El juzgado que investiga un delito de prevaricación en la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Salud entre 2020 y 2024 reclama a la Junta más documentación, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, e indaga sobre cómo se eligieron las clínicas beneficiarias de los contratos a dedo
El Gobierno andaluz autorizó a las clínicas privadas facturar más caro operaciones ya contratadas por concierto público
El Juzgado de Instrucción númeo 13 de Sevilla, que investiga un supuesto delito de prevaricación en los contratos de emergencia (a dedo) suscritos entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las clínicas privadas entre 2020 y 2024 ha pedido al Gobierno de Juan Manuel Moreno que le envíe todos los correos electrónicos y comunicaciones directas que tuvo el SAS con las empresas adjudicatarias de esos contratos bajo sospecha.
El juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y del PSOE (personado en la causa como acusación popular), reclama más documentación y más precisa a la Junta de Andalucía, centrando ahora su interés en por qué el SAS eligió a unas clínicas privadas y no a otras al adjudicarles a dedo contratos millonarios, por qué algunos de los centros beneficiarios recibieron unas cuantías y otros otras distintas, y por qué la Junta prorrogó casi dos años el mismo expediente de emergencia, con sucesivas adendas de gasto, pero no con todas las empresas inicialmente adjudicatarias.
En la causa de los contratos de emergencia está imputada la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. El juez investiga contratos que fueron censurados por más de una decena de informes de la Intervención de la Junta, que alertó a la Consejería de Salud de que el procedimiento de contratación era irregular, y recomendó varias veces que se suspendiera. Entre principios de 2021 y finales de 2024, el SAS prorrogó y amplió el presupuesto de contratos de emergencia amparándose en el marco legal habilitado al principio de la pandemia cuando ya estaba derogado.
La providencia del juez, adelantada por El Correo de Andalucía, pide a la Intervención General de la Junta “todos los expedientes de fiscalización de contratos entre el 23 de junio de 2020 y el 6 de octubre de 2020 y durante todos los años 2020 y 2021 que no hayan sido objeto de control financiero posterior”.
Esa fecha -el 6 de octubre de 2020- es cuando el Consejo de Gobierno presidido por Moreno aprueba cambiar el sistema de fiscalización de los contratos de emergencia que se seguía hasta el momento, pasando del control previo a la auditoría posterior. Todos los interventores provinciales del SAS subrayan ese acuerdo en sus informes desfavorables sobre los contratos sanitarios, pero el magistrado se retrotrae a una fecha anterior para saber si las alertas de los auditores venían de atrás. El informe de la Cámara de Cuentas, relativo a los contratos del ejercicio 2020, destapó una serie de irregularidades, pero avaló en general el procedimiento.
El juez y el fiscal vuelven a pedir documentación que habían reclamado en providencias anteriores y que, aparentemente, la Junta no le hizo llegar. Uno de los expedientes que más se repite en los informes de la Intervención del SAS en Sevilla es el relativo a las obras de remodelación del antiguo Hospital Militar (Virgil de Quiñones).
Los auditores acusaron a la Junta de quebrantar la Ley de Contratos del Sector Público para adjudicar a dedo como urgente una obra programada para 13 meses, y con un coste de 18 millones de euros. El informe reveló, además, una ampliación del presupuesto inicial “sin acreditar”. La Intervención tildó de “incongruente” el que el SAS utilizara un contrato de emergencia, cuando tenía acreditada una “previsión de obras de larga duración”. “Esto conculca la ley”, sentenció.
El magistrado requiere ahora a la Dirección General de Gestión Económica del SAS -que hasta su reciente cese ocupaba el exdiputado del PP José Antonio Miranda- el “expediente completo” del Hospital Militar, que Moreno inauguró personalmente (varias veces) y que el presidente ha esgrimido como proyecto estrella y arma política contra los anteriores gobiernos socialitas, que lo dejaron cerrado muchos años.
El juez, siguiendo la estela de los informes de la Intervención, apunta al uso dudoso de fondos europeos para la obra de ampliación. “El expediente completo que da lugar a la emisión del informe del proceso de verificación de los gastos con fondos europeos derivados de los contratos de emergencia para la terminación del antiguo Hospital Militar de Sevilla”, dice el escrito.
La causa judicial ahora en curso reproduce la investigación iniciada hace casi dos años por elDiario. sobre los contratos a dedo de la Junta a clínicas privadas amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia cuando ya estaba derogado.
El 12 de marzo de 2023 este periódico reveló el Gobierno de Moreno había adjudicado a dedo 243 millones de euros a estas empresas sin amparo legal, una noticia que provocó 48 horas después un aviso por escrito de la Intervención del SAS, que abría una investigación interna, y el anuncio de la Junta para suspender de inmediato ese tipo de contratos.
La querella de los socialistas señala directamente a dos ex altos cargos del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Guzmán, gerente del SAS entre noviembre de 2019 y julio de 2022; y su sustituto, Diego Vargas, que ocupó este puesto hasta diciembre de 2023. Guzmán fue ascendido a viceconsejero de Salud tras las elecciones de 2022, pero cesado cinco meses después, tras hacerse públicas las desorbitadas listas de espera de pacientes para operarse, que la Junta llevaba año y medio sin publicar.
A los tres meses de su cese, Guzmán fichó por la aseguradora privada Asisa, una empresa que se había beneficiado de la adjudicación a dedo de 44 millones de euros en contratos que ahora investiga la Justicia. Su sustituto como gerente del SAS fue Diego Vargas, también imputado, que fue destituido junto a él el mismo diciembre de 2023. La actual gerente, Valle García, fue imputada tras firmar las últimas adendas con ampliación de gasto al expediente de emergencia originario, de 2021, del que emanaban todos los contratos a dedo bajo sospecha.
