El representante de la Administración anuncia la creación de 150 nuevas plazas y el bloqueo de otras ya disponibles pero asume que, desde la puesta en marcha de medidas cautelares en marzo, no ha evaluado a ningún menor mientras Canarias denuncia que «no ha cambiado absolutamente nada»
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El representante del Gobierno ha reconocido este jueves ante el Tribunal Supremo que la administración central no ha podido examinar ni una petición de protección de menores extranjeros en Canarias desde que los jueces lo impusieron por medida cautelar el pasado mes de marzo. En una vista de tres horas, ha defendido que se van a crear 150 nuevas plazas para protección de estos menores y ha anunciado la puesta en marcha de un protocolo, pero la representante del ejecutivo canario ha reprochado que muchas de estas propuestas fueron remitidas ayer: “Ha quedado claro que no ha cambiado absolutamente nada. Ninguno de los menores ha sido evaluado individualmente”, ha dicho.
La sala tercera del Supremo emitió un auto de medidas cautelares a finales del pasado mes de marzo en el que entendía que la atención a estos menores no acompañados era cosa de la administración central y que debía ser el Estado el que se hiciera cargo de un millar de menores solicitantes de asilo. Los jueces dieron un plazo de 10 días al Gobierno y convocaron una vista al sospechar que no se estaba implementando ninguna medida.
La vista ha terminado con las conclusiones del ejecutivo central y del Gobierno de Canarias. “A fecha de esta vista no se ha podido evaluar a ningún menor”, ha reconocido el representante de la administración central, aludiendo a la “falta de documentación” en los expedientes. Y ha anunciado otras “medidas concretas”, como “asegurar” las plazas destinadas a menores en Canarias trasladando a los mayores de edad que las ocupan, así como la “apertura” de 150 “plazas adicionales” y el encargo hecho este martes a Tragsa para hacer de “servicio de apoyo”.
También ha expuesto una propuesta de protocolo remitida al Gobierno de Canarias que ha sido matizada por la representante del ejecutivo de las islas. “Ha quedado claro que no ha cambiado absolutamente nada. Ninguno de los menores ha sido evaluado individualmente”. Ha prometido que el ejecutivo canario examinará “con la mayor celeridad” la propuesta de protocolo remitida por el Gobierno pero ha explicado que la mayor parte fue enviada ayer, a 24 horas de la vista. “A última hora” y de forma “unilateral”, ha dicho, acusando al Estado de intentar dilatar el proceso para evitar el cumplimiento del auto.
A lo largo de varias horas, los jueces -con Carlos Lesmes al frente- han escuchado las explicaciones de diversos representantes de la administración central. Desde Amapola Blasco, directora general del Sistema de Acogida de Protección Internacional hasta Octavio Rivera, director general de Protección Internacional. Responsables de los Ministerios del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que han reconocido el colapso del sistema y han reitardo que el cuidado de los menores que llegan a las costas es una competencia de las comunidades autónomas y, en este caso, de Canarias.
Lesmes, presidente del tribunal en esta sesión, ha sido muy incisivo al preguntar en una decena de ocasiones a todos los testigos por la situación en la que quedan los menores no acompañados, por ejemplo, cuando cumplen la mayoría de edad, y en las razones por las que existe un primer trámite en el que los migrantes anuncian su intención de solicitar asilo, previa a la formalización. Atienza ha aludido a la “falta de documentación” aportada por el “servicio de protección de menores” para resolver los expedientes, algo que según el ejecutivo Canario la administración central tiene a su disposición. El sistema, ha explicado, se encuentra en “situación de absoluta saturación por el gran número de solicitantes”.
Amparo González, de la subdirección de Análisis Migratorio, ha afirmado que el ejecutivo central ha remitido un oficio a Canarias con respecto a 762 menores identificados “como solicitantes de protección internacional”. Parte del debate ha girado en torno al número de menores y el listado de nombres que debe analizar la administración central: Canarias defiende que desde el principio se trabaja con un listado de 1.008 personas mientras que los representantes del Estado aseguran que desconocen ese listado.
Ahora será la Sala Tercera la que decida si el ejecutivo central está cumpliendo o no con las obligaciones que establecieron en su auto del pasado mes de marzo. “Se ha evidenciado que no ha habido voluntad por parte del Gobierno de cumplir con el auto”, ha dicho Alfonso Cabello, portavoz del ejecutivo canario, a las puertas del tribunal.
