El procesamiento por fraude fiscal de González Amador, la detención del exsecretario de Estado de Seguridad con Rajoy y la apertura de dos causas penales por muertes en residencias de Madrid coinciden con la convocatoria de una manifestación contra lo que Feijóo denomina «mafia» de Sánchez
La jueza envía a prisión al ‘ex número dos’ de Interior con el PP por la red de ciberataques vinculada al ‘hacker’ Alcasec
El lema con el que el PP se manifestará contra el Gobierno el próximo 8 de junio es “mafia o democracia”. Alberto Núñez Feijóo lo anunció el jueves al calor de las revelaciones sobre la militante socialista Leire Díez y sus maniobras contra la Guardia Civil. Pero prácticamente a la misma hora que el líder del PP convocaba la protesta se hicieron públicas varias decisiones judiciales que ponen el foco sobre su propio partido y trastocan esa supuesta lucha contra la corrupción: el encarcelamiento preventivo de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad con Mariano Rajoy, el procesamiento de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal y la imputación inédita de altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid por la muerte de ancianos en residencias durante la pandemia.
“En fin, esto es la mafia”, dijo esta semana la presidenta regional madrileña, que siguió el camino que Miguel Tellado, portavoz del partido, había marcado el miércoles en el Congreso al referirse al PSOE como “organización criminal”. El discurso está en la línea del exhibido por el PP durante la investigación judicial del ‘caso Koldo’ contra José Luis Ábalos y ahora ha subido varias octavas con la publicación de grabaciones en las que Leire Díez, militante y exconcejala socialista, buscaba pruebas de corrupción policial y ofrecía tratos judiciales y puestos a empresarios y guardias civiles imputados a cambio de, según afirmaba, revelar información comprometida de altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Mientras los socialistas dejan dormir la polémica con un expediente informativo y Vox apoyó una poco concurrida manifestación frente a la Moncloa en la misma tarde del jueves, Alberto Núñez Feijóo anunció el jueves que sacará a su militancia a la calle el próximo 8 de junio para protestar contra lo que define como “mafia”.
El anuncio de Feijóo coincidió en el tiempo con varias resoluciones judiciales que han devuelto al PP a su relación habitual con los tribunales: como parte bajo sospecha. Este jueves la Audiencia Nacional envió a prisión a Francisco Martínez, nombre conocido para los jueces de este organismo. Secretario de Estado de Seguridad con Mariano Rajoy, es uno de los altos cargos de Interior que se sentará en el banquillo por formar parte de la ‘operación Kitchen‘, el supuesto entramado policial y político bajo la batuta del ministro del PP Jorge Fernández Díaz para controlar y destruir pruebas comprometedoras para el partido usando medios policiales y con la colaboración del entonces comisario José Manuel Villarejo.
En esa causa, Martínez se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por parte de Anticorrupción. Los investigadores le atribuyen un papel protagonista en el entramado policial corrupto que, supuestamente, puso los recursos de la Policía Nacional al servicio de los intereses judiciales y políticos del PP. La segunda causa por la que ahora ha sido detenido y encarcelado está bajo secreto y apunta a su relación con el hacker conocido como ‘Alcasec’ y la creación de sociedades y empresas dentro de su entramado.
El líder del PP no se ha referido a esta detención y tampoco al juicio pendiente por la ‘operación Kitchen’, uno de los múltiples procesos judiciales pendientes de sentencia que afectan a su partido tras más de una década de investigaciones, sobre todo en la Audiencia Nacional, pero muchas ya zanjadas con condenas firmes en el Tribunal Supremo.
Las residencias de Madrid
La subida de tono del PP tras el avance del caso Koldo y las revelaciones sobre las maniobras de Leire Díez también coinciden con un momento judicial delicado para Isabel Díaz Ayuso y su Comunidad de Madrid. Dos juzgados distintos, uno de la capital y otro de la localidad de Leganés, han abierto sendas investigaciones penales por la muerte de ancianos en residencias de la región durante la pandemia. Por primera vez en un lustro, los jueces han entendido que varios altos cargos de su administración deben comparecer como investigados y no como testigos, como había sucedido hasta el momento en otras diligencias que han terminado archivadas.
La muerte de miles de ancianos en residencias de la Comunidad durante la pandemia de coronavirus y los protocolos de no derivación señalados continuamente por las familias son uno de los puntos más tensos del día a día político y judicial del PP madrileño y su presidenta. Más ahora que Carlos Mur, su entonces director de coordinación sociosanitaria y firmante y defensor de esos protocolos, ha sido imputado en dos causas judiciales distintas: en una está pendiente de ser citado y en la otra tiene que declarar a mediados del próximo mes de junio.
En la misma semana en la que Ayuso ha calificado de “mafia” al Ejecutivo central por los audios que desvelan las maniobras de la militante socialista Leire Díez, ha denunciado estar siendo víctima de una “operación de Estado” contra ella por la apertura de estas causas apuntando a la Fiscalía, que ha apoyado la reapertura de los procedimientos.
Ayuso, este jueves, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid.
El otro sobresalto judicial que ha coincidido con la escalada dialéctica del PP también tiene que ver con Isabel Díaz Ayuso: el procesamiento de su pareja por fraude fiscal y falsedad documental. La magistrada que lleva más de un año investigando a Alberto González Amador entiende que hay pruebas suficientes para juzgarle por usar facturas falsas para reducir drásticamente su factura del impuesto de sociedades entre 2020 y 2021, los años en los que ganó varios millones de euros como comisionista en operaciones de compraventa de mascarillas.
Ese auto avala la inspección de Hacienda que le llevó primero a la Fiscalía y después al juzgado y rechaza, en la práctica, las alegaciones que Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, llevan esgrimiendo desde el principio: que todo el proceso es una “persecución” contra su pareja para perjudicar la carrera política de la presidenta madrileña. Por el momento ni las asociaciones judiciales o fiscales ni el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal han salido al paso de estas acusaciones de Ayuso contra la investigación penal a su pareja.
La convocatoria de una manifestación contra la “mafia” por parte del PP coincide con otro anuncio, este de carácter político y a medio gas, por parte de Alberto Núñez Feijóo: amagó con una moción de censura que saque a Pedro Sánchez y el PSOE de la Moncloa. Pero los aliados para poder ganarla –entre ellos, PNV y Junts, que son socios del Gobierno progresista– no han aparecido, lo que rápidamente ha llevado al PP a justificar que finalmente no se vaya a presentar.
La última moción de censura que prosperó fue la que planteó el PSOE para desalojar a Mariano Rajoy el PP del Gobierno. El detonante del movimiento parlamentario fue la sentencia de la Audiencia Nacional que no calificó como “mafia” pero sí como “asociación ilícita” la relación simbiótica entre el PP y la trama Gürtel, hasta el punto de condenar al partido por financiarse con varios cientos de miles de euros del entramado corrupto en algunos de sus feudos en Madrid. El rastro de sentencias firmes del caso deja cientos de años de cárcel en condenas, antiguos cargos públicos y orgánicos del PP sancionados con prisión y comisiones y contratos millonarios amañados y adjudicados allí donde gobernaban.
