La Audiencia Provincial de Balears tumba el recurso que Gabriel Le Senne interpuso en enero para reclamar su exoneración, petición que apoyó la Fiscalía. Los afectados y las acusaciones populares reclaman para él hasta cuatro años de cárcel y hasta 11 años de inhabilitación
Las acusaciones piden hasta cuatro años de cárcel para el ultra Le Senne por romper la foto de una víctima de Franco
Ya es definitivo. El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), se sentará en el banquillo de los acusados después de que la Audiencia Provincial de Balears haya rechazado, mediante un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el recurso que interpuso en enero para solicitar su exoneración. El dirigente ultra será juzgado por un delito de odio por romper, el 18 de junio del año pasado, una fotografía de tres víctimas del franquismo mientras se debatía la derogación de la Ley balear de memoria democrática. Los hechos provocaron una oleada de indignación dentro y fuera de Balears, con peticiones de dimisión que Le Senne nunca ha atendido. El Govern de Marga Prohens (PP) tampoco le ha forzado a abandonar el cargo.
En concreto, los querellantes y las acusaciones populares personadas en la causa reclaman para él desde un año y cuatro meses hasta cuatro años de cárcel, así como hasta 11 años de inhabilitación. La Fiscalía y el propio inculpado, por su parte, piden el archivo de la causa al alegar que actuó en el ejercicio de sus funciones para preservar la neutralidad institucional y el pluralismo político.
Pese a que el juez que instruyó el caso dictó en febrero el auto de apertura de juicio oral y de que éste era firme, la Audiencia Provincial debía pronunciarse aún sobre el recurso que presentó Le Senne para impugnar la resolución con la que, el 27 de enero, el magistrado decretó que el procedimiento continuase adelante al considerar que su gesto lesionó “la dignidad de esas personas y sus familiares y de los partidos políticos de que eran militantes, y acredita la clara intención de humillarlos”. La sola admisión de este recurso habría impedido que el presidente del Parlament se sentase finalmente en el banquillo.
Se trata del segundo presidente de la Cámara balear que se sentará en el banquillo, después de que Maria Antònia Munar, histórica dirigente de la extinta y ahora resucitada Unió Mallorquina (UM), fuese juzgada hasta en seis ocasiones por varios de los casos de corrupción más sonoros de la historia de Balears y acabara acumulando -y cumpliendo- condenas que sumaban 14 años y medio de cárcel.
Sin embargo, a diferencia de Le Senne, Munar anunció su dimisión como segunda autoridad de las islas y el abandono de la vida política antes de llegar a juicio, al igual que Pere Rotger (PP), quien dejó su cargo tras ser imputado en la ramificación balear del caso Gürtel, más conocida como caso Over Marketing. Rotger no llegó a sentarse en el banquillo dado que el juez archivó finalmente su encausamiento.
Hasta el momento, el dirigente de Vox ha defendido su inocencia, utilizando para ello los canales oficiales del Parlament, y ha manifestado su “voluntad de colaborar con la Justicia en el acto del juicio para despejar toda duda” de que “no cometió ningún delito”. “Aquel 18 de junio actuó únicamente en aplicación del reglamento y sin ninguna intención de humillar a nadie”, aseveraba en un comunicado oficial en febrero, a pesar de que los propios letrados de la Cámara censuraron su comportamiento.
La entidad Memòria de Mallorca -en unión con los descendientes de la republicana Aurora Picornell y de las activistas Maria y Antònia Pascual, quienes figuraban en la fotografía- solicita para Le Senne 20 meses de prisión; Colectivo Aurora reclama un año y cuatro meses de cárcel, 11 años de inhabilitación para cargo público y 30.000 euros de multa, mientras que el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) pide hasta cuatro años de cárcel, otros cuatro de inhabilitación, 13.000 euros de multa. Éste último también pedía que Vox fuese llamado a juicio como responsable civil subsidiario, un extremo que, sin embargo, el juez instructor rechazó.
En el auto con el que el juez decretó a finales de enero el pase de la causa a procedimiento abreviado -previo a la apertura de juicio oral-, subrayaba que “el ataque llevado a cabo por el investigado con sus actos revela un odio evidente hacia la ideología de las personas que estaban representadas en esas imágenes, causando un evidente daño moral a la memoria de las ‘Rojas del Molinar‘ [como se conoce popularmente a las tres mujeres asesinadas]”. Añadía, además, que “todo ello no puede descontextualizarse del signo político del partido al que pertenece el señor Le Senne, Vox, que, como se acredita con las documentales aportadas con las diferentes querellas y denuncias, nunca condenó el régimen franquista”.
Por su parte, la Fiscalía, que se ha pronunciado en varias ocasiones para apoyar el archivo de la causa, asevera que, teniendo en cuenta el contexto, las imágenes del pleno y las declaraciones de los testigos, no queda acreditado, con las exigencias propias del derecho penal, el dolo que llevaría a hablar de un delito de odio, concretado, en este caso, en la voluntad de lesionar la dignidad y la memoria de las mujeres víctimas de la represión franquista. Tampoco aprecia en los hechos motivación discriminatoria. El fiscal sí apunta a la existencia de un “acto colérico” de mala praxis y “formas sin duda incorrectas” por parte del investigado, que tendrían más que ver con una reacción fuera de lugar que expresaba “su fuerte enojo” ante la negativa, por parte de las diputadas socialistas Mercedes Garrido [en la tapa de cuyo ordenador figuraba la fotografía] y Pilar Costa de retirar la imagen.
Durante la declaración que prestó el pasado 27 de septiembre en calidad de investigado, Le Senne se aferró a los mismos alegatos que hasta ese momento había esgrimido públicamente: que el episodio fue “accidental” y que éste tuvo lugar después de que Garrido se negara a retirar el retrato, lo que, en opinión del presidente, contradice la neutralidad requerida en la Mesa del Parlament. Al ser preguntado por la Fiscalía sobre si con una fotografía de Franco habría hecho lo mismo, el máximo representante de la Cámara autonómica respondió que sí. El parlamentario se negó a responder a las acusaciones particulares, pero sí lo hizo a preguntas del Ministerio Público, de su abogado y del juez.
