Arranca en Madrid el IV Encuentro de violencia vicaria e institucional que llama la atención sobre la denuncia de algunas algunas mujeres de que, a pesar de los avances legislativos, se topan con un sistema que no les protege y que, a veces, se les vuelve en contra al denunciar a los progenitores de sus hijos
Varios relatores de la ONU señalan al sistema judicial español por no proteger a los menores de “padres abusivos”
Itziar denunció. No solo lo hizo una vez, en repetidas ocasiones alertó de las amenazas que el hombre del que se estaba separando, padre de sus dos hijas, vertía contra ellas. Pidió que las protegieran, pero el juzgado rechazó la orden de protección solicitada sin escuchar ni evaluar a Nerea y Martina, que entonces tenían seis y dos años. El auto que archivó el proceso decía sobre ella que el miedo “que dice sentir” por las dos pequeñas carecía de “explicación razonable”. Siete meses después Ricardo Carrascosa asesinó a las dos niñas en su casa, donde estaban cumpliendo con el régimen de visitas al que obligaba el juzgado.
El caso es extremo porque representa el efecto más brutal de la violencia machista: desde 2013, 63 menores han sido asesinados por esta causa. Pero detrás de las cifras se suceden casos de mujeres que acuden al sistema para buscar protección para sus hijos o hijas y no la encuentran. Por contra, se topan, a veces, con prejuicios, omisiones, indefensión y, en las situaciones más límite, incluso con retiradas de custodias. Es lo que víctimas, expertas y asociaciones llaman violencia machista institucional, un concepto cada vez más visible, que incluso una ley, la catalana de violencia de género, reconoce oficialmente y que está empezando a contar con el respaldo de algunas instituciones.
Prueba de ello es la presencia de la ministra de Infancia, Sira Rego, o la secretaria de Estado de Igualdad, Aina Calvo, en la apertura del IV Encuentro Estatal de violencia vicaria y violencia de género institucional que arranca este viernes en Madrid. A él acudirá Itziar y también otras víctimas que comparten situaciones similares, a menudo “que han denunciado violencia o abuso sexual hacia sus hijos” por parte de sus progenitores “y el sistema sigue sin impedir el contacto con ellos y sin protegerles”, esgrime Silvia Aquiles, de la plataforma Yo sí te creo, por la que han pasado “más de un centenar” de madres.
El encuentro reconoce que España “cuenta con uno de los sistemas normativos más avanzados” en esta materia, pero estos pasos adelante “siguen sin garantizar” en todos los casos “una protección real para las madres y sus hijas e hijos víctimas de violencia de género”. Para analizar las fallas del sistema y las consecuencias que tienen “para la salud y la vida” de las víctimas decenas de expertas de diferentes ámbitos se darán cita en el evento, en el que abordarán lo que llaman “la connivencia perfecta” entre “las violencias de género vicaria e institucional que se está produciendo en nuestro país”.
“Desde hace una década aproximadamente los profesionales que venimos trabajando con víctimas observamos cambios que afectan a la respuesta que se da a la violencia de género cuando confluye el binomio mujer-madre con hijos e hijas. Se han generado normas muy potentes que nos convierten en un referente en la materia, pero queda un hueco por donde se cuela el machismo: los hijos e hijas”, alerta Francisca Granados, codirectora del encuentro. Su nombre se hizo conocido en 2016, cuando se convirtió en uno de los apoyos de Juana Rivas, precisamente uno de los casos que suele ponerse como ejemplo paradigmático de esa violencia institucional.
Sin protección y sin custodia
Cuando Aquiles escucha el término piensa en “el patrón” que asegura que siguen “más del 90%” de los casos vistos en la plataforma: “Las mujeres denuncian porque sus hijos han verbalizado un abuso sexual o porque profesionales médicos lo detectan. La mayoría tienen pruebas, pero hay un momento en que en los informes de los equipos psicosociales empieza a emerger que son ellas las que están poniendo en contra del progenitor a sus hijos y que su testimonio es inducido. Los procedimientos acaban archivándose y se decreta que las madres perjudican a los niños, así que como supuesta solución les quitan la custodia, les impiden ver a sus hijos o solo hacerlo en Puntos de Encuentro Familiar y se las dan a los padres. Es lo que llamamos arrancamiento”, relata.
Es lo que narra Pamela (nombre ficticio), que lleva prácticamente una década en una espiral de decisiones judiciales y medidas que, según asegura, le han mermado gravemente su salud y su economía.Todo empezó cuando su hija comenzó a tener problemas urinarios. Los pediatras comenzaron a indagar y explicaron que ese era uno de los síntomas del abuso sexual infantil. Ella, alertada también por el comportamiento sospechoso de quien era su pareja y padre de su hija, decidió encararle y, tras una respuesta violenta, irse de casa con lo puesto.
“A lo largo de la relación había sido violento, pero nunca había utilizado la violencia física. Denuncié ese episodio, pero no lo había hecho antes y en comisaría nadie te pregunta qué ha pasado, así que todo lo anterior no quedó plasmado”, cuenta. La denuncia no prosperó y tampoco lo hizo el caso de su hija, que llegó a juicio después de muchos retrasos y “sin que se le hubieran hecho todas las evaluaciones psicológicas y forenses”, afirma Pamela.
Esto sirvió para que su expareja pidiera que se modificaran las medidas de guardia y custodia: el juzgado se la concedió en exclusiva a él y a ella le permitió visitas, primero en casa, pero ahora “bajo vigilancia solo unas horas a la semana”. “Yo he dado voz a mi hija, pero el sistema te va amenazando, quitando potestad”, afirma Pamela que explica que a pesar de que la niña sigue relatando episodios, el último archivo judicial se produjo “sin que fuera escuchada”.
Este tipo de casos son algunos de los que más se repiten entre los 117 documentados por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM), un ente impulsado por la sociedad civil que cifra en el 52% la proporción de casos que se dan en el ámbito judicial. El fenómeno ha sido alertado también por varios relatores de la ONU, que han señalado al sistema español por no proteger a los niños de “padres abusivos”, por introducir “sesgos discriminatorios” hacia las mujeres y por la aplicación de llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría rechazada por todos los organismos científicos y judiciales basada en la idea de que cuando un hijo rechaza a su padre se debe más a la influencia de la madre que a su propia experiencia.
El ‘pater familias’
El encuentro ha puesto el foco específicamente en el SAP, cuyo uso está prohibido por ley. Teresa Peramato, exfiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, es consciente, sin embargo, de que se sigue usando aunque con otros nombres. “Todavía en algunos informes periciales sabemos que se utiliza esta técnica para informar a favor de la retirada de la custodia de las madres”, explica. La fiscal recuerda que desde 2022 la consigna a los fiscales es oponerse a ello. “Cuando un niño rechaza a un progenitor normalmente la causa está en el progenitor rechazado, es muy difícil que una madre pueda manipular al niño hasta el punto de lavarle el cerebro así”, esgrime Peramato.
Por eso, reclama en primer lugar “investigaciones profundas y exhaustivas” que pongan en el centro el interés superior del menor y pone sobre la mesa la necesidad “de escuchar a los menores”, algo que no siempre ocurre. Pero, además, se muestra en contra de los cambios de custodias abruptos como estos. “Si se investiga y no se encuentra causa en el progenitor rechazado y sigue habiendo un rechazo visceral a estar con él por parte de su hijo lo que no se puede hacer de ninguna de las maneras es cortar el contacto con la madre y forzarle a estar con el progenitor. Es algo que puede ser una forma de maltrato infantil”, dice la ahora Fiscal de Sala de la Sección Penal del Tribunal Supremo.
Granados, que lleva 33 años trabajando con víctimas de violencia de género, cree que si esto ocurre es en parte por “la tremenda fuerza” que tienen “ideas y estereotipos que colocan al ‘pater familias’ como algo central, como un sujeto de derechos inamovibles pase lo que pase”. De ahí que incluso todavía y a pesar de que la ley lo impide, haya casos de mujeres que denuncian violencia de género y no se suspendan los regímenes de visitas, según las expertas. “Esto sigue pasando. Es el derecho del padre por encima de todo”, coincide Silvia Aquiles.
“No pienso que la mayoría de operadores jurídicos, y con eso me refiero no solo a jueces o fiscales, sino a todos los profesionales que intervienen, quieran hacer daño a los niños. Creo que hay un grave problema de formación y que, por tanto, no tienen las herramientas para diagnosticar adecuadamente lo que sucede, tienen un marco interpretativo que les permite distinguir el maltratador del padre, porque no entra la idea de que un maltratador no tenga derechos sobre sus hijos. Además, si la madre se opone, con más motivo se le dan los derechos al padre, porque ¿cómo se puede consentir eso?”, argumenta Granados, que también cree que existe un sector que practica “una desobediencia explícita” a las normas que deben cumplir.
Aquiles explica que los efectos de todo ello para las mujeres y sus criaturas “son devastadores” y cree que aunque cada vez “parece haber mayor sensibilidad” entre algunas instituciones al respecto “aun lo que prima es el negacionismo”. “Son casos que suenan increíbles, de película, y eso hace que la gente no se lo crea, pero está pasando”. Pamela coincide: “La violencia institucional no te la esperas. Te sitúa en un limbo, te impide hacer muchas cosas, te va minando la salud”. La mujer tiene a día de hoy varios procesos abiertos contra su expareja –algunos por violencia económica– y sigue peleando para que se escuche a su hija, aunque es consciente de que eso puede endurecer aún más las medidas contra ella.
