Los trabajadores fueron reubicados en otros centros en 2022 por un proyecto aún inactivo, a la espera de una licitación que planea externalizar por primera vez la gestión de este tipo de servicios en Madrid. «No tenemos compensación, la información es mínima y se hace muy difícil conciliar», lamenta la plantilla
Dos años de desplazamiento para 1.240 trabajadores de EMT de Madrid por unas obras que aún no han empezado
Cuando cerraron, las mascarillas todavía estaban allí. El alcalde José Luis Martínez-Almeida acudió al acto de clausura de las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de La Elipa, en el distrito de Ciudad Lineal, cuando el covid aún obligaba a llevar tapabocas en espacios cerrados. Así se le ve en las imágenes del momento, allá por marzo de 2022, junto a su concejal de Movilidad, Borja Carbante. Tres años y un mandato después, con 1.240 empleados trasladados 11 kilómetros a Fuencarral, la obra debería encarar su fase definitiva según los tiempos iniciales. En cambio, para indignación de la plantilla, ni un solo ladrillo se ha colocado en esta instalación inaugurada en 1971 y muy cercana al cementerio de La Almudena.
Los últimos datos apuntan además a una inédita externalización de este tipo de servicios, según refleja el diseño de la nueva licitación que el Ayuntamiento planeaba publicar en enero de 2025 (este periódico no ha podido acreditar que ya se haya lanzado). En la práctica, esto implica que los trabajos no arrancarán al menos hasta 2026, ya que los trámites administrativos se demorarán como mínimo seis meses y hará falta otro medio año para que la concesionaria elabore el proyecto constructivo.
La propuesta queda reflejada en el Plan de Contratación de EMT para 2025. En él, la compañía prevé la licitación de un contrato de 20 años de duración y 400 millones de euros para la construcción, explotación, mantenimiento y suministro de energía en el nuevo centro de operaciones de La Elipa. A esto se une otro contrato para el seguimiento de la concesión durante cinco años por 1,2 millones de euros.
“Hemos pasado de un proyecto de 18 meses de duración y 90 millones de inversión cuando se planteó en 2019 durante el mandato de Manuela Carmena a otro que es díficil que se termine antes de 2030 y con un coste que supera los 400 millones de euros”, critica Ignacio Benito, concejal del PSOE en el Ayuntamiento y portavoz del partido en la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. “Un modelo completamente distinto que a modo de pelotazo privatiza la gestión y no solo externaliza la edificación. Encima con un gasto desorbitado, porque va a ser una cochera electrificada donde solo habrá que mantener las placas. Los gastos son mucho menores que en las que funcionan mediante carburantes”, puntualiza.
Este periódico ha preguntado sobre el estado del procedimiento al área de Movilidad, dirigida por Carabante, sin recibir por el momento respuesta. En consultas anteriores, estas fuentes apuntaron como causas de la demora al complejo proceso de descontaminación del entorno de las cocheras. También a la ambiciosa electrificación unas instalaciones enfocadas completamente a este tipo de vehículos descarbonizados.
Cuando conciliar es imposible y la falta de información fomenta la inquietud
Mientras, la situación de los conductores, mecánicos, administrativos o personal de limpieza trasladados se estanca y con ello se recrudece. Valentín, conductor, explica su caso en conversación con Somos Madrid: “Vivo en Moratalaz, a 25 minutos andando de la cochera de La Elipa. Pero ahora me tengo que levantar hora y pico antes, andar 15 minutos hasta el coche de personal que nos recoge para llevarnos a Fuencarral y pasar en él otros 30 minutos. Todo ello teniendo en cuenta que algunos de nuestros turnos empiezan a las 5.00 de la madrugada”.
Valentín recuerda asimismo que hay “compañeros de Rivas, Coslada o San Fernando de Henares con situaciones todavía más graves, que eligieron La Elipa y ahora ven como su concilación se hace muy difícil, como su rutina se les ha venido abajo y hasta tienen que pedir reducción de jornada y de sueldo para cuadrar sus vidas”. El autobusero apunta que “el traslado se hizo con mucha prisa y se nos dijo que la obra estaba licitada y hasta adjudicada, incluso se difundieron imágenes del nuevo centro de operaciones”.
Un ‘render’ utilizado cuando la cochera de La Elipa se cerró en enero de 2022, que ilustraba su futuro aspecto según la licitación lanzada en 2021.
“Llevamos con la mosca detrás de la oreja desde noviembre de ese mismo 2022, cuando vimos que el vallado y alisado se había ejecutado pero los talleres seguían sin desmontarse. Al año, empezaron los rumores con la empresa concesionaria, la constructora beneficiada en la licitación de 2021. Se hablaba de que había incurrido en impagos o hasta en concurso de acreedores y por eso el Ayuntamiento ha tenido que relanzar la licitación”, expone Valentín.
“La gente empezó a mosquearse. Se han creado grupos de mensajería de afectados porque no sabemos nada y la información es mínima. Muchos compañeros ni saben que ha habido otra licitación, nos hemos enterado por gente de los sindicatos o los partidos. Aquí la comidilla, medio en broma y medio en serio, es que nos vamos a jubilar sin volver a La Elipa”, remata.
Su último reproche, no por ello menos importante, se dirige a que la plantilla no ha recibido “ninguna compensación en estos tres años”. Y añade: “Cuando te mandan de una cochera asignada a otra se paga el traslado, salvo si lo has solicitado tu mismo. Aquí no se negoció en su momento y todo quedó en derivaciones a autobuses de personal. No hay apoyo económico, pero es que encima faltan más horarios en los autobuses de personal, a los que mucha gente debe trasladarse en su vehículo propio. Al final trabajamos siete horas y pico de turno, más hora y pico antes de entrar, más otra hora y pico al acabar”.
Antonio, Óscar y Fulgencio pertenecen al Sindicato de Conductores de Autobuses de Madrid (Sicam). Recalcan de entrada que la situación se une a otras demandas del conjunto de la plantilla: la falta de personal (tachan de “manifiestamente insuficiente” la incorporación de 121 conductores para cubrir el servicio especial por el cierre de la línea 6), el aumento de agresiones o la falta de climatización en los buses. Fulgencio interviene para aclarar que los usuarios pueden elevar reclamaciones por escrito sobre los problemas causados por estas y otras problemáticas de la compañía a la propia EMT: “La empresa y el Ayuntamiento se han acostumbrado a que los conductores recibamos las quejas por el mal servicio”.
Sin refuerzo en los traslados ni compensaciones económicas
“En cuanto a La Elipa, lo primero que nos trasladan nuestros compañeros es la falta de información. No pueden pretender que creamos que se han tirado 24 meses descontaminando”, critica Antonio. Todo ello en una parcela donde ya se actuó en este sentido en 2015, con una intervención municipal que costó más de 63.000 euros. “Los 40 meses sin avances están convirtiendo la intranquilidad en incertidumbre. No hay un ladrillo puesto en todo ese tiempo”, denuncia. Óscar señala que los coches de personal funcionan solo en los horarios donde no hay transporte público operativo, en particular Metro y Cercanías, mientras que su compañero explica que ni siquiera se han añadido nuevos coches de personal y únicamente se han reajustado sus itinerarios.
“Nosotros tres somos titulares de turno, tenemos una línea asignada cada uno. Cuando haces una modificación que te deriva a otro centro de trabajo eso supone una afectación de tiempo. Es la dirección de EMT quien debe contestar si ese cambio debería llevar acarreado una compensación económica. Aunque creo que puedes tener clara nuestra postura”, responde Antonio al ser inquerido sobre la falta de un respaldo monetario para los afectados.
El Ayuntamiento no dice nada y aquí tenemos más de 1000 personas afectadas, con una conciliación laboral imposible. Es un oscurantismo que pagamos todos los empleados, sin solución alguna
Sobre la concesión público-privada, desde Sicam indican que “la empresa ha trasladado que no va a repercutir en merma de los puestos de trabajo”. “Lo que no sabemos es si esa concesión privada, a partir de la construcción de la cochera de La Elipa, va a ceder la gestión a una compañía externa. Eso sí nos preocuparía, el mantenimiento de los pantógrafos o las subestaciones eléctricas que nos cobran el canon por el servicio de electricidad. No podemos incurrir en un proceso que endeude a EMT”, relata Antonio.
Nacho, conductor afectado que vive en Pinto, relata una experiencia muy simiar a la de sus compañeros. Alerta además de la privatización que prepara Almeida, un modelo que le remite a “beneficios para un entorno político-económico de amiguetes”. “El Ayuntamiento no dice nada y aquí tenemos más de 1000 personas afectadas, con una conciliación laboral imposible. Trabajadores con turnos desde las 5.00 de la mañana que tenemos que levantarnos 3.50, cuando antes tardabas 15 minutos. Es un oscurantismo que pagamos todos los empleados, sin solución alguna”.
Una “chapuza injustificable” fruto de varios vaivenes municipales
Para Nacho el problema está ya en el primer aplazamiento del proyecto, después de que la licitación preparada en 2019 fuese reelaborada y relanzada en 2021. “Todo viene de que a Almeida no le valió la licitación con Álvaro Fernández Heredia [exgerente de EMT y actual presidente de Renfe]”. Desde su punto de vista, “la electrificación es un chollo para las empresas, así que se preguntaron cuánta multa había que darle al constructor para entrar ellos a licitar de nuevo el proyecto y lo asumieron”.
Alerta de que la futura colaboración público-privado que se dibuja implica que, por primera vez, “el mantenimiento también será privado, cuando hasta ahora lo hacía EMT”. Nacho es más aventurado que los representantes de Sicam: “No será solo la construcción sino que se añade la gestión, generando gastos que atraerán a otras empresas. Mientras, juegan con nosotros, que acumulamos tanto cansancio como bajón mental. Y juegan además con la última ficha del dominó: la seguridad del viajero”, apostilla.
El Centro de Operaciones de EMT en La Elipa, sin actividad desde inicios de 2022.
“Es una chapuza de gestión y un claro incumplimiento de los planes municipales”, afirma el edil Ignacio Benito en declaraciones a este medio. “Hay una afección directa a 1200 trabajadores, porque cuando un conductor opta a una plaza en una línea lo hace sobre todo por la ubicación de la cochera. El Ayuntamiento no explica por qué efectuó el traslado antes de emprender los trabajos y, salvo que oculte información, no es justificable que lleven tres años para descontaminar”, insiste el concejal socialista.
Benito desarrolla los efectos que este contexto tiene en el conjunto del servicio: “Si en San Blas se avería un autobús, el tiempo a la cochera va a ser mucho mayor si va a Fuencarral que si pudiera ir a La Elipa. El resumen es que al este de la ciudad se le presta servicio desde el norte, lo cual dispara los tiempos y los costes invertidos”.
