Los jueces exoneran a Belén Rodríguez, del PP, de contrataciones por las que la Fiscalía pedía ocho años de inhabilitación, aunque reconocen irregularidades administrativas
La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para la alcaldesa de un municipio del PP aupada por Ayuso
La Audiencia Provincial ha absuelto a Belén Rodríguez, alcaldesa del municipio madrileño Villa del Prado por el PP, del delito de prevaricación por el que la Fiscalía pedía hasta ocho años de inhabilitación para ella. Los jueces reconocen que los procedimientos administrativos de los contratos por los que era acusada no se cumplieron, pero rechaza que deba ser condenada: “No se irrogó perjuicio alguno a los pradeños. Hubo pues, ilegalidad administrativa pero no ilícito penal”.
El juicio se celebró el pasado lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía acusaba a la regidora del PP de pagar 633.400 euros a dos empresas por servicios que le adjudicó sin haber organizado un concurso público. El tribunal ha tenido lista la sentencia absolutoria en menos de 72 horas.
La denuncia del concejal de Vecinos por Villa del Prado advertía de que Instalaciones Eléctricas Cochele e Instalaciones Barbero S.L, dedicadas al mantenimiento eléctrico y de fontanería, habían emitido facturas al Ayuntamiento por un importe de 184.901 euros y 173.413 euros, respectivamente, “sin expediente de contratación tramitado al efecto”.
La sentencia explica que este proceso se gestionó de forma irregular desde antes de que Rodríguez accediera a la alcaldía. “No se cumplieron, por tanto, los procedimientos administrativos de contratación de servicios por parte del Ayuntamiento, y la alcaldesa era conocedora de las citadas deficiencias, las cuales en modo alguno respondían a un interés personal, económico o espurio por parte de la acusada, sino que dichas irregularidades administrativas obedecían a que se priorizaban otras exigencias de la gestión diaria del Ayuntamiento”.
La imputación en 2019 de Rodríguez Palomino no supuso un problema para ser proclamada candidata del PP a Villa del Prado en 2019 y tampoco lo fue en 2023, ya con Isabel Díaz Ayuso como presidenta del Partido Popular madrileño. Como al resto de candidatos, la dirigente encargada de entrevistar a Belén Rodríguez para certificar su idoneidad para las elecciones de hace dos años fue Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP madrileño y también imputada, en su caso por cuatro delitos de corrupción cometidos presuntamente en su etapa de concejal de Arroyomolinos.
El Código Ético del PP de Madrid obliga a la renuncia voluntaria al cargo a los “investigados formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social, ante cualquier órgano jurisdiccional”.
Fuentes del PP aseguraron a elDiario.es tras la imputación de la alcaldesa de Villa del Prado que este código no era aplicable a Rodríguez Palomino porque “prevaricación administrativa no es corrupción”. “En este caso no ha habido un enriquecimiento ilícito vinculado a su cargo”, apuntaban desde el PP madrileño.
Esta interpretación ha sido mantenida en el tiempo por el PP de Ayuso que no ha obligado a renunciar a la alcaldesa ni cuando se dictó auto de pase a procedimiento abreviado contra ella, equivalente al procesamiento, tampoco con la apertura de juicio oral, ni siquiera con la celebración del juicio en la Audiencia Provincial, visto ya para sentencia. Por contra, Rodríguez Palomino no integró la lista a la Asamblea de Madrid en 2019 ni en 2023.
