Los cuatro partidos que pusieron en marcha la investigación sobre los agentes que espiaron a movimientos sociales pactan un plan de trabajo que llamará a declarar a varios responsables y exresponsables de Interior, Defensa y el CNI
Junts, ERC, Comuns y la CUP fuerzan una comisión de investigación sobre las infiltraciones policiales
La comisión de investigación sobre la infiltración de policías en movimientos sociales y el espionaje con Pegasus está a punto de ponerse en marcha en el Parlament de Catalunya. Según el plan de trabajo pactado este jueves por Junts, ERC, Comuns y CUP, las cuatro formaciones que han forzado la investigación, la Cámara citará a declarar a varios de los actuales y antiguos responsables de Interior, Defensa o el CNI.
Entre la lista de nombres a los que se citará se encuentran varios ministros, tanto del Gobierno actual, como Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles Robles, como también ministros del Gobierno del PP, Maria Dolores de Cospedal, Juan Ignacio Zoido o Jorge Fernández-Díaz.
También llamarán a otros responsables que están en ejercicio o lo han estado hasta hace poco, como el secretario de Estado de Seguridad; Rafael Pérez, que precisamente ha anunciado su salida del cargo estos días. El fiscal general del Estado, Álvaro Garcia Ortiz, y la fiscal jefe en Barcelona, también figuran entre los nombres que los grupos promotores desean llamar a declarar.
Los cuatro grupos parlamentarios quieren que la comisión llame también a todos delegados del Gobierno en Catalunya durante los últimos ocho años: Josep Enric Millo (PP) y María Eugènia Gay y Teresa Cunillera (PSC), además de los responsables operativos del cuerpo de la Policia Nacional en Catalunya. En esa misma lista se sitúan los máximos responsables del CNI, tanto la actual directora, Esperanza Casteleiro, como los exjefes Paz Esteban y Félix Sanz Roldán.
Junts, ERC, Comuns y CUP registraron esta comisión en febrero pasado después de que se conociera una de las últimas infiltraciones, en este caso en València. Según la petición registrada, el objeto de la investigación es “conocer los detalles” sobre las infiltraciones y si contaban con tutela judicial, además de proponer regulación normativa para proteger los derechos de los ciudadanos. Está previsto que la comisión eche a andar en las próximas semanas.
