Empiezan las obras para ampliar la superficie ganada al mar en Baiona (Pontevedra) entre protestas de vecinos y ecologistas, que reclaman que se actualice el estudio de los impactos en el entorno
Incendios, eucaliptos, autovías y enfoque turístico de la Xunta: los parques naturales de Galicia acumulan problemas
En la localidad pontevedresa de Baiona, uno de los centros turísticos de la costa gallega, una grúa de obra ocupa desde hace días la zona del puerto deportivo. Es parte de la maquinaria que se utilizará para ampliarlo con un nuevo relleno de 4.200 metros cuadrados para alcanzar los 331 amarres y levantar un edificio con restaurante y cafetería. La empresa, Nauplia Capital, cuenta con el visto bueno del ente que gestiona los puertos autonómicos gallegos, Portos de Galicia, que ha autorizado una modificación del proyecto original, y del Gobierno central. Y la ampliación se va a hacer amparada en una declaración de impacto ambiental que tiene más de 20 años, en una zona cercana a terrenos incluidos en Red Natura y sobre un fondo en el que hay restos arqueológicos.
Vecinos y organizaciones ecologistas se han movilizado contra este relleno: están convocando concentraciones cada tarde en el puerto deportivo, han hecho llegar sus quejas a grupos políticos -Podemos preguntará al respecto en el Congreso- y han presentado denuncias, que ya suman más de 500, ante Portos de Galicia para reclamar la paralización de las obras y que se hagan estudios tanto de patrimonio como de los efectos ambientales y sobre los bancos marisqueros del relleno actual y del proyectado. Rafael Lores está actuando como portavoz de los vecinos. Carga sobre todo contra la declaración de impacto ambiental por las más de dos décadas transcurridas desde que se hizo y contra lo que considera falta de transparencia porque la resolución por la que se autoriza modificar la concesión no ha sido publicada todavía. Portos asegura que el documento ya ha sido remitido para su difusión en el Diario Oficial de Galicia (DOG).
La historia de este relleno para construir un puerto deportivo en Baiona se remonta a hace más de dos décadas. Lores, que fue en el pasado candidato del PSOE a la Alcaldía, rememora que los primeros pliegos son de la segunda mitad de los 90 y que las obras se hicieron ya comenzados los 2000. Pero de los más de 10.000 metros totales de relleno incluidos en el proyecto solo se ejecutó una parte en aquel momento. Es esta primera concesión, otorgada a Ronautica y que duraba hasta 2029, la que ha sido modificada. Los usuarios reclamaban servicios prometidos y que no se estaban dando, pero la intención de ampliar el puerto deportivo y levantar un edificio chocó con la falta de un plan especial del puerto. El documento se aprobó en el pleno del Ayuntamiento en 2015, solo con los votos del PP y entre críticas de la oposición. En ese documento consta que la planificación de la lámina de agua es competencia de Portos y que el plan general de ordenación municipal protege la zona como arqueológica.
Fue después de este trámite, en febrero de 2023, que Nauplia Capital se hizo con la concesión del puerto deportivo y tramitó una ampliación del periodo de vigencia. Lores asegura que el Ayuntamiento respondió en solo dos días -de forma afirmativa- a la petición de licencia de la empresa para las obras. En un pleno extraordinario el pasado 21 de mayo, el PP -que gobierna en Baiona bajo el mando de Jesús Vázquez Almuiña, quien ya fue alcalde del 2004 al 2015- defendió que el proyecto es legal y que cuenta con todos los informes sectoriales necesarios, incluido el de compatibilidad con la Estrategia Marina de la Demarcación Noratlántica, emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica. El grupo de gobierno cree que es la oposición la que genera “alarma social” con sus críticas.
Un análisis ambiental de hace dos décadas
Lores sostiene que su batalla y la de sus vecinos no es una confrontación entre fuerzas políticas: “Estamos defendiendo nuestro patrimonio natural. Una minoría disfruta de un espacio que es de todos, no solo de los vecinos de Baiona, sino de todos los ciudadanos”. Asegura que la preocupación se basa en parte en los efectos observados sobre la playa de Santa Marta, la más cercana al puerto deportivo. Dice que los cambios en las corrientes provocan que se quede sin arena. Y reclama que un organismo independiente, entre los que cita a la Universidad de Vigo, estudie el impacto del primer relleno en el medio ambiente y los bancos marisqueros antes de permitir otra intervención.
El portavoz critica que se siga aplicando una declaración de impacto ambiental que fue emitida en 2002. Las denuncias presentadas citan la ley de evaluación ambiental de 2013 y un real decreto que la modifica, de 2023, para defender que es necesario un nuevo estudio ambiental, ya que la norma lo exige para obras en zona de servicio de los puertos si estas pueden generar alteraciones en la costa por afección a la dinámica litoral. Consideran que este es el caso. La Xunta, sin embargo, interpreta que no: Portos argumenta en su respuesta a esta redacción que esas posibles alteraciones están descartadas. Basa su afirmación en la declaración de impacto ambiental de hace más de dos décadas.
Portos añade que el relleno está planificado con estas dimensiones desde hace 20 años y que los informes preceptivos están aprobados. Niega que esté pendiente el de Patrimonio. En el momento de responder a este diario, restaba la aprobación del plan de seguimiento y vigilancia arqueológica, que es necesario antes de hacer trabajos en la lámina de agua. La maquinaria, por ahora, ha desplegado una barrera anticontaminación.
Dudas sobre el número de amarres
Lores carga contra la falta de transparencia y señala que el informe de Patrimonio no es público. También resalta la preocupación que ha generado entre los vecinos una afirmación recogida en el sitio web de la empresa concesionaria, en el que se afirmaba hasta este martes que en los próximos meses el número de amarres se ampliaría a 550 y que también se construiría un aparcamiento para 220 vehículos. Ese texto ha sido ya retirado y el actual ya solo habla de una inversión para “mejorar las instalaciones”. Nauplia se ha limitado a contestar a las preguntas sobre su postura aludiendo a que esta información ha sido actualizada. Portos, por su lado, asegura que esas más de 500 plazas estaban previstas en el proyecto original, pero fueron rebajadas a 331 en la tramitación ambiental y esta última cifra es la autorizada.
Entre quienes piden parar el relleno está la organización Ecoloxistas en Acción, que avisa de que es “gravemente dañino” para el entorno natural. La obra, que ven “desproporcionada”, tendrá efectos en la dinámica de las corrientes y el impacto se notará no solo en la playa de Santa Marta, sino también en la de A Ladeira, incluida en la Red Natura, advierte. Critica, además, el planteamiento más allá del impacto ambiental: “Esta actuación constituye un paso más en la privatización de la costa baionesa, entregada al impacto especulativo, con un modelo de turismo para ricos que incidirá en la subida de los precios de la vivienda, de los más altos de Galicia tanto en alquiler como en vivienda de segunda mano, y la expulsión de la población”.
