La reclamación forma parte de la estrategia de «huelga de alquileres» de los arrendatarios, que piden a la propiedad que no liberalice las promociones de protección oficial en las que viven
Inquilinos en ‘huelga’ contra el cobro del IBI: “Están obligados a devolvérnoslo”
El juzgado de primera instancia 35 de Barcelona ha admitido a trámite una demanda de 61 inquilinos que reclaman la devolución del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que les ha cobrado durante años su casero, InmoCaixa, la inmobiliaria de Criteria. La reclamación, que asciende a 231.000 euros en total, la registró en los tribunales el Sindicato de Inquilinas de Catalunya.
Las 61 familias que protagonizan la demanda son inquilinos de cinco promociones de viviendas de protección oficial (VPO) de InmoCaixa en las localidades de Sitges, Banyoles y Sentmenat. Todas ellas mantienen además un pulso con la propiedad en forma de huelga de alquileres para reclamar que no pierdan el carácter protegido.
La demanda incluye además la reclamación de la nulidad de la cláusula que recoge que los inquilinos deben abonar el IBI, y que desde el Sindicato consideran “abusiva”. De media, la entidad calcula que cada uno de los hogares demandantes debería recibir de InmCaixa unos 3.700 euros del impuesto cobrado indebidamente.
La demanda considera “abusiva” una cláusula para repercutir el IBI a unos inquilinos que no tuvieron “posibilidad de negociación” ni “conocimiento previo del contenido o alcance de esta obligación”. Argumenta el Sindicato que esto supone una “vulneración de las exigencias de transparencia y buena fe contractual”, y que ha supuesto para los vecinos una carga económica “desproporcionada”.
Desde InmoCaixa, sin embargo, aseguran que su actuación ha sido “legal y amparada en el derecho”. Fuentes de la entidad afirman que se defenderán en los juzgados y que si hay “desacuerdos puntuales” con los inquilinos, apuestan por abordarlos de forma directa e individual.
Lo cierto es que pulso del Sindicato de Inquilinas con la inmobiliaria de Criteria se remonta a meses atrás, antes incluso de que la organización impulsara la primera huelga de alquileres en dos de sus promociones. Desde entonces, se han sumado otras, entre las que se cuentan las actuales 61 demandantes. La entidad estima que solo estas dos, en huelga desde abril, han dejado de abonar a la propiedad unos 60.000 euros que depositan en fondo común como forma de protesta.
El objetivo de la huelga es también reclamar por un lado la devolución del IBI, y del otro exigir la renovación de los contratos de alquiler sin subidas de precio y paralizar los procesos de desahucio asociados a la pérdida de la condición de pisos de protección oficial. En última instancia, los vecinos piden que la Generalitat adquiera las viviendas para su parque público a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).
El precedente ya existe. El Govern de Salvador Illa cerró al inicio de mandato la compra a la entidad financiera de 451 viviendas por unos 30 millones de euros. InmoCaixa tiene actualmente más de 1.800 viviendas con contrato de alquiler.
