El juez que investiga un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2020 y 2024 menciona, por primera vez, a José Antonio Miranda, director de Gestión Económica del SAS desde 2019 hasta su cese en marzo. Miranda rebatió, sin éxito, todos los informes de los interventores contrarios a los contratos a dedo
El juez pide al Gobierno andaluz todos los correos que envió a las clínicas privadas beneficiarias de los contratos a dedo
El pasado 21 de mayo se produjo un punto de inflexión en la causa que investiga los contratos de emergencia (a dedo) del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2020 y 2024. Hasta entonces, el juez instructor sólo había mencionado tres nombres propios, los tres últimos gerentes del SAS imputados por un supuesto delito de prevaricación: Valle García, responsable actual, y sus predecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.
La última providencia del juez José Antonio Gómez Díez, fechada hace dos semanas, ha redimensionado la causa y arroja pistas de hacia dónde conduce su investigación una vez analizados los primeros expedientes: el magistrado menciona por primera vez, con nombres y apellidos, al Director General de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, responsable directo de la contabilidad en la sanidad andaluza desde 2019, cuando se forma el primer Gobierno de Juan Manuel Moreno, hasta su cese, el pasado marzo, poco después de que el juez rechazara archivar la causa.
Miranda, veterano diputado del PP andaluz durante los años de gobierno socialistas, ha dirigido la política presupuestaria del SAS durante los últimos cinco años, marcados por la pandemia de Covid-19 y por el colapso de las listas de espera de pacientes para operarse. En ese periodo, de 2020 al día de hoy, el SAS ha primado la contratación a dedo con la sanidad privada en todas sus fórmulas posibles: contratos de emergencia, contratos menores (concatenados) y contratos negociados sin publicidad.
Muchos de esas adjudicaciones a dedo de cuantías millonarias a empresas privadas han sido reiteradamente censuradas en sus informes por los interventores del SAS. Miranda aparece en la memoria económica de todos esos contratos con clínicas privadas -justificando las prórrogas y ampliaciones de presupuesto hasta, al menos, mayo de 2024- y aparece, también, en las alegaciones a los informes desfavorales de los interventores, que rechazan sus argumentos por considerarlos “juicios de valor”.
El incumplimiento reiterado de las recomendaciones de los auditores al SAS motivó un informe de actuación de la interventora general de la Junta de Andalucía (posteriormente cesada), una llamada de alerta a la Consejería de Hacienda ante un aparente ilícito contable. Todos esos informes de los interventores del SAS forman parte de la instrucción judicial por los contratos sanitarios de emergencia, en la que están imputados los tres gerentes.
Miranda no está imputado ni el juez le ha citado como testigo, pero en su última providencia reclama el “expediente completo” de las obras de “terminación” del antiguo Hospital Militar de Sevilla, del que el Gobierno de Moreno ha hecho gala ante la “desidia de los anteriores gobiernos socialistas”, y el informe de verificación de gastos con fondos europeos firmado por el propio exdirector general de Gestión Económica del SAS.
Los auditores ya tumbaron las alegaciones de Miranda cuando intentó justificar como urgente el uso de un contrato de emergencia para una obra “programada para 13 meses” y con un sobrecoste de 18 millones de euros. En su informe “desfavorable”, la Intervención del SAS calificó de “incongruente” hablar de emergencia cuando el propio expediente de gasto firmado por Miranda hablaba de una “previsión” de “larga duración”. Ese informe termina concluyendo que la Junta “conculcó” la Ley de Contratos Públicos. Ahora el juez quiere estudiar lo mismo que ya analizaron los auditores.
Hasta su destitución, hace dos meses, Miranda sobrevivió al cese de dos concejeros de Salud -Jesús Aguirre y Catalina García-, dos gerentes del SAS -Guzmán y Vargas- y una docena de altos cargos en el departamento con el presupuesto más abultado de la Junta de Andalucía. Su periodo está marcado inevitablemente por la pandemia, por el volumen creciente de las listas de espera de pacientes, por el deterioro de la Atención Primaria y la decisión -mantenida en el tiempo casi cinco años- de desviar fondos millonarios a la sanidad privada, a través de contratos a dedo sin control previo ni publicidad ni concurrencia competitiva.
Estos últimos son los que desembocan en la causa judicial de los contratos de emergencia -que investiga un juez de Sevilla- y del fraccionamiento masivo de contratos menores del SAS, bajo la mirada de una jueza en Cádiz. Si los procedimientos de contratación de urgencia se autorizaron para “salvar vidas” tras la pandemia y pudo haber “irregularidades adminitrativas”, como sostiene Moreno, o si se diseñó el sistema para favorecer a ciertos hospitales privados, como denuncia el PSOE, es algo ahora se está reinterpretando desde una perspectiva jurídica.
José Antonio Miranda, en la toma de posesión como director general de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud, ante la exconsejera del ramo, Catalina García.
Instrucción a pasos cortos
Hasta el pasado 21 de mayo, la instrucción de los contratos de emergencia se encontraba en una fase muy preliminar. Es cierto que la apertura de diligencias derivó, casi de inmediato, en la imputación de los tres últimos gerentes del SAS, y que el primer instructor, el juez Javier Santamaría, se negó a archivar la causa, como le pedían los tres gerentes imputados, al existir suficientes indicios delictivos.
También es cierto que tanto Santamaría como su sucesor, el juez José Antonio Gómez Díez, cortaron de raíz los dos intentos del PSOE por plantear una “causa general” contra todo el sistema de contratación del SAS desde el estallido de la pandemia hasta la actualidad.
Los socialistas, personados como acusación popular, defendieron ante ambos jueces que el modus operandi del SAS era el mismo en las ocho provincias andaluzas: “Una conducta mantenida en el tiempo, en todo el ámbito geográfico, que movilizó cientos de millones de euros de recursos presupuestarios durante al menos tres ejercicios, obviamente no pudo ser decidida ni sostenida en solitario por los Directores Gerentes del SAS. Es evidente que altísimas instancias del Gobierno andaluz habrían tenido, presuntamente, el necesario conocimiento expreso y prestado la obvia aquiescencia que integraría la autoría o una coparticipación como colaboración necesaria”, dejaron escrito en su querella criminal. Pero los magistrados echaron el freno y llamaron a la calma.
La instrucción judicial avanza a pasos cortos, porque el volumen de documentos recabados al SAS y a la Intervención General de la Junta es ingente, y porque la maraña de procedimientos administrativos es complejísima y aún es pronto para discernir qué era irregular (o presuntamente ilegal) en la contratación de emergencia, que es una fórmula regulada en la Ley de Contratos del Sector Público, pero sólo para casos excepcionales, de imperiosa urgencia y muy justificados.
Pero en la última providencia del juez se intuye “un mayor grado de concreción sobre lo que busca”, admiten fuentes del SAS. Se reclama tanto a la Consejería de Salud como a sus interventores otra montaña de papeles: informes jurídicos, auditorías internas, expedientes de contratación, prórrogas, adendas, facturas, correos electrónicos con las clínicas privadas beneficiarias de la adjudicación a dedo. La mayoría de los documentos ya formaban parte de la instrucción, porque los había pedido el anterior magistrado y la Fiscalía Anticorrupción.
Pero hay dos novedades: en primer lugar, el juez pide al SAS que le remita toda la documentación “en soporte digital de forma ordenada, unificada y diferenciada” por contratos y proveedor, “desde el primer momento en que dicho contrato despliegue sus efectos hasta su extinción”.
El magistrado y el fiscal tratan de exprimir cada expediente, comprobar el perfil de las clínicas -“solvencia y capacidad”-, comparar unas con otras, el presupuesto que se les adjudicó, “la fijación de precios y las facturas”, y la persona designada en el SAS para validar el contrato y, posteriormente, acreditar que la prestación contratada se efectó en los términos acordados. En definitiva, “toda la vida de cada contrato, con toda la documentación obrante al respecto”.
La solicitud del magistrado ha “desbordado” a los actuales trabajadores del SAS, no por la documentación que reclama, sino precisamente por “la disposición cronológica y el orden” de los papeles que exige el juez para entender cómo se gestó y ejecutó cada contrato a dedo, y si las clínicas hicieron aquello para lo que les habían pagado.
En segundo lugar, el juez reclama a la Intervención General de la Junta expedientes de fiscalización de los contratos de emergencia durante un periodo muy concreto: entre el 23 de junio y el 6 de octubre de 2020. Esta última fecha marca un punto de inflexión, porque ese día el Consejo de Gobierno aprobó modificar el sistema de control específico para este tipo de contratos, pasando de la fiscalización previa, al llamado “control financiero permanente”, esto es, a posteriori.
Ese acuerdo encabeza todos los informes desfavorables de los auditores del SAS contra los contratos de emergencia, y el juez trata de clarificar si esa decisión, aprobada en la más alta instancia del Ejecutivo de Moreno, jugó un papel determinante en las supuestas irregularidades detectadas en la contratación a dedo con clínicas privadas, a la espera de saber si son o no constitutivas de un delito penal.
