Rastreadores callejeros y una ‘spiderweb’: así se han detectado 11.500 pisos turísticos ilegales en Barcelona

En Barcelona hay, a día de hoy, 800 pisos turísticos ilegales. Es decir, el 8% del total, según datos del Ayuntamiento, que se encuentra en plena batalla contra esta actividad. Tanto que solo hasta abril de 2025 ha realizado 3.200 inspecciones, incoado 633 expedientes, iniciado 213 sanciones e impuesto 330 órdenes de cese.

Barcelona es la segunda ciudad española, solo superada por Madrid, con más pisos turísticos a pesar de que la cifra no ha dejado de bajar en los últimos años: en 2020 el peso de los alojamientos pensados para visitantes sobre el número total de viviendas era el doble.

Esto es así porque la capital catalana inició en 2017 una campaña contra las residencias turísticas ilegales. Fue una de las batallas insignia de Ada Colau y el actual alcalde Jaume Collboni le ha tomado el relevo, siendo esta prácticamente la única política de su antecesora a la que ha dado continuidad. Así, en estos ocho años, se han cerrado más de 15.000 anuncios en plataformas como Airbnb y se han incoado más de 11.500 expedientes.

Pero, ¿cómo se encuentran estas viviendas? Este es el trabajo de la Dirección de Servicios de Inspección (DSI), un departamento del consistorio que cuenta con un equipo informático y más de 30 técnicos dedicados a buscar en las entrañas de estas webs pisos que se saltan la legalidad.

Lo hacen a través de una spiderweb que ha desarrollado la DSI. Se denomina así a los programas informáticos que inspeccionan páginas de manera metódica y organizada y que permiten extraer bases de datos. Y eso es lo que hace este sistema con las decenas de miles de anuncios de pisos turísticos que hay en Barcelona.

Se trata de una tarea minuciosa que va más allá de comprobar si los anuncios cuentan con licencia o no, que es lo que rastrean diversas webs como Inside Airbnb, una página norteamericana que da una aproximación de cuántos pisos ilegales hay en diversas ciudades del mundo. Pero desde el consistorio alertan de que hay que ser “más cuidadoso” si lo que se quiere es incoar expedientes administrativos que permitan cerrar alojamientos.

Porque aunque un piso anunciado no adjunte la licencia, no significa necesariamente que sea ilegal. Porque puede ser que la tenga activa, pero no la haya subido al anuncio. O también puede ser que se esté ofertando como alquiler de temporada -una modalidad cada vez más frecuente en plataformas como Airbnb y para la cual no hace falta licencia.

Así que el programa debe rastrear también los calendarios de disponibilidad y ver de qué tipo de oferta se trata. A veces, pueden pasar meses hasta que una sospecha se confirma. En algunos casos, han debido de esperar hasta eventos como el Mobile World Congress, la Copa América el Primavera Sound, a raíz de los cuales el propietario aprovecha para usar su piso como alojamiento turístico sin tener licencia. Y, en el momento en el que lo activa en la web, la ‘araña’ lo detecta.

Pero el trabajo no acaba aquí. Porque plataformas como Airbnb -que copa el 90% de la oferta en Barcelona- no “colaboran”, tal como aseguran desde el consistorio. Por un lado, no comprueba la identidad de las personas que se anuncian, con lo que se dificulta la tarea de encontrar a los posibles infractores. “Una vez, encontramos a un anunciante que se llamaba James Bond, cuyo DNI era 00000007”, explican desde el DSI.

Además, tampoco publica la dirección exacta del alojamiento en los anuncios y, no se puede incoar un expediente sin la dirección. Así que, una vez se detecta una posible ilegalidad, el algoritmo se aparca y debe entrar en juego la inteligencia humana.

Son una treintena de técnicos que se dedican a entrar “anuncio por anuncio” para verificar los datos y mirar los comentarios en busca de si se menciona la proximidad a la playa, alguna parada de metro o restaurante en concreto. También inspeccionan las fotografías, fijándose en las ventanas y fachadas, para intentar ubicar el piso en una zona de la ciudad. Con suerte, en alguna calle en específico. Y entonces toca salir del despacho y rastrear.

Cuando sienten que ya se están acercando y sospechan que han encontrado el portal, preguntan a los vecinos, que suelen mostrarse “muy colaboradores” con los inspectores, debido a las molestias que acostumbran a causar los pisos turísticos. De hecho, las quejas de los vecinos son otra de las herramientas que tiene el consistorio para encontrar alojamientos ilegales.

Airbnb, en el punto de mira

Según explican desde esta Dirección a elDiario.es, en la capital catalana hay unas 28.000 ofertas activas -20.000 de las cuales son de Airbnb-. Cada mes, entre altas y bajas, se cuentan unos 2.500 anuncios nuevos y, de entre ellos, se detectan entre 300 y 400 ofertas ilegales.

La mayoría de plataformas reaccionan “rápido” y desactivan los pisos ilegales “en menos de 24 horas”. Booking es la que más se ha comprometido, llegando a crear un canal de comunicación directo con las administraciones para que puedan comunicar anuncios ilegales y hasta han contratado una persona que solo trabaja para Barcelona. Pero el peso de plataformas como Booking y sus 3.000 anuncios en Barcelona es nimio. “En Airbnb encontramos 10 veces más ilegalidad que en otras empresas”, afirman desde el consistorio.

Por eso, cuando el Ayuntamiento inició su campaña contra las viviendas turísticas ilegales, en 2017, supo que debía intentar cooperar con la compañía americana. Así que un año después firmó dos convenios. Uno, por el cual tenían acceso a los datos de la plataforma -aunque cuando descubrieron a James Bond supieron que “no servían de nada”- y otro por el cual la empresa se comprometía a cerrar los anuncios ilegales en un plazo de entre 5 y 10 días previa notificación postal.

Esto funcionó bien hasta esta semana santa de este año. Ese mes, el Ayuntamiento realizó la comunicación como de costumbre, pero la plataforma todavía no ha cerrado esos anuncios. Este cambio de actitud se da pocos meses después de que el Gobierno anunciara que abría un expediente sancionador contra la empresa precisamente por negarse a cerrar anuncios ilegales.

Por su parte, el Ayuntamiento comprende que Airbnb ha “roto la colaboración” con Barcelona y estudia emprender acciones legales contra la plataforma. “Que hayan roto la colaboración con el Ayuntamiento es inaceptable. Airbnb opta por proteger a los infractores”, ha apuntado, en declaraciones a elDiario.es, la teniente de alcalde Laia Bonet. “No retrocederemos en la lucha contra la actividad ilegal, que hasta ahora ha permitido recuperar más de 3.900 viviendas para uso habitual”, ha añadido.

Se refiere a los pisos que, tras haber sido detectados como ilegales en el mercado turístico, han pasado a ser de alquiler. Esta es una opción a la que se acogieron muchos propietarios durante los años más afectados por la pandemia, coincidiendo con las temporadas turísticas más bajas. Ahora bien, que una vivienda saliera de Airbnb en su momento no significa que no haya podido volver en un futuro, tal como alertan fuentes del consistorio.

Los trucos de las “mafias”

Después de casi 10 años de campañas, las plataformas y los usuarios han reaccionado con suficiente diligencia como para que solo fuera necesario imponer dos sanciones, ambas a Airbnb: una de 30.000 euros y otra de 600.000. Esa fue en 2016, antes de firmarse el convenio, y todavía sigue en los tribunales.

Pero ahora, según el consistorio, el verdadero reto son los multiinfractores. Suelen ser personas coordinadas que alquilan diversos pisos y publican grupos de anuncios de manera organizada. Así, no solo tienen ofertas ilegales, sino que, además, también estafan a los propietarios de las viviendas. Actualmente, hay activas 26 redes de este tipo, a las que el consistorio llama “mafias”. Hace dos años eran 38.

Estos infractores tienen diversas maneras de operar: pueden poner diversos anuncios para el mismo piso en la misma plataforma. También pueden intentar esquivar las inspecciones municipales mintiendo sobre la dirección de la vivienda y luego enviándole directamente al cliente vía mensaje privado la dirección correcta.

También suelen realizar obras ilegales -sin el conocimiento de los propietarios- para generar más habitaciones en un solo piso para poder meter a más gente dentro. Con esto, las viviendas pueden llegar a perder la cédula de habitabilidad, así que la falta de licencia turística no es la única ilegalidad. Igualmente, suelen ofertar alquiler de habitaciones turísticas, práctica que está prohibida en Barcelona desde 2022 y que solo pueden llevar a cabo los hostales acreditados con su debida licencia.

Las casuísticas y las posibilidades de saltarse la normativa son muchas. Por eso, desde la DSI del Ayuntamiento explican que el trabajo que realizan es “complicado, pero necesario” para evitar volver a las cifras de 2017. En el momento en el que se empezó la campaña para acabar con las ofertas ilegales se iniciaron 6.000 expedientes en solo un año, mientras que ahora la cifra es tres veces menor.

Ahora bien, el plan de Barcelona es acabar con todos los alquileres turísticos de cara a 2028, fecha en la cual un visitante solo podrá alojarse en hoteles o albergues. En ese momento, la spiderweb dejará de funcionar y los técnicos podrán dedicarse a inspeccionar otras licencias como las de las terrazas, los supermercados fantasma o las dark kitchen.