Una pericial concluye que la ‘operación colegios’ produjo un daño patrimonial al consistorio
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Nuevo informe pericial en el ‘caso Azud’, la presunta trama de corrupción urbanística en la era de la fallecida alcaldesa Rita Barberá que investiga el Juzgado de Instrucción número 13 de València, a cuenta de la denominada ‘operación colegios’. El Ayuntamiento de València aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil del empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados en la causa, a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio mantenía con varias congregaciones religiosas dueñas de los terrenos. Un informe elaborado por un arquitecto de Hacienda, al que ha tenido acceso este diario, contradice las tesis de una pericial anterior incorporada al sumario a petición del empresario Federico Ferrando, investigado en el procedimiento. Mientras que el informe encargado por Ferrando sostenía que la ‘operación colegios’ no generó daño patrimonial para el Ayuntamiento de València, el perito de Hacienda concluye todo lo contrario. “El daño patrimonial se produce porque el Ayuntamiento cede las parcelas a un valor por debajo del de mercado en ese momento y, además, en un contexto de subida acelerada de precios”.
La nueva pericial analiza el panorama del mercado inmobiliario en València en aquella época de burbuja inmobiliaria con información obtenida de la tasadora TINSA. En el primer trimestre de 2005, el precio medio del metro cuadrado en València era de 1.588 euros. En el primer trimestre de 2006, se disparó a 2.043 euros. Y en el mismo trimestre del año siguiente, el metro cuadrado alcanzó los 2.388 euros. Aquella burbuja inmobiliaria supuso una subida media anual en apenas dos años del 22%.
“Insisto en este punto por su relevancia: en esos tiempos, un inmueble casi duplicaba su valor en cuatro años; los tipos de interés del dinero quedaban muy por debajo de estos incrementos del mercado inmobiliario. El valor de los inmuebles subía más de lo que suponía el interés de demora”, explica el perito, que insiste en que la prensa tildó la operación de “pelotazo”.
Un negocio “sumamente provechoso”
El informe agrega que “lo más importante” de la operación fue la “pérdida patrimonial” del Ayuntamiento de València, que se convirtió en “ganancia patrimonial de una empresa que fue seleccionada arbitrariamente, en lugar de sacarse los inmuebles a subasta pública como era preceptivo”.
En definitiva, afirma el perito, se vendieron unos solares en “zonas estratégicas para un promotor, con la calificación urbanística adecuada para que su valor coincidiera con la deuda en ese momento”, en referencia al 2007.
El informe concluye, lejos de la pericial encargada por Federico Ferrando, que el negocio fue “sumamente provechoso” en el momento de la adquisición de los solares, al tratarse de solares situados en zonas de interés para un promotor y, además, a un precio por debajo del valor de mercado, por adjudicación directa y sin subasta pública.
El perito del Ministerio de Hacienda considera que, en el momento del negocio, “se daba por hecho que el valor de los solares iba a seguir subiendo vertiginosamente”, ya que “ningún experto en España” podía predecir el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de un año después. “De hecho, a los tasadores y valoradores nos costó bastante detectar y aceptar el cambio de tendencia”, explica el informe, que agrega: “Parecía inverosímil”.
El arquitecto de Hacienda cierra su informe con la siguiente observación: “Los beneficios han sido espectaculares”.