La Casa Blanca afirma que «debe ser el Tribunal Supremo el que ponga fin a esta situación, por el bien de nuestra Constitución y de nuestro país»
Qué supone la decisión judicial contra los aranceles de Trump y qué puede pasar ahora
Para estas cosas Donald Trump se trabajó una súper mayoría de seis a tres en el Tribunal Supremo. Para que le puedan rescatar cuando tribunales inferiores le dicen que se está extralimitando, que la Casa Blanca tiene que atenerse a las leyes y que nadie está por encima de la Constitución.
Este miércoles un tribunal poco conocido, el de Comercio Internacional, tumbó los aranceles generalizados decretados por Donald Trump el pasado 2 de abril, bautizado por él mismo como “Día de la Liberación”.
Y este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no se ha ahorrado ataques contra la justicia y los jueces que no le dan la razón.
“Anoche”, ha dicho Leavitt, “la Administración Trump se enfrentó a otro ejemplo de extralimitación judicial. Usando toda su autoridad legal y de forma adecuada, el presidente Trump impuso aranceles universales y recíprocos el Día de la Liberación, con el objetivo de hacer frente a la amenaza extraordinaria que suponen para nuestra seguridad nacional y economía los grandes y persistentes déficits anuales de bienes en el comercio exterior de Estados Unidos”.
Y ha añadido: “Tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos abusaron descaradamente de su poder judicial para usurpar la autoridad del presidente Trump e impedirle cumplir el mandato que le otorgaron los ciudadanos estadounidenses. Estos jueces no reconocieron que el presidente de Estados Unidos posee competencias fundamentales en materia de política exterior y poderes delegados por el Congreso para proteger la economía y la seguridad nacional del país”.
“Existe una tendencia preocupante y peligrosa de jueces no elegidos que se inmiscuyen en las decisiones presidenciales”, ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca: “Estados Unidos no puede funcionar si el presidente Trump, o cualquier otro presidente, ve sus negociaciones diplomáticas o comerciales saboteadas por jueces activistas. Estos jueces están amenazando con socavar la credibilidad de Estados Unidos en el escenario internacional”.
Así, ha anunciado Leavitt, “la Administración ya ha presentado una moción de urgencia para suspender la decisión mientras se resuelve la apelación, así como una solicitud inmediata de suspensión administrativa para anular este fallo escandaloso. Pero, en última instancia, debe ser el Tribunal Supremo quien ponga fin a esta situación, por el bien de nuestra Constitución y de nuestro país”.
