La investigación interna deja sin aclarar el motivo oficial de la intromisión, un intento de amañar un concurso para un ascenso laboral que tenía garantizado y en el que no concuerdan las fechas
La investigación contradice al Senado y revela que los informáticos despedidos sí accedieron a documentos de senadores
Dos trabajadores del Senado han sido despedidos este mes de mayo por un hecho inédito: espiar durante meses a trabajadores y cargos de la Cámara Alta, así como a la propia institución. Para hacerlo se valieron de sus puestos como técnicos informáticos para acceder a decenas de dispositivos y recabar información oficial y personal alojada en ellos. El Senado ha investigado el caso y lo ha cerrado tras asegurar que ambos, casados, intentaron ganar ventaja en un proceso de promoción laboral interna y desligar así la intrusión de cualquier cuestión política. Pero las explicaciones dadas por la Cámara Alta dejan varias dudas en el aire.
elDiario.es ha tenido acceso a documentos de la investigación interna que suman decenas de páginas en las que altos cargos de la Cámara han intentado acotar los hechos a una circunstancia muy personal de los dos trabajadores y dejar al margen de lo ocurrido a los senadores. Muchos de ellos han mostrado sus dudas, en público y en privado, sobre las conclusiones del Senado, controlado por la mayoría absoluta del PP. Los expedientes han sido remitidos a la Fiscalía y la Agencia de Protección de Datos, que tendrán que analizar algunos puntos ciegos que han quedado sin explicar.
Octubre 2024: ¿cómo se descubre el espionaje?
El 16 de octubre de 2024, el director del Departamento de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Senado, Manuel Pereira, remitió un escrito a la secretaria general y máxima autoridad administrativa de la Cámara, Sara Siera. El documento arranca: “Recientemente he tenido conocimiento de que dos personas (…) han accedido a información confidencial”.
La carta no explica cómo tuvo conocimiento de las acciones que habían cometido los dos empleados, pero sí el método que usaron para acceder de forma ilegítima a “información confidencial”, siempre según el escrito de su superior: a través de los “portafirmas”, una aplicación que permite a los senadores y al personal firmar documentos desde sus ordenadores y al que los técnicos pueden acceder bajo petición o permiso de los propietarios si así hiciera falta.
“Mucha de la información relevante se alberga en esta herramienta”, apunta Pereira, quien puntualiza: “Desconozco si utilizando el acceso a información confidencial, han podido realizar en el pasado otro tipo de acciones similares o pueden hacerlo en el futuro”.
El inicio de las infiltraciones: marzo de 2024
El responsable de informática del Senado revela en su escrito que, tras hacer “indagaciones” recopiló “constancia fehaciente y con pruebas irrefutables de que ambas personas han accedido frecuentemente al menos desde el mes de marzo de 2024 al portafirmas electrónico de distintos altos cargos de la Secretaría General del Senado, y han consultado documentación confidencial de tipo administrativo relativa a diversos ámbitos y personas concretas”.
La clave de este párrafo está en la fecha del inicio del espionaje, marzo de 2024. Siete meses antes de ser descubiertos. Además, el alto cargo dice que las víctimas son personal del Senado y no parlamentarios. Una información que luego será desmentida y vuelta a ratificar.
El motivo oficial del espionaje: una promoción laboral
La secretaria general del Senado ordenó abrir un expediente disciplinario que dio como lugar a un segundo informe con el “pliego de cargos” que recoge las pruebas recopiladas contra ambos trabajadores.
Los dos informáticos forman parte de la plantilla del Senado como personal laboral, es decir sin puesto fijo. No son funcionarios ni han aprobado unas oposiciones en las Cortes Generales. Ambos se habían postulado a un proceso interno de promoción para ascender a un cargo de responsabilidad. Un concurso de méritos que se hizo público en septiembre de 2024.
La fecha es importante porque la tesis que ha sostenido el Senado tanto durante la instrucción secreta del expediente como cuando se hizo pública fue que los accesos indebidos a “información confidencial” se producen en el ansia de los trabajadores despedidos por garantizarse el ascenso al menos para uno de ellos.
Al concurso se presentaron otras dos personas y, según el instructor del expediente, el proceso fue “convulso desde el momento de su convocatoria”, con “presiones al director de Tecnología” y la intervención del Comité de Empresa del Senado. En ese marco se habría producido la revelación del acceso ilegítimo a los portafirmas.
La tesis central del expediente sancionador es que uno de los integrantes de la pareja accedía a la información confidencial para investigar a los otros dos aspirantes e intentar maniobrar para obtener más puntos. Es decir, obtener ventaja para ascender.
Primer punto ciego: las fechas no concuerdan
El problema de la tesis que sostiene el instructor es que las fechas no concuerdan. El director de Tecnología dijo haber detectado accesos ilegítimos de ambos trabajadores desde marzo de 2024, pero el concurso se convocó en septiembre. Incluso aunque en el seno de la Cámara se supiera que se iba a poner en marcha el proceso, algo habitual, los méritos no se hubieran tenido que aportar hasta después de la convocatoria oficial.
Un decalaje que no se explica en ninguna de las decenas de páginas que integran los documentos consultados y que, a preguntas de elDiario.es, nadie de la Cámara ha logrado responder.
Segundo punto ciego: un concurso preamañado
Los informes no explican cuál sería exactamente la ventaja competitiva que podrían lograr los dos trabajadores despedidos, plenamente conscientes de que era prácticamente imposible que perdieran el ascenso, tal y como reconoce expresamente el instructor del expediente sancionador, quien deja escrito que los otros dos candidatos tenían “escasas posibilidades de ganar”.
Según se documenta, los dos informáticos despedidos tenían más antigüedad que los otros dos trabajadores que se habían postulado, lo que hacía prácticamente imposible que perdieran. Pero, además, habían pactado una suerte de preamaño, según ellos mismos reconocieron en un intento de rebajar la gravedad de sus actos.
Uno de los dos ya ocupaba un cargo de responsabilidad en el Senado y era el más veterano de los cuatro, por lo que tenía asegurado ocupar el primer puesto en el concurso. El plan era retirarse y dejar paso a su cónyuge, que ocuparía la segunda plaza. Si por algún imprevisto los otros aspirantes escalaban hasta el segundo puesto, el primer cónyuge se haría con la plaza.
Para asegurarse de que este sería el orden del concurso, o anticiparse a un cambio, se hicieron las infiltraciones, según la investigación. Así lo asumen los propios trabajadores al final del proceso, pero en un primer momento alegó uno de ellos, el que parece llevar la iniciativa, que “no tendría sentido que tratase de favorecer que su cónyuge” ganase el concurso ya que “lo podría haber conseguido no presentándose al concurso”.
El instructor sostiene que hubo “preocupación de que pudieran conocer los documentos integrantes del concurso en curso”, pese a que los accesos se habían iniciado con meses de antelación. Además, y según las fuentes consultadas, no había examen, solo concurso de méritos.
Cuando fueron descubiertos, los dos trabajadores plantearon retirarse del proceso interno a cambio de que se olvidara el asunto. Pero la investigación ya estaba en marcha.
Tercer punto ciego: sin indicios definitivos sobre el motivo
Pese a la prolija investigación, el instructor asegura en varios puntos del expediente que aunque los accesos estarían “relacionados casi en su totalidad” con la resolución del concurso de méritos para ascender, no todos lo están.
“No se pretende afirmar que esa fuese la voluntad del inculpado, sino exponer por qué las sospechas resultaban absolutamente lógicas y justificadas”, deja escrito el letrado del Senado que firma la resolución.
“A pesar de existir numerosos indicios”, asegura el instructor en el punto 10 de los hechos probados, de que efectivamente la intención de la pareja era obtener ventaja en el proceso interno, “no resultan suficientes para concluir cuál era la intención con la que se condujeron”.
“Son conjeturas” que “no resultan suficientes para considerar cierta la voluntad dolosa de los inculpados de influir en el resultado del concurso”, apunta el instructor que, sin embargo, sí asume que los accesos fueron indebidos. Es decir, los dos informáticos se infiltraron donde no debían, aunque no está claro el motivo.
Senadores afectados, ¿sí o no?
Ha sido quizá el elemento más polémico del caso porque en un primer momento el Senado informó de que sí, se habían vulnerado equipos de senadores. Así figuraba en el primer comunicado emitido por la Cámara el 21 de mayo, cuando la secretaria general, Sara Siera, informó del asunto a los miembros de la Mesa del Senado, con excepción del presidente que ya estaba advertido.
El comunicado se limita a repetir una información recogida en una de las resoluciones de despido, donde se asegura que los dos ya extrabajadores cometieron “accesos indebidos (…) a los portaformas de determinados trabajadores, funcionarios y cargos de la Secretaría General -entre ellos, miembros de la Mesa, diversos Senadores y la Letrada Mayor”.
Sin embargo, desde el Senado se ha rectificado este extremo. O se ha intentado. En un posterior comunicado emitido al día siguiente ya se puntualizó que no se había accedido a dispositivos de los parlamentarios.
Y así consta también en el último documento oficial emitido hasta ahora por el Senado. Es de la propia Sara Siera y está fechado el pasado 27 de mayo. Su destino: la Junta de Portavoces. Allí, la letrada mayor asegura que el día 21 “comenzaron a aparecer en distintos medios de comunicación informaciones inexactas, incorrectas e imprecisas (filtraciones masivas, hackeos, espionajes, etc.)” sobre lo ocurrido con los dos informáticos. Pero Siera obvia el comunicado oficial de la Cámara y las resoluciones de despido, que debieron pasar por sus manos.
En todo caso, Siera asegura por escrito a todos los grupos que “no ha existido ningún hackeo de los sistemas informáticos del Senado” que “no ha existido ningún espionaje ni robo de información”, que “nadie ha accedido a los ordenadores personales de los Senadores ni a sus dispositivos personales iPhone/iPad sin su permiso”, que “no ha habido ninguna infiltración masiva en la identidad digital de los Senadores/as” y que “nadie ha utilizado las claves de los Senadores/as”.
En los expedientes del instructor no se menciona expresamente que se haya accedido a los equipos de los senadores, pero en algún momento sí se habla de “personas del Senado” o se refiere que “entre las personas” cuyo portafirmas ha sido usado fuera de los cauces hay “personal” y “funcionarios” o “algo cargos”.
Vía judicial y administrativa
El Senado ha dado por cerrado el asunto, aunque se ha visto obligado a remitir a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos la documentación que obra en su poder ante la petición del PSOE.
Y eso que tanto el instructor como la secretaria mayor insisten en sus respectivos informes que no ha lugar a buscar responsabilidades penales en lo ocurrido o que no se han visto comprometidos datos personales.
Según indica el instructor en su resolución, “el mero acceso no implica delito” ya que no “existe revelación o un uso de secretos o datos, o una intención de vulnerar la intimidad de otras personas”.
