La magistrada Iglesias rechazó el miércoles una batería de diligencias solicitada por los abogados de Alberto González Amador alegando que lo hacen un año después de acceder al informe de la Agencia Tributaria que pretenden rebatir y dos meses después de que las peritos lo ratificaran en sede judicial
La jueza procesa a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y falsificación de documentos
La jueza que investiga a Alberto González Amador advirtió al empresario y comisionista el pasado miércoles de su “evidente” intención de dilatar el proceso con la solicitud de una batería de diligencias que ha retrasado durante un año. En un auto previo dictado el mismo que día que otro para poner fin a la instrucción, la magistrada Inmaculada Iglesias recureda que el procedimiento arrancó en marzo de 2024 y que ha pasado “más de un año” desde que la pareja de Isabel Díaz Ayuso tuvo acceso al informe de la Agencia Tributaria que pretende rebatir, y dos meses de que las peritos de Hacienda ratificaron su contenido en sede judicial.
“Por lo expuesto, la práctica de dichas diligencias supondría una evidente dilación en el procedimiento”, concluye la magistrada en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es. La defensa de González Amador era conocedora, cuando presentó la batería de peticiones, de que la jueza Iglesias abandonará el juzgado en dos semanas debido a su jubilación y que, de acordarse, la práctica de las diligencias ya no correría a su cargo.
En el auto del pasado miércoles, la jueza Iglesias explica que la fase de instrucción debe demorarse “el menor tiempo posible” y que los testimonios y documentos que aspira a incoporar el abogado de González Amador tendrán su oportunidad durante el juicio que se celebre contra él por dos fraudes fiscales y falsificación de documentos.
Los letrados del empresario, Gabriel Rodríguez Ramos y Carlos Neira –este último el que incurrió en contradicción con su cliente en el Supremo– presentaron rapidamente un escrito en el juzgado en el que reaccionaban al otro auto, el que ordenaba el pase a procedimiento abreviado de la causa, equivalente al procesamiento, y que adelantó este jueves elDiario.es y advertían de un recurso ante la Audiencia Provincial.
“Con anterioridad a la propia existencia del procedimiento del Juzgado de Instrucción no 19 que nos ocupa, la denuncia, el expediente tributario y los correos electrónicos de la defensa del letrado interviniente fueron objeto de revelación a medios de comunicación y de difusión por los mismos, lo que es objeto de un procedimiento judicial específico ante el Tribunal Supremo. Lo anterior, como se ha denunciado, ha dado lugar a la lesión irreparable del derecho a la presunción de inocencia, a la intimidad, a la protección de datos y, a su vez, al derecho de defensa”, alegaban Neira y Rodríguez Ramos en su escrito.
En el segundo auto del miércoles, 28 de mayo, la jueza Inmaculada Iglesias ordenaba el pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento, contra Alberto González Amador por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos.
Con esta decisión, la jueza finalizaba la instrucción de la pieza principal, dedicada al fraude a Hacienda de 350.951 euros por González Amador en dos ejercicios fiscales, posteriores al pelotazo de casi 2 millones de euros que dio con la compraventa de mascarillas en una sola operación durante la pandemia.
