El procedimiento parte de una querella presentada por dos familiares de residentes por la presunta comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria
Ayuso enmarca la investigación judicial de los protocolos de las residencias en otra “operación de Estado” en su contra
Un Juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso directamente implicados en la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia en la Comunidad de Madrid, según ha comunicado Marea de Residencias y ha confirmado elDiario.es de fuentes judiciales.
El pasado lunes, 26 de mayo, dos ex altos cargos y un asesor de Ayuso estaban citados a declarar como imputados en el Juzgado 3 de Madrid. La declaración fue suspendida ya que los investigados alegaron que no se les había dado traslado de las actuaciones y no podían defenderse. Después de cinco años, era la primera vez que iban a declarar como imputados altos cargos del Gobierno de Ayuso. El procedimiento se encontraba archivado provisionalmente, pero fue reabierto el 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial.
Siempre según Marea de Residencias, el procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes. Ambas causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
En el marco de dicho procedimiento, está prevista la declaración de varios testigos el próximo martes 3 de junio, a partir de las 10.00 horas. Entre ellos destaca Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia y quien desde el primer momento denunció la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias.
El mismo día testificarán otras cuatro personas: Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid; Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como “asesor principal” de Ayuso para la lucha contra la pandemia, y las dos querellantes.
Las familias de los fallecidos también están pendientes de las declaraciones de Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la crisis del Covid, y a su sustituto en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo. Los dos exaltos cargos que tenían programada su primera comparecencia el 26 de mayo.
Reyero explicó en una entrevista en Radio Nacional este lunes que le costaba “pensar que una decisión de ese calado”, en alusión a los protocolos que impidieron la derivación de ancianos, “la tome un director general por su cuenta”, eximiendo a Mur de ser el responsable final de aquella estrategia sanitaria.
La investigación de lo sucedido en las residencias durante la pandemia es una demanda que los familiares de fallecidos en los centros de mayores llevan reivindicando cinco años. Una vez que han conseguido que exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tengan que dar explicaciones sobre los protocolos que impidieron la atención sanitaria, la presidenta madrileña ha optado por vincular esta decisión judicial con Pedro Sánchez.
“Esto se archivó hace tres años, ahora lo reabre la Fiscalía provincial, que jerárquicamente depende del señor que ha emprendido una operación de estado contra mí, y que a su vez este señor depende del presidente del Gobierno”, respondió este miércoles la mandataria al ser preguntada por la imputación de tres personas que formaron parte de su equipo durante la pandemia. De forma velada Ayuso también ha aludido a la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado en una causa abierta por la filtración del correo con el que el abogado de la pareja de la mandataria confesó haber defraudado 350.000 euros.
