La defensa le dice al juez que la fórmula utilizada por el instituto armado es «completamente errónea e infundada», que carece de «fundamento legal» y que incluso introduce un elemento subjetivo «irracional»
La Casa de Alba maniobra para librar a los Martínez de Irujo y que sólo se impute a un sobrino por sus pozos ilegales
El robo continuo de agua en los nueve pozos ilegales en la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba, habría provocado daños ambientales durante una década que se valoran en una horquilla de entre 6,1 y 6,5 millones de euros. El dato lo aporta la investigación de la Guardia Civil, cuya labor intenta distorsionar la defensa con un informe crítico remitido al juez que rebaja esta cifra a 570.000 euros, un 91% menos, y con la reivindicación de que en realidad es menor con el argumento de que no puede hablarse de un impacto de diez años.
Las instalaciones irregulares fueron descubiertas y precintadas en una hacienda ubicada en término del municipio sevillano de Aznalcázar, en la misma linde con Doñana. El caso ha dado pie a una investigación judicial por posible delito ambiental, una causa en la que la Fiscalía ha pedido imputar a tres miembros de la Casa de Alba, solicitud que el juez no ha atendido hasta la fecha.
La gestora de las tierras (la empresa Eurotécnica Agraria, propiedad de los Martínez de Irujo) reconoce que estos bombeos no tenían licencia, pese a lo cual niega que hayan provocado un daño ambiental grave y, ni mucho menos, por el importe que calcula la Guardia Civil. ¿Y en qué se basa para hacer esta afirmación? Pues en la “falta de claridad al desarrollar los cálculos” y que la valoración final es “completamente errónea e infundada”.
El informe de parte llega a acusar al instituto armado de no ajustarse a los criterios con los que se calcula este impacto, utilizando además una fórmula “extremadamente confusa”. El resultado “no sólo carecería de fundamento legal, sino de lógica”.
Beneficio económico ilícito
El contrainforme critica especialmente que los agentes introduzcan el dato no sólo del daño ambiental generado, sino también el del supuesto beneficio económico ilícito obtenido con los pozos sin licencia, que sitúa en alrededor de seis millones de euros. A su juicio, y “desde un punto de vista puramente agronómico”, la introducción de este “elemento subjetivo” para cuantificar un posible daño al acuífero “es irracional”.
Asimismo, defiende que la extracción de aguas subterráneas “se ha ajustado en todo momento a la legalidad”. Eso sí, la defensa admite la posibilidad de un “volumen teórico” de agua no autorizado extraído por encima de los 605.150 metros cúbicos anuales que tiene oficialmente concedidos la hacienda para regar 200 hectáreas de naranjos. Esta cantidad de más sería de 475.000 metros cúbicos, y es esta cifra la que le lleva a cuantificar el daño ambiental causado.
Para ello, se apunta que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (el organismo estatal que ejerce de autoridad del agua) fijó en 2014 –y actualizó en 2023– que el coste a efectos de valoración de daños es de 0,12 euros el metro cúbico. El importe sería por tanto el resultado de multiplicar esta cifra por los 475.000 metros cúbicos al año, que es el “volumen teóricamente no autorizado”, lo que supone 57.000 euros al año y los consiguientes 570.000 euros en una década.
“Sin ajustarse a los criterios”
Es decir, que considera la Guardia Civil ha hecho sus cálculos “sin ajustarse a los criterios de cuantificación del daño”. La horquilla de tiempo también se pone en cuestión por la Casa de Alba, ya que la plantación de cítricos pasó en 2021 de 200 a 146 hectáreas, reduciéndose hasta las 96 en 2023. Por ello, considera que la cifra real sería inferior a la calculada.
En definitiva, la defensa critica que se utilizan “enfoques y presupuestos teóricos (estimaciones y presunciones) completamente ajenos a las características reales de la explotación”. “Ninguna de estas consideraciones tiene relación alguna con los métodos legales y reglamentarios para la valoración de los daños al dominio público hidráulico”, apostilla.
Si el juez tiene en cuenta o no estas consideraciones va a depender, en buena parte, del informe que le ha encargado a la Confederación del Guadalquivir para determinar el impacto que los nueve pozos sin permiso han podido tener en el acuífero del que extraen agua, el Aljarafe Sur. Asimismo, el organismo tiene que analizar las masas de agua y ecosistemas “dependientes, relacionados o asociados”. Mientras tanto, el magistrado ha prorrogado otros seis meses la instrucción, que se prolongará así al menos hasta octubre.
