vienen”. Toni, otro llucmajorer con casa lejos del casco urbano, redobla la indignación: “Ha habido malos olores desde hace mucho tiempo, pero desde 2019 para acá todo ha ido a peor. Primero lo denunciamos a la Policía Local. No hicieron nada. Después fuimos a la Guardia Civil. Tampoco pasó nada”. 

Varios afectados charlan en la plaza de Llucmajor antes de entrar al Ayuntamiento.

Retranca mallorquina para protestar contra la granja de los horrores: «En Sineu no nos toques los huevos».

En agosto de 2024, dicen Pep y Toni, mientras otras vecinas que los rodean asienten con la cabeza, lograron verse las caras con el equipo de gobierno. Del encuentro salió la promesa de crear una comisión para afrontar el asunto. Se convocó, pero, según los vecinos, el Consell de Mallorca –gobernado por el PP y VOX– y la Benemérita “no se presentaron”. “Es verdad que faltó alguien”, la alcaldesa Lascolas. La popular, que estaba reunida con sus concejales, mientras sus opositores hablaban con afectados por los olores y medios de comunicación en la plaza poco antes de que comenzara el pleno, defiende que “la licencia de actividad no la otorga el Ayuntamiento, depende del Govern, y sin informes técnicos que no demuestren lo contrario no se puede pedir el cierre”. 

Jaume J. Oliver, el portavoz del PSIB, y Oriol Díaz, el de Més per Mallorca, lo ven justo al revés. Antes del pleno, y durante, creen que desde Llucmajor sí hay margen de maniobra: “Como esa granja empezó a funcionar mucho antes de que se pidieran autorizaciones ambientales, sí debe haber una licencia de actividad municipal. La hemos pedido, pero no la hemos visto”. Joaquín Rabasco, líder de S’ULL, es más incisivo: “Ahora que gobiernan en el Govern no le importa que la macrogranja exista. Cuando estaban los socialistas en el poder, en cambio, no les hacía ni puñetera gracia esa macrogranja”. Mete el dedo en la llaga este político –un populista que entró en el Ayuntamiento llucmajorer a finales de los ochenta y durmió en prisión por delitos de corrupción– en un asunto que la alcaldesa admitió a los medios antes de que empezara el pleno para subrayar el compromiso del PP ante las molestias provocadas por la macrogranja: su antecesor, Éric Jareño, alcalde entre 2019 y 2023, visitó la explotación durante la pandemia, cuando aumentaron las quejas vecinales. Ella, en cambio, dice que no se ha reunido con los gestores de Avícola Son Perot.

Los portavoces de la oposición atienden a los medios antes de comenzar un pleno ordinario en el que prácticamente sólo se debatió sobre la primicia publicada por elDiario.es.

Los concejales opositores llevaron al pleno fotos de gallinas muertas en la macrogranja: denuncian que la empresa se deshace de los cadáveres enterrándolos.

Malos olores

A los vecinos de varias urbanizaciones afectadas los representa un abogado desde octubre de 2024. Decidieron movilizarse para atajar un problema crónico. Los primeros olores datan 2003, son fuertes desde 2017 y difíciles de soportar, desde 2019. Mientras tanto, Avícola Son Perot ingresó 381.000 euros del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears (entre 2014 y 2020) y obtuvo la certificación Welfair que otorga AENOR. Gratificaciones recibidas pese a que la macrogranja funciona incumpliendo la Ley de Evaluación Ambiental de 2013 y no obtuvo el decreto de autorización ambiental del Govern, que fija el techo de las macrogranjas en 40.000 animales. Allí hay, teóricamente, 136.000 gallinas. 

Después de que elDiario.es publicara las condiciones insalubres en las que se hacinan los animales, destapadas y denunciadas, el 21 de mayo, por Satya y ARDE, las asociaciones animalistas exigieron el cierre inmediato de la explotación. A los documentos aportados deberán sumarse las pesquisas del registro que el Seprona y los inspectores del Govern han realizado esta semana.

El martes, Joan Simonet, conseller de Medi Ambient, dijo en el Parlament que aún no tenía pruebas concluyentes para actuar de golpe. Optó el político del PP por una desescalada progresiva. Algo que ya está, teóricamente, en marcha: desde el pasado febrero, Avícola Son Perot sabe que antes de final de año debe reducir en más de un 70% la población de gallinas que malvive en ses Cisternes. El Govern multó con 150.000 euros en 2023 a Avícola Son Perot al carecer la macrogranja de autorización ambiental integrada. Hubo recursos, nuevas inspecciones (la última en agosto del año pasado) y un pellizco económico en firme. La sanción terminó siendo de 150.000 euros, 50.000 menos del máximo que permite la reglamentación. Tampoco se optó por clausurar las instalaciones ni observó la Fiscalia de Medi Ambient indicios de delito. El asunto se ventilaría por los cauces administrativos: la desescalada de la que presume el conseller Simonet.

Los indignados también mostraron documentos que demuestran, presuntamente, la inacción municipal.

Una inspección aprobada por unanimidad

Las molestias y los riesgos de insalubridad a los que se exponen los vecinos tenían que saltar tarde o temprano a la política local. El de hoy no fue el primer asalto. La macrogranja ya irrumpió en el pleno de Llucmajor en septiembre de 2024. Todos los grupos políticos votaron a favor de posicionar al Ayuntamiento en contra de las macrogranjas en Mallorca y de revisar la actividad de la finca. Lo segundo no ocurrió: el tripartito (derecha, ultraderecha y populismo anticatalanista) que gobierna alega que la competencia es del Govern.

Aquella votación municipal ocurría en un contexto muy determinado. Poco después, a Avícola Son Perot se le tuercen los planes: el Govern de Marga Prohens tritura, mediante decreto ley, sus aspiraciones de levantar en Sineu una macrogranja seis veces más grande que la de Llucmajor (proyectada para albergar 750.000 gallinas). Había habido runrún vecinal en un municipio poco poblado (4.000 habitantes) y el Ayuntamiento sineuer, también gobernado por los populares, se opuso a la idea. 

Para Onofre Ballester Veny, el dueño de unas macrogranjas que abastecen las estanterías de Mercadona, Eroski y, hasta que elDiario.es publicó esta primicia, Alcampo, consideraba, meses antes del mazazo del Govern, que negarse a un proyecto que consumiría a diario agua para llenar 36 piscinas olímpicas comprometía el futuro del sector primario en Mallorca, como informó Última Hora. Sus planes pasaban por marcharse de Llucmajor y poner todos los huevos en el cesto XXL de Sineu.

9. María Francisca Lascolas, la alcaldesa popular de Llucmajor, que gobierna con Vox y ASI, un partido local de corte populista.

La historia de la macrogranja

Ese traspié empresarial impedía finiquitar la historia de la macrogranja de Llucmajor. Es larguísima, y parece complicada de entender hasta que se superpone a la política local. Son casi calcadas. El crecimiento de la explotación discurre en paralelo a los juegos de poder de un Ayuntamiento donde la vara de mando quema. Diez hombres y una mujer –la alcaldesa actual– y cinco siglas diferentes han gobernado el municipio más extenso de las Illes Balears desde 1979. Llucmajor abarca 371 km2, casi tres cuartas partes de la isla de Eivissa. Sembrados y marinas. Un lugar donde la Mallorca turística y la rural chocan sin remedio. El campo de batalla perfecto. Probablemente, el crecimiento desaforado de Llucmajor sea una de las claves para entender por qué el negocio de Avícola Son Perot empezó a ser una molestia hace casi una década cuando su actividad ganadera había arrancado mucho tiempo antes. 

Existe una licencia que legaliza varias de las naves levantadas en torno a las edificaciones originales de la finca, ses Cisternes, que data del 21 de enero de 1980. España estaba estrenando municipalismo democrático y esta explotación agrícola ya era un negocio muy diferente al que se había desarrollado en aquellas tierras, agrupadas tras la conquista cristiana de Mallorca en una antigua possessió: sa Llapassa. De hecho, el 14 de diciembre de 1968 ya se solicita al Ayuntamiento franquista un permiso de obra para construir una gran zahúrda de más de mil metros cuadrados… que pasarán a ser cuatro en 1979, según un nuevo proyecto que recibe el Consistorio, ya elegido en las urnas, de Llucmajor. En aquel momento la sociedad que explotaba una granja donde los cerdos irían cediendo espacio a las gallinas era PIEMA. 

De estos especialistas en piensos –y vendida esta misma semana a una constructora– a una promotora, la propiedad pasó a manos de Avícolas Son Perot, una filial de Avícola Ballester, el gigante mallorquín del huevo desde su fundación, 1986. El cacao urbanístico en ses Cisternes parece evidente: en 2023, se solicita legalizar “todas las construcciones sin licencia que constituyen la explotación agropecuaria”. Una porción indeterminada de los 2.560 metros cuadrados que actualmente se dividen en siete naves y que, ya por 2006, estaban construidos. 

El turismo exigía multiplicar los servicios, transformar la producción del sector primario, hacerla más extractiva. El turismo, sin embargo, también exigía –y propiciaba– un crecimiento urbanístico sin sordina. Los 15.000 habitantes que Llucmajor tenía a principios de los ochenta se transformaron en 20.000 con el cambio de siglo. Hoy roza los 40.000. 

Entre 1990 y 2010 se construyó casi la mitad de la superficie del término que está edificada. No de forma organizada y alrededor del pueblo y de los núcleos históricos más (s’Arenal) o menos (s’Estanyol de Migjorn y Cala Pi) turistificados. El cemento se esparció en viviendas diseminadas y, sobre todo, en las urbanizaciones que crecían a lo largo de la costa (sa Torre, Badia Gran, son Granada, Maioris Décima, es Puigderrós, Badia Blava, Tolleric…). Mientras crecían barrios de viviendas unifamiliares a su alrededor, la granja de Son Perot también crecía. Las gallinas y los humanos viven a apenas mil metros. O menos. 

La urbanización de Tolleric, al fondo de la macrogranja.

¿Cómo se permitió? La respuesta habría que buscarla en los intereses que genera la construcción, el pastel más jugoso en la España de la burbuja inmobiliaria. En Llucmajor, las urbanizaciones sin límite afianzaron a la derecha en el poder. Todo un mérito en un municipio que vuelve a ser rompecabezas electoral. Como consecuencia de la desplanificación urbanística, el voto también se divide en Llucmajor. A grandes rasgos, en lo viejo se vota, sobre todo, a los partidos implantados en el resto de la isla y en lo nuevo a formaciones localistas que, muchas veces, bordean el populismo. Sinfonía de grillos, un panorama más propio de congresos tan fragmentados como el italiano o el madrileño que de muchos ayuntamientos españoles. En 2023, ocho grupos diferentes obtuvieron al menos un concejal en Llucmajor. Llegaron a ser nueve cuatro años antes, pero Unides Podem desapareció de la sala de plenos. 

Conformar equipo de gobierno resulta un pandemónium en este municipio mallorquín. La alcaldesa Lascolas, del PP, gobierna apoyada en VOX y en un partido que nada tiene que envidiarle en su ideario a los ultraderechistas: la Asociación Social Independiente.

Durante aquellas dos décadas de hormigonera y especulación urbanística, los dos alcaldes del PP –Gaspar Oliver Mut y Lluc Tomàs Munar– que gestionaron Llucmajor consiguieron cierta estabilidad también gracias a ASI. Entonces la muleta populista estaba en manos de Joaquín Rabasco Ferreira. Cordobés del 52, ex militante del CSD de Adolfo Suárez y, también, ex agente del orden público: la Policía Nacional lo expulsó cuando en 2008 ingresó en prisión. Aunque el Tribunal Supremo acabó rebajando de seis años a dieciocho meses su pena, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears lo declaró culpable por haber desviado un millón de euros públicos a empresas de su propiedad mientras integró gobiernos municipales como líder de ASI.

Pese a haberlo fundado, de ASI salió escupido Rabasco. No fue su final como hombre público. Cuando abandonó la cárcel y vencieron, en 2020, los ocho años de inhabilitación que pesaban sobre él, formó S’ULL. Una resurrección con todos sus avíos: las iniciales de s’Arenal, urbanizaciones y Llucmajor bautizan un partido que, paradoja, bautizó con un sintagma en catalán (s’ull significa el ojo) pese a mantener el anticatalanismo que siempre ha blandido su líder. 

Rabasco se considera como un defensor de “los forasteros” frente “a los mallorquines” y, cuando en aquel pleno de septiembre de 2024, dijo: “Alguien que se tira media vida trabajando con la ilusión de comprarse un terreno o hacerse un chalet o en una urbanización que tenga una serie de servicios y, entonces, viene el clásico amigo de los políticos y monta quinientos metros o un kilómetro monta una granja, y poco a poco va ampliándola, (…) hasta que llega un momento que han metido unas cien o doscientas mil gallinas en una macro granja y resulta que esto no hay nadie que lo aguante”.