La informadores consignaron ante un notario mensajes y llamadas que acreditan que en la mañana del 12 de marzo de 2024 un trabajador de la Fiscalía de Madrid les confirmó que los abogados de González Amador negociaban un posible pacto
El juez agota las diligencias sin hallar ninguna prueba de que el fiscal general filtrase los mensajes de la pareja de Ayuso
Cuatro periodistas de El País han ratificado este viernes en el Tribunal Supremo que conocieron la confesión de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, 36 horas antes de que esa información llegara a manos del fiscal general del Estado, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. Álvaro García Ortiz está investigado por revelar supuestamente esa información reservada.
La Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz en este procedimiento, pidió que los informadores declararan como testigos después de que estos hubieran consignado pruebas ante un notario para demostrar que las negociaciones entre González Amador y la Fiscalía ya eran conocidas por ellos a través de la Fiscalía de Madrid mucho antes de que esa información llegara a manos de García Ortiz en la noche del 13 de marzo.
Este viernes, los cuatro se han ratificado en el contenido de ese documento, que incluye mensajes y llamadas que acreditan que en la mañana del 12 de marzo de 2024 un trabajador de la Fiscalía de Madrid ya les confirmó que los abogados de González Amador negociaban un posible pacto.
La tesis de la defensa del fiscal general es que si las negociaciones del empresario y su defensa con la Fiscalía ya eran conocidas por la Abogacía del Estado, trabajadores de la Fiscalía de Madrid y varios periodistas, no puede existir la revelación de un secreto.
Es la misma argumentación que deslizó el pasado octubre la Sala de lo Penal del Supremo cuando rechazó dos querellas presentadas contra María Jesús Montero, ministra de Hacienda, por hablar del doble fraude fiscal de González Amador en unas declaraciones públicas.
Los jueces argumentaron que los datos que ofreció la ministra “ya habían trascendido a terceros y se habían hecho públicos” —entre otros, por medios como elDiario.es—. Y que, en consecuencia, “ningún dato o información pudo revelar que debieran permanecer secretos”. La jurisprudencia del Supremo establece que no hay secreto si el dato circulaba con anterioridad.
En el acta notarial, los periodistas de El País explican que en la mañana del 12 de marzo del año pasado, poco después de que elDiario.es revelara que González Amador había sido denunciado por defraudar 350.000 euros, recibieron una información a través de “trabajadores” de la Fiscalía de Madrid: que el abogado Carlos Neira negociaba un pacto con el Ministerio Público para reconocer los delitos y pagar una multa.
Aseguran que empezaron a intentar hacer comprobaciones sobre este posible pacto de cara a publicar una información, mientras la versión pública de Díaz Ayuso era que su pareja estaba siendo perseguida por el Estado. Uno de ellos llegó incluso a contactar por email y por WhatsApp con Carlos Neira para intentar contrastar esa información.
Esos mensajes muestran que la información sobre un posible pacto circulaba mucho antes de que el fiscal general supiera que existían esas conversaciones. La Fiscalía General no pidió esta información al fiscal Julián Salto hasta última hora de la tarde del 13 de marzo, un día y varias horas después, y solo cuando varios medios publicaron una versión falsa de esas negociaciones. El fiscal general, según consta en la causa, no tuvo constancia total de esas conversaciones y pactos hasta las doce menos cuarto de la noche. Un día y medio después de que un periodista lo supiera por boca de trabajadores de la Fiscalía de Madrid.
