Los técnicos corroboran que las imágenes grabadas por ARDE y Satya Animal, publicadas en primicia por elDiario.es, coinciden con las que ellos desplegaron en la instalación avícola. Este extremo ha sido desmentido hasta ahora por la empresa, que aseguraba que estaban “manipuladas”
Exclusiva – AENOR ofreció a la ‘granja de los horrores’ de Mallorca pactar la fecha de la auditoría de “bienestar animal” que fue favorable
La Conselleria de Agricultura del Govern —que dirige Joan Simonet, del PP— propone multar con hasta 420.000 euros —en total, siete sanciones— a la macrogranja de Llucmajor, después de que elDiario.es revelara en primicia las graves condiciones del interior de la granja en la que habitan las gallinas. Asimismo, Agricultura ha cerrado la nave siete —destinada a las gallinas camperas—, según informan fuentes de la Conselleria a este diario. Cabe señalar que la empresa dispone todavía del sello de bienestar animal Welfair, que otorga AENOR, referido a la comercialización de los huevos camperos. La macrogranja de Llucmajor, que explota la empresa Avícola Son Perot S.A., tiene, en total, seis naves.
Este es el resultado de la inspección que llevaron a cabo los técnicos de la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural el pasado martes, que junto a agentes del Seprona de la Guardia Civil inspeccionaron las instalaciones avícolas desde las 11 hasta las 19:30, es decir, más de ocho horas. En dicha inspección, se corroboró que las imágenes grabadas y difundidas por las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal coincidían con las que los técnicos desplegaron allí. Así, Agricultura ha informado que el cierre de esta nave implicará “su vaciado sanitario”, es decir, el sacrificio de las más de 20.000 gallinas que albergaba, así como la inmovilización de los huevos en producción o que estuvieran en el almacén procedentes de esta zona de la granja.
“Nos parece un avance que se vayan a tomar medidas por parte de la Conselleria”, asegura Julia Elizalde, portavoz de ARDE, a este diario. Sin embargo, Elizalde solicita a la empresa —no es competencia de la Conselleria— valorar, junto a veterinarios, “la viabilidad de evitar el sacrificio del mayor número de gallinas posibles”. Asimismo, indican que siguen exigiendo “el cierre de la granja”, como informó este diario. “Las sanciones administrativas son parches para una actividad que debe cesar inmediatamente”, concluye.
Hace poco, los dueños de la granja de gallinas ponedoras recibieron una sanción del Govern, de 150.000 euros, por no tener la autorización ambiental integrada. Esto va en contra de lo que dictamina el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta en estos casos para regular la contaminación. La multa la recibieron de parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, un órgano dependiente de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat.
Las actuaciones del Govern
En una comparecencia de prensa, Joan Simonet, conseller de Agricultura, Pesca i Medi Natural, acompañado de Fernando Fernández, director general de Agricultura, ha anunciado que abre expediente sancionador a la empresa por infracciones en materia de higiene en la producción ganadera, así como la adopción de medidas cautelares. Las infracciones, un total de siete, son calificadas de “graves”, y podrían comportar una multa de hasta 420.000 euros —60.000 euros cada una—.
Asimismo, Simonet ha señalado que se suspende de manera temporal la actividad de producción en una de las naves de la explotación, concretamente la 7G, y se ordena la baja de inscripción al registro de esta instalación. Así, las aproximadamente 20.000 gallinas de esta nave se tendrán que sacrificar. Además, se inmovilizan todos los huevos producidos en esta nave (también los que están ya almacenados) y se prohíbe su distribución y comercialización, hecho que impedirá que estos huevos entren en la cadena alimentaria.
“El informe de los técnicos determina que las condiciones de higiene de la explotación son deficientes, pero especialmente graves en la nave 7G. Por eso, se ha ordenado su suspensión”, ha afirmado el conseller. Simonet ha manifestado también que, en el momento de la inspección, “la explotación no tenía los registros de limpieza y desinfección”. Así, ha destacado que “una vez se han analizado todas las pruebas y documentación, el Govern ha actuado en consecuencia, basándose en el informe técnico y tomando las medidas que establece la ley para garantizar el bienestar animal y la seguridad alimentaria”.
Por otro lado, Fernández, director general de Agricultura, ha detallado más partes del informe técnico, y ha apuntado que durante la inspección en la nave 7G se constató la presencia de ocho roedores muertos, “hecho que indica que las medidas de bioseguridad aplicadas no son las adecuadas”. “En el momento de la inspección se van a la nave 7G un total de 15 gallinas muertas, una cantidad que no es relevante, pero sí que lo es el estado de descomposición en que se han encontrado los animales, cosa que constata que no se retiran diariamente, que es el que marca la normativa”, ha afirmado. Así, el director general ha indicado que en las otras cinco naves se han podido constatar deficiencias leves, que “en ningún caso suponen infracciones graves, y que se trata de aspectos que se pueden resolver”.
Las gallinas vivas conviven con cadáveres de su misma especie.
“Es normal que todos los días mueran gallinas. Lo que no es normal es que se dejen los cadáveres sin recoger”, ha afirmado Fernández en rueda de prensa, como recoge IB3. “Se encuentran también ocho cadáveres de roedores en la nave 7G, y además también se encuentra una rata agonizante”, ha asegurado. “Hoy mismo —este viernes— se inmovilizarán todos los huevos procedentes de la nave 7G. Se suspenderá la actividad de esta nave: esto significa cerrar [la nave]”, ha indicado, por su parte, Joan Simonet, conseller de Agricultura. “Estas gallinas no pueden seguir produciendo huevos y deberá hacerse un vaciado. Se hará también un calendario de control exhaustivo y todo eso, de momento, independientemente de las sanciones que se desprendan”, ha declarado Simonet en rueda de prensa.
Los técnicos del Govern han constatado la presencia de roedores y gallinas muertas, las segundas en estado de descomposición. ‘Es normal que todos los días mueran gallinas. Lo que no es normal es que se dejen los cadáveres sin recoger’, ha afirmado Fernando Fernández, director general de Agricultura
Una rata dentro de las instalaciones de la macrogranja de Mallorca.
La investigación empieza el martes
La investigación se inició el martes por la mañana, después de que la noche anterior elDiario.es desvelara en primicia que la macrogranja de Llucmajor presentaba unas condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas. Estos hechos, además, supondrían un incumplimiento del artículo 6 del real decreto de normas básicas de ordenación de las granjas avícolas que regula las condiciones higiénico-sanitarias y de bioseguridad de las explotaciones.
De las imágenes se desprendía que los animales se encuentran en condiciones penosas. Las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluso con esqueletos y otros animales, como ratas (vivas o envenenadas) y erizos. Las organizaciones alertan de que la presencia de otras especies en la granja puede conllevar “riesgo de transmisión de enfermedades a humanos”, como la salmonella (intoxicación alimentaria) o la leptospirosis (infección de la sangre), entre otras.
En este sentido, Marina Sánchez, presidenta de Satya Animal, criticó a este diario que los consumidores “son engañados, creyendo apoyar el bienestar, cuando en realidad están financiando la explotación y el sufrimiento animal en una granja en situación totalmente irregular”. Cabe destacar también que la granja de Llucmajor recibió fondos europeos por valor de 381.777 euros a través del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears (2014-2020) para la construcción y adquisición de equipos para la instalación de un centro de clasificación de huevos, como informó este diario.
Una gallina muerta.
“Foco de contagio” de enfermedades
Las asociaciones ARDE y Satya Animal presentaron, además, un informe veterinario ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears, al cual accedió elDiario.es, en el cual el profesional señala que en el interior de la granja hay “riesgos de bioseguridad tanto para los animales como para el personal y potencialmente para los consumidores”.
Entre estos riesgos, detalla la presencia de otros animales en las instalaciones, como “abundantes roedores” (alguno incluso con signos de estar enfermo), entre las aves y su alimento; cadáveres en diferentes estados de descomposición (tanto en el suelo de la nave como entre las aves vivas), lo que es “una fuente importante de contaminación” y falta de higiene de la granja, ya que “la mayoría de la superficie está cubierta de polvo, aves muertas y telarañas”.
Según el veterinario, hay defectos en el aislamiento de la nave “debido a los posibles desperfectos causados por los roedores” y se señala que el almacenaje de los huevos se encuentra en un lugar abierto donde pueden entrar las ratas, contaminando los productos. “Todo ello favorece la diseminación de enfermedades poniendo en riesgo la vida de las aves, los trabajadores y los consumidores de tales productos”, afirma el profesional, que añade en su informe que se evidencia “una inadecuada limpieza” y, por lo tanto, una inadecuada “desinfección”.
Respecto a la presencia de animales enfermos, el veterinario destaca en su informe que son un foco de contagio. Así, afirma que en varias ocasiones se ven imágenes de aves o roedores con signos de enfermedad. Algunas de las enfermedades infecciosas que podrían tener las aves son las bacterianas y víricas. Se destacan las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se pueden transmitir de animales a humanos. Entre ellas, la peste aviar (influenza); la enfermedad de Newcastle (conocida como la pseudopeste aviar); la salmonelosis (intoxicación alimentaria) y la campilobacteriosis (provoca gastroenteritis).
Además, se señala la leptospirosis (puede afectar a diversos órganos como el hígado o el riñón y causar incluso la muerte si no es tratada a tiempo), ya que “una de las fuentes de contagio más comunes son los roedores”.
Así, el veterinario concluye en su informe que hay una falta de control “tanto por parte de los trabajadores como por parte del propietario de la explotación”, así como una falta de supervisión veterinaria hacia los animales y la higiene de la explotación. “Hay un riesgo hacia la integridad física, ya no solo de las aves que se encuentran dentro de las naves, sino para el personal y su entorno, así como para el consumidor de los productos”, detalla el profesional.
Recordemos que la macrogranja dispone de seis naves con una capacidad máxima autorizada de 135.696 gallinas y un estercolero de 4.835 metros cuadrados, según consta en el proyecto presentado ante el Govern. Entre ellas, 54.672 estarían alojadas en jaulas; 63.024 bajo la categoría de camperas y 18.000 en producción de aviario.
La versión de Avícola Son Perot
En todo momento, la empresa avícola negó a este diario que sus instalaciones se encontraban en las condiciones descritas. Tras las consultas realizadas, señaló que “Avícola Son Perot reafirma su compromiso con el bienestar animal y la legalidad de sus instalaciones”. “Todas nuestras granjas, incluyendo la de Llucmajor, están sometidas a rigurosos controles internos y externos”, afirmaban fuentes de la explotación.
“En particular, contamos con la certificación en Bienestar Animal Welfair, otorgada por AENOR, uno de los organismos de evaluación más reconocidos a nivel europeo”, indicaban. Además, explicaban que el pasado martes 20 de mayo —seis días antes de que este diario publicara las imágenes grabadas por ARDE y Satya Animal— se llevó a cabo la auditoría anual correspondiente en la granja de Llucmajor, “superándose con normalidad” —a falta de completar documentación—.
“Asimismo, nuestras instalaciones reciben inspecciones periódicas por parte de los servicios veterinarios y técnicos de la Administración Balear, cumpliendo siempre con los estándares de calidad, seguridad y bienestar exigidos por la normativa vigente”, proseguían. Por todo ello, aseguraban, “cualquier inquietud sobre el estado de nuestras granjas queda debidamente aclarada”. “Finalmente, informamos de que nuestro Departamento Jurídico permanece atento a cualquier posible publicación sobre este asunto y actuará en consecuencia si se considera que se vulneran los derechos e intereses legítimos de la empresa”, finalizaba el comunicado remitido a este diario.
