La basura no se combate con basura

Leire Díez es militante del PSOE. Llegó hasta el entorno de Pedro Sánchez en 2017 cuando toda la oficialidad del partido se alineó con Susana Díaz en unas cruentas primarias por la secretaría general. De aquellos polvos, estos lodos porque el hoy presidente del Gobierno no supo, no pudo o no quiso desprenderse de algunos de aquellos colaboradores sobrevenidos que pertenecían a la quinta regional de unas siglas centenarias y que en otras circunstancias jamás hubieran llegado ni a concejal de pueblo pequeño. Díez ya lo había sido de una localidad de Cantabria, pero fue con los gobiernos de Sánchez cuando ocupó puestos de responsabilidad en dos empresas públicas. Desde que el actual presidente de Correos, Pedro Saura, prescindiera de ella cuando sustituyó a Juanma Serrano, desde el PSOE aseguran que no dejó de merodear por los entornos del poder en busca de un nuevo acomodo que también sostienen que no se le proporcionó.

Da igual. Todo lo anterior bastaría para que el PSOE procediera a su inmediata expulsión, después de los audios publicados en los que ofrecía impunidad a un empresario corrupto a cambio de informaciones comprometedoras contra un teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. Todo lo demás contribuye a sospechar que la actuación de Díez pudiera estar amparada por el partido. 

El paripé del expediente informativo abierto a Díez con el que ha despachado Ferraz el asunto es estrambótico y es aparentemente delator. Invocar los derechos de los militantes y la dificultad de encontrar en los estatutos un supuesto con el que justificar su fulminante salida del partido es sencillamente un chiste, como lo es anunciar querellas contra los medios que publican la información y no contra Leire Díez. Faltan explicaciones sobre el asunto, quizá en una rueda de prensa donde se puedan hacer todas las preguntas que siguen sin respuesta cuatro días después de que El Confidencial publicara las primeras informaciones y El Español las completara con otra sobre el mercadeo de Leire Díez con un vídeo de contenido sexual del fiscal anticorrupción José Grinda, vinculado a la operación Catalunya.

Inciso: llama poderosamente la atención que en el medio de Pedro J. se escriba que la reunión que mantuvieron sus redactores con Leire Díez hace meses y en la que les ofreció el vídeo contra el fiscal fuera promovida por un alto cargo del PSOE, y no se facilite su nombre cuando una de las preguntas clave sobre este escándalo es quién está detrás de los movimientos de la exconcejal, a quienes unos se refieren como “fontanera de Santos Cerdán” y otros, como miembro de “las cloacas de PSOE”. Por cierto, que quienes utilizan esta última expresión saben bien que decir cloaca en este país es mentar una bicha de la que muchos de ellos se nutrieron y de la que formaban parte comisarios corruptos –con Villarejo a la cabeza–, empresarios, jueces, periodistas y políticos del PP que usaron los fondos reservados para espiar a los adversarios políticos y construir informes falsos con los que incriminarlos. Uno de sus miembros más significados, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, entró ayer en la cárcel acusado de colaborar en las estafas de un hacker.

Que el PSOE tuviera indicios de que en la UCO pudieran existir agentes dedicados a reeditar las prácticas de aquellos años contra el Gobierno de Sánchez o la dirección de su partido no justifica que recurriera a estos métodos. La basura no se combate con basura.

Y dicho todo ello, en tiempos de internet y del clickbait conviene siempre aportar contexto y profundizar en el quién es quién para que la ciudadanía tenga toda la información completa. Es preciso detallar quiénes eran los interlocutores de Leire Díez en la reunión por videollamada que ha trascendido: empresarios de dudosa reputación y causas pendientes con la Justicia que han pasado por la cárcel, el abogado que representó a la persona que chantajeó al mismo Pedro J. con otro vídeo sexual en el año 1997 y toda una pléyade de personajes turbios bien conocidos en esa especie de submundo por el que chapotean siempre los mismos. 

Por ejemplo, Javier Pérez Dolset, que pasó 21 días en la cárcel en el marco del caso Hanta y por el que se le acusó de desviar a Panamá más de 100 millones de dólares de su compañía tecnológica Zed Worldwide, de la cual el Grupo Planeta poseía un 17% de las acciones. Salió de prisión tras depositar una fianza de 60.000 euros, pero hoy aún sigue imputado el presidente del Grupo Planeta, y Atresmedia, José Crehueras, por presuntos delitos de falsedad en documento privado, revelación de secretos, denuncia falsa y estafa documental. El empresario acusó a Planeta de falsificar documentación en connivencia con un comisario de Policía de la UDEF para tratar de imputarle el desvío de capital a Panamá.

Por ejemplo, Alejandro Hamlyn, que está acusado de ser el cabecilla de la “mafia del carburante” que presuntamente cometió un fraude fiscal de 154 millones de euros. Vive en Dubai, desde donde se reunió por videoconferencia que él mismo grabó con la militante Leire Díez, a quien ofreció información incriminatoria sobre miembros de la UCO de la Guardia Civil a los que atribuyó delitos gravísimos.

Por ejemplo, el exjefe de fuentes de la Unidad Central Operativa, Juan Vicente Bonilla, hoy alto cargo del gobierno de Ayuso, a quien se le atribuyen operaciones para supuestamente favorecer al PP y tumbar al Gobierno de Sánchez mediante el acceso a bases de datos reservadas, labores de contravigilancia y elaboración de documentos técnicos usados en procedimientos judiciales. Cuando aún era miembro de la UCO, Bonilla envió mensajes a un confidente, que están aportados a una de las causas de los hidrocarburos, donde planteaba implicar a cargos socialistas en escándalos de corrupción.

Todo ello consta en el Juzgado Central de Instrucción Nº 5, donde se investiga si varios funcionarios de la Guardia Civil habrían actuado de forma coordinada con fines políticos alineados con los intereses de la derecha.

Lo dicho: que la basura no se combate con basura y que en todo esto nadie es inocente porque muchos de los implicados no conocen los mínimos éticos y legales. Eso sí, tampoco estamos ante un Watergate por mucho que algunos se empeñen. Para que así fuera hace falta mucho más que titulares escandalosos y, sobre todo, pruebas de que algo de lo que ofreció Díez a toda esta banda se concretara. No parece, porque todos ellos siguen imputados, a la espera de juicio y de condenas que se dan por descontadas.