La magistrada acuerda la medida contra Franscisco Martínez hasta que la Policía asegure las bases de datos supuestamente creadas por Alcasec para la consulta de información obtenida ilícitamente
La organización del hacker ‘Alcasec’ y del ex número dos de Interior con Rajoy elaboraba “perfiles” de sus objetivos
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha enviado este jueves a prisión provisional al exnúmero dos del Ministerio del Interior con el Gobierno del PP Francisco Martínez por su presunta vinculación con la red de ciberataques que estaría liderada por el ‘hacker’ Alcasec. Fuentes jurídicas han informado a EFE de la decisión adoptada este jueves por la magistrada, que ha acordado prisión preventiva sin fianza para el ex secretario de Estado de Seguridad hasta que la Policía asegure las bases de datos supuestamente creadas por Alcasec para la consulta de información obtenida ilícitamente.
La presunta organización criminal que integran Alcasec y Martínez elaboraba “perfiles” de personas e instituciones a partir de la información que robaba de bases de datos confidenciales. Y una vez elaborados esos “perfiles” los ponía a la venta, informan fuentes jurídicas.
La Comisaría General de Información de la Policía detuvo este martes José Luis Huertas, alias ‘Alcasec’, a Francisco Martínez y a otras dos personas acusados de los delitos de organización criminal, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Alcasec, Martínez y un tercer detenido se encuentran en dependencias de la Policía, en el ‘cuartel general’ de Canillas, a la espera de pasar a disposición judicial en el día de mañana. El cuarto implicado está detenido en Andorra y se iniciará el proceso para su extradición.
La información sustraída se conseguía mediante ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas que se planificaban contra sistemas de organismos públicos y privados y que han sido ejecutadas de forma sostenida durante años. La presunta organización criminal habría desarrollado una infraestructura tecnológica sofisticada y altamente compartimentada, diseñada para maximizar la extracción, almacenamiento, procesamiento y explotación de los datos que obtenían de forma ilícita, minimizando su exposición jurídica y operativa, informan las citadas fuentes.
A partir de esa acumulación progresiva de datos, añaden, la organización elaboraba perfiles detallados de personas e instituciones con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible.
Dos líneas de investigación
La investigación se inició a raíz de la denuncia de una institución pública que sufrió un acceso ilícito a sus servicios informáticos, lo que originó la exfiltración masiva de datos personales de titulares de líneas de teléfono móvil. La causa ha contado con la cooperación de las autoridades andorranas y suizas. Fuentes policiales confirman que se trata de un ataque al punto neutro al Consejo General del Poder Judicial, a través del cual se accedió a datos del Ministerio de Hacienda o a otros datos reservados de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Este ciberataque realizado por Alcasec se encuentra judicializado y la Fiscalía le pide tres años de cárcel. Lo que se investiga en esta nueva pieza es la venta de los datos que de ahí se sustrajeron.
La policía investiga a Martínez en dos líneas. Por una parte, los agentes investigan que el pirata informático hubiera suministrado a Martínez información obtenida a través de sus ciberataques en su etapa posterior al Ministerio del Interior, informan a elDiario.es fuentes policiales. Los agentes han registrado el domicilio de Martínez en Madrid. De otro lado, los investigadores indagan en los trabajos de Martínez como abogado, después de su etapa en Interior, y que habría realizado para José Luis Huertas, conocido como ‘Alcasec’, fuera de la legalidad.
Fuentes próximas a Martínez aseguran que Martínez fue abogado de Alcasec cuando el ‘hacker’ era menor de edad. Con posterioridad, le prestó su servicios profesionales para constituir dos sociedades. La Policía, según fuentes del entorno de Martínez, investiga si Alcasec usó esas sociedades para blanquear un dinero procedente del delito. El entorno del ex secretario de Estado de seguridad defiende que Martínez ni administró esas sociedades, ni las gestionó, ni llevó su contabilidad. En este sentido afirman que el abogado cobró 1.500 euros por ese servicio y que es la única factura que la Policía maneja en contra del ex número dos de Interior.
